Artículo publicado en Revista Digital CEMCI nº 45: ‘La importancia de incorporar la planificación estratégica en las entidades locales’. Patricia MOLINA HERNÁNDEZ

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Artículo publicado en Revista Digital CEMCI nº 45. ‘Derecho Constitucional de Excepción: Teología política en la crisis del coronavirus’. Manuel JARAMILLO FERNÁNDEZ

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Artículo publicado en Revista CEMCI nº 45 ‘Actuaciones de la hacienda local en 2020’. JOSÉ MANUEL FARFÁN PÉREZ

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Artículo publicado en Revista CEMCI Nº 45. ‘El proceso de mejora continua local’. FERNANDO CASTRO ABELLA

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ENTREVISTA A JAIME PINTOS SANTIAGO

CURSO: CONTRATOS TÍPICOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS 9/2017

(III EDICIÓN)

JAIME PINTOS SANTIAGO

 ‘…son muchos los retos que se nos plantean en lo que en el corto plazo podríamos llamar “la era postCOVID de la contratación pública”.’

 ‘…mi apuesta es por un modelo que defina claramente una estrategia nacional de contratación pública electrónica, en el que mi opinión tiene que jugar un papel trascendental la colaboración público-privada…’

 ‘…Contratación pública estratégica, social y medioambiental, apostando por una decidida localización de la economía…’

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  1. Es la III edición de este curso, pero el escenario, de una manera imprevista para todos se ha visto modificado de un día para otro ¿Que ha supuesto para usted dirigir un curso para nuestros empleados públicos locales en estas circunstancias?

Pues un aliciente, qué duda cabe. Soy de la opinión que no tenemos que parar, si paramos nuestra actividad productiva e intelectual, sería una forma más de que el virus nos venciera. Debemos resistir y mantenernos activos, pese a que veces nos cueste.

  1. El Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de abril de 2020 ha publicado la Comunicación Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. Es una guía a través de la cual se pretende ofrecer “soluciones rápidas e inteligentes” para la adquisición de los bienes, servicios y obras necesarios para hacer frente a la crisis del COVID-19.   Como experto en derecho europeo y contratación pública ¿Podría explicarnos brevemente cómo estas recomendaciones tienen implicación en el Derecho español?

En mi opinión ha supuesto un reforzamiento de la doctrina vinculante que ya se aplicaba en España, dictada al respecto del contrato de emergencia tanto por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado como por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el sentido de qué refuerza la idea de aplicación escalada de los procedimientos hasta llegar a los motivos que permiten la adjudicación directa a la que la Comisión se refiere, que sería el equiparable para estos a nuestro contrato de emergencia.

  1. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaba la Ley de Contratos era la falta de implantación de la contratación pública electrónica por parte de muchas Administraciones públicas. La situación generada por el Covid-19 ¿puede suponer un revulsivo en este aspecto?

No sólo puede suponer un revulsivo, sino que debería serlo ya (me permito  recordar una obviedad: que hace más de años es obligatoria por Ley bajo consecuencia de nulidad de pleno derecho del expediente administrativo). Precisamente la contratación pública electrónica era uno más de los distintos puntos débiles en la aplicación de la nueva LCSP 2017, ocurre que era un importante punto débil como se ha demostrado precisamente ahora en esta situación de crisis, en la que nuestro  volumen de contratación ha caído por encima de lo que lo ha hecho en nuestro país vecino, Portugal, en el que la contratación pública electrónica goza de lo que podríamos llamar plena implantación.

Ocurre que a esta situación y a lo que debería ser un objetivo inmediato para hacer frente a una posible nueva oleada del COVID19 no ayudan fundamentos como los recogidos en el número cinco de la Resolución, nº 415/2020, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Sin necesidad de entrar a valorar el mismo y otros similares, como ya he hecho en anteriores ocasiones mi apuesta es por un modelo que defina claramente una estrategia nacional de contratación pública electrónica, en el que mi opinión tiene que jugar un papel trascendental la colaboración público-privada. Sin la misma no cabe entender un modelo que llegue a funcionar en el largo plazo de una manera adecuada que llegue a cubrir el conjunto de necesidades que se presentan en la misma.

  1. Al hilo de la pregunta anterior y centrándonos en las EELL ¿Cómo cree que este nuevo escenario puede afectar a los Ayuntamientos y a los contratos que están llevando a cabo?

Bueno, son muchos los retos que se nos plantean en lo que en el corto plazo podríamos llamar “la era postCOVID de la contratación pública”. Digamos que sin extendernos suficientemente no se pueden explicar ni motivar debidamente, pero es claro que al reto de sumar la contratación electrónica, habría que sumar otros retos importantes (actuales deficiencias también de nuestro sistema de compra pública), aumento del uso de los sistemas de racionalización de la compra pública, repensado y redistribución de las posibilidades de compra pública del conjunto de poderes adjudicadores actuales, esto es, una nueva planta de compra pública en la que las centrales de compra adquirieran de manera coordinada un papel destacado, etc. En fin, como decía pronunciamiento demasiado trascendentales que requieren de una extensa y densa explicación que no ha lugar en una entrevista como esta.

  1. ¿Pueden ser los ayuntamientos una herramienta eficaz a través de sus contratos de la reactivación de la economía? ¿Cómo deben actuar entonces?

Por supuesto que sí, incluso en muchos casos el principal motor. Pero es más, no sólo los ayuntamientos, no debemos olvidar el papel que debieran jugar en todo esto que comentamos las Diputaciones Provinciales, Forales, Cabildos… Su participación es imprescindible. ¿Cómo? Contratación pública estratégica, social y medioambiental, apostando por una decidida localización de la economía.

  1. ¿Considera necesaria alguna modificación urgente de la Ley 9/2017 de contratos del Sector público ante el nuevo panorama económico?

Unas cuantas, pero si tengo que elegir una inmediata apuesto por la simplificación procedimental como herramienta de lucha contra el virus. La actual regulación se ha mostrado ineficaz en tiempos de pandemia, que recordemos se puede volver a repetir en el corto plazo hasta que se encuentre la solución médica, por ello me parece tan importante. Ineficacia que ha llevado a la declaración ex lege del procedimiento de emergencia como recurso casi único para hacer frente a la situación que vivimos.

También sería una prioridad importante el establecimiento de un sistema de gobernanza de la contratación pública eficaz y eficiente, el actualmente diseñado se ha mostrado prácticamente inservible en la actual pandemia.

  1. Una cuestión no menos importante ¿Qué hay de la transparencia en la contratación en estos momentos convulsos?

La transparencia no se ha visto afectada por ninguna norma derivada del estado de alarma, es decir, no se puede decir que haya sido modificado su régimen jurídico, o eso creo y por tanto afirmo. La transparencia, sobre la que he escrito ya en reiteradas ocasiones, se sitúa como el principal general del Derecho transversal a todos los demás y al conjunto del ordenamiento jurídico.

Si es importante siempre, en tiempos de crisis todavía más, resulta imprescindible. Porque no sólo debe ser entendida en el sentido del control que permite realizar, sino también desde el punto de vista constructivo de analizar si las decisiones que se están tomando son las más correctas y adecuadas al momento en cuestión, pudiendo de ese modo contribuir a mejorarlas. Si la transparencia desaparece esas posibilidades también lo hacen y en democracia los ciudadanos no pueden ni deben ser meros espectadores.

        8. Sabedores de la importancia que tiene la formación en tiempos de cambios:    ¿Cómo valora el trabajo del CEMCI como apoyo formativo de nuestras Entidades Locales?

Ya son años por mi parte colaborando con el CEMCI, muy a gusto por cierto, y puedo afirmar que del conjunto de mi experiencia profesional en el ámbito de la formación los servicios que ofrece el CEMCI se sitúan en un muy elevado grado de actualidad, calidad y atención al alumnado y profesorado.

Quiero aprovechar también esta última pregunta para agradecer esta inesperada entrevista y felicitarles asimismo por esta iniciativa.

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JAIME PINTOS SANTIAGO es Doctor en Derecho. Funcionario de carrera en excedencia de los cuatro Cuerpos o Escalas, actualmente es abogado y Consultor especializado en contratación pública. Director del Título de Especialista en Contratos Públicos de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Como profesor en distintos títulos de postgrado de diferentes universidades y en distintas Escuelas de Administración Pública y también de Escuelas de Negocios, Nacionales e Internacionales, ha impartido como ponente invitado más de un centenar de conferencias y ponencias en eventos nacionales e internacionales, dentro y fuera de España.

Es miembro de distintas publicaciones científicas y de organizaciones nacionales e internacionales sobre contratación pública. Autor, director o coordinador en más de una quincena de monográficos y autor de más de medio centenar publicaciones en revistas jurídicas y editoriales de impacto, tanto de España como de otros países.

Su Tesis doctoral fue la seleccionada en el año 2016 para su publicación por el INAP. En 2019 ha sido galardonado con el Premio al Blog de Oro Jurídico más origianl. Ha sido ponente en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de la LCSP de 2017 y ha participado como Director o miembro del Comité Científico en decenas de Congresos nacionales e internacionales.

www.jaimepintos.com

Twitter: @pintos_jaime

LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/jaime-pintos-santiago/

 

 

 

REVISTA CEMCI Nº 45 ENERO-MARZO 2020

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CEMCI: Actualidad Informativa 180 -15 de abril de 2020

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BOLETIN QUINCENAL CON TODAS LAS NOVEDADES PARA LAS ENTIDADES LOCALES. ¡INFÓRMATE¡

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Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI)

Actualidad Informativa nº 180

15 de abril de 2020

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Entrevista a CAYETANO PRIETO ROMERO.Curso: Las novedades de la Ley 39 y 40/2015.

Entrevista a CAYETANO PRIETO ROMERO

Funcionario de carrera, abogado y autor de http://www.calidadnormativa.es

CURSO: Las novedades de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la  Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (IV edición)

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Nos encontramos en un momento sin precedentes, viviendo una situación no imaginada que va a afectar a muchos aspectos de nuestra vida. Finalizado el curso que usted ha dirigido, nos gustaría centrarnos en esta pequeña parcela y conocer su opinión experta acerca de cómo esta nueva situación va a afectar a las Administraciones públicas en general y en concreto a la Administración local, tanto desde el punto de vista jurídico como de gestión:

  1. Previamente nos gustaría saber su opinión de cómo ha sido el desarrollo y aplicación de estas dos leyes desde su aprobación hasta el 14 de marzo, momento en el que se aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma. ¿Cree que ha mejorado la organización interna y las relaciones con el exterior por las Administraciones Públicas y en particular por la Administración Local?

En primer lugar, me gustaría destacar que una de las novedades más relevantes de las Leyes 39 y 40/2015 es la apuesta por la gestión electrónica de los procedimientos administrativos que, aunque iniciada con anterioridad, ambas impulsan y extienden a todos los procedimientos administrativos sin exclusión. Sin duda, el objetivo es extraordinariamente complejo, por lo que la fecha inicial prevista por esas leyes para su cumplimiento, el 1 de octubre de 2018, resultó claramente irrealizable.

Recordemos que ambas leyes entraron en vigor el 2 de octubre de 2016 y que a partir de esa fecha se inició un plazo de vacatio de dos años para la entrada en vigor definitiva de las disposiciones referentes a la tramitación electrónica. Si bien antes de que concluyera esa fecha, se amplió por dos años más, por lo tanto, hasta el próximo 2 de octubre de 2020.

Actualmente, podemos decir que el objetivo se ha cumplido en buena parte, pero solo en algunas Administraciones Públicas, no en todas, y solo en algunos sectores materiales, no en todos. Pues bien, si esto es así en el ámbito de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, más aún en el ámbito de las entidades locales. Es decir, me parece difícil que podamos lograr en un plazo relativamente cercano que la mayor parte de las entidades locales apliquen la tramitación electrónica, por ejemplo, en uno de sus procedimientos más frecuentes como es la gestión de las licencias urbanísticas. Me refiero principalmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes que son los que cuentan con menos medios, muchos de ellos ni tan siquiera tienen una conexión a la red suficientemente potente como para garantizar una comunicación electrónica fluida con el ciudadano, un portal web o una sede electrónica que les permite la gestión electrónica de los procedimientos administrativos, sino tampoco otras obligaciones legales más sencillas, como la gestión de la publicidad activa derivada de la legislación de transparencia.

En definitiva, la nueva fecha de referencia indicada, el próximo 2 de octubre de 2020, me temo que será, otra vez, prorrogado o, en su defecto, incumplido masivamente en el ámbito de las entidades locales.

  1. Y tras esta nueva situación creada por el estado de alama, ¿cómo afectará al desarrollo y aplicación de estas leyes por las EELL?

La declaración del estado de alarma es una situación excepcional y, afortunadamente, temporal o provisional, que ha paralizado en buena parte la actuación de todas las administraciones públicas, no obstante, aún en el supuesto de que el estado de alarma no se hubiese producido creo que tampoco hubiésemos cumplido en el plazo indicado, 2 de octubre de 2020, la obligación de ofrecer la posibilidad de  tramitación electrónica de todos los procedimientos administrativos, por ejemplo, en el caso de las licencias urbanísticas convendría que se hiciera un esfuerzo adicional por su relación directa con la actividad económica. Este mismo problema se plantea en otros ámbitos, por ejemplo, respecto de la obligación de publicidad activa reconocida en la legislación estatal de transparencia de 2013, que todavía no se cumple a día de hoy en muchos municipios pequeños, por la misma causa, la falta de recursos materiales y humanos que les permita dotarse de las herramientas necesarias para ello, es decir, un portal web y una sede electrónica para empezar, más la definición electrónica de cada procedimiento. La carencia de medios en los municipios más pequeños y otros problemas de dirección y gestión pública, son estructurales y, sin duda, cualquier crisis, también la actual, agravará la situación.

Ambas leyes instan a las administraciones públicas a la gestión electrónica y es un objetivo loable, que se cumplirá, pero en un futuro lejano.

Aún más, conviene resaltar que todavía hoy, en 2020, no se ha cumplido otro reto fundamental que es el cumplimiento de los plazos para resolver y notificar las solicitudes de los procedimientos, para lo cual se abordaron diferentes reformas legislativas desde 1992. No sé si existen datos sobre esto, ni tan siquiera si es posible conseguirlos, pero creo que los ciudadanos y las empresas se quejan continuamente de que, por ejemplo, las licencias no se resuelven en el plazo establecido por la ley, el cumplimiento de los plazos es todavía un objetivo fallido, incluso en los grandes ayuntamientos. Sin embargo, este problema no tiene su origen solo en una causa económica, en la falta de recursos, sino también en la falta de eficacia en la gestión.

Por todo ello, la idea de que un ciudadano o una empresa solicite una licencia por medios electrónicos y esta sea resuelta y notificada por el mismo medio en plazo, en todos los casos, es desde mi punto de vista un objetivo indefinido en el tiempo.

En definitiva, estos problemas estructurales de la gestión pública, en particular, la dotación de medios suficientes a las entidades locales, que dificultan el cumplimiento de los plazos, la publicidad activa de la información, la gestión electrónica, etc., vienen siendo denunciados, en algunos casos, desde hace décadas, son conocidos por todos, por lo que el impacto económico de la actual crisis sanitaria demorará, sin duda, la búsqueda de soluciones, salvo las que podemos encontrar si mejoramos los sistemas de dirección y gestión pública.

Un ejemplo actual de esas reivindicaciones la constituye la declaración formulada por la FEMP el pasado día 2 de abril, a la que se suma la de los alcaldes de las sietes ciudades más grandes de España, que reivindica la utilización del superávit del año pasado que asciende a 3.839 millones de euros.

  1. En toda crisis surgen movimientos y cambios repentinos, ¿Ha supuesto el covid 19 un revulsivo para el teletrabajo en la Administración Local, viéndose implantado sin paños calientes, para gestionar la mayoría de las tareas administrativas (no manuales) y para la celebración de sesiones y reuniones?

El teletrabajo actual ha sido una novedad para todo el sector público y también para la mayor parte del sector privado, es decir, era una excepción frente al trabajo presencial, de modo que su puesta en práctica masiva nos permite apreciar sus beneficios, para la organización o la empresa porque se incrementa la productividad y se ahorra en determinados consumos, y para los trabajadores porque cuentan con más flexibilidad para organizar su trabajo y conciliar con su vida familiar. Hemos perdido el miedo a esta nueva forma de trabajo, a las reuniones on line que pueden llegar a ser más efectivas que las presenciales, e incluso a las sesiones electrónicas de los órganos políticos. Ahora bien, también creo que las administraciones no estaban preparadas para esto, por el problema de siempre, la falta de medios, por esto muchas no han podido ofrecer la posibilidad del teletrabajo a todos sus empleados públicos, muchos han tenido que utilizar sus propios medios. No obstante, se trata de una decisión relevante que convendría llevar a la agenda política a fin de proponer un acuerdo general con los representantes de los empleados públicos, que fuere aplicable a todo el sector público estatal, autonómico y local.

  1. En estas leyes se plantean dos tipos de relaciones, las add extra (la administración con el ciudadano) y las add intra (entre administraciones), ¿Cuál es su análisis del futuro de ambas relaciones tras los nuevos acontecimientos?

Sin duda la nueva situación en la que nos coloca la crisis requerirá de esfuerzos enormes tanto en el ámbito administrativo interno como en el de las relaciones externas con los ciudadanos. En este último caso, el estado de alarma ya ha decidido la suspensión del cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos, la interrupción de los plazos de los recursos administrativos contra las resoluciones derivadas de los procedimientos de los que se puedan derivar efectos desfavorables o de gravamen, o en el caso de las subvenciones ya otorgadas se ha acordado la posibilidad de la ampliación de los plazos, etc., y después deberá reanudarse e impulsarse su resolución En el ámbito interno, se ha establecido el teletrabajo cuando ello sea posible. Pero esto es solo el comienzo, la grave crisis económica que nos amenaza exigirá un replanteamiento de la organización, de la dirección pública, de las relaciones interadministrativas, de la formación, de la colaboración público-privada, de la eficacia y de la eficiencia de la actuación administrativa, en definitiva, una revisión completa del modelo de gestión pública actual.

  1. La ley 39/2015 regula los derechos y garantías que corresponden a los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. ¿Cómo se han visto afectados estos derechos del ciudadano en el estado de alarma?

Esta es una pregunta compleja, porque el problema planteado por la crisis sanitaria ha obligado al confinamiento de la población, por lo tanto, los plazos de los procedimientos administrativos, tanto los que afectan a las administraciones públicas, por ejemplo, para realizar los correspondientes trámites, adoptar la resolución y notificarla, como los que afectan a los ciudadanos para la realización de los que les incumben, debían suspenderse, tal y como ha hecho la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma, sin perjuicio de las excepciones que contempla.

Es decir, si los ciudadanos y empleados públicos que sirven en las administraciones públicas, las dos partes de las relaciones jurídico-administrativas, deben permanecer confinadas en sus domicilios, no tiene sentido que los plazos continúen consumiéndose, por eso era importante parar el reloj de su cómputo. Ahora bien, seguramente por razón de la rapidez en la toma de las decisiones, la regulación de dicha suspensión se ha realizado de forma un tanto confusa o desordenada, en concreto, a través de esa disposición y de otras posteriores, por esto conviene prestar atención a este conjunto normativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos y tratar de buscar una interpretación del conjunto favorable para los intereses generales y los derechos de los ciudadanos.

Así, la legislación del estado de alarma contempla una regla general que es la suspensión de los términos y plazos de todos los procedimientos administrativos de todas las administraciones públicas que se reanudarán cuando finalice el estado de alarma, así como varias excepciones en las que no se aplica la suspensión de los plazos (por ejemplo, los plazos de la gestión tributaria) y varios supuestos de suspensión con regímenes especiales (por ejemplo, en las subvenciones ya otorgadas se permite, además, la ampliación de los plazos; en la contratación pública se establecen normas especiales sobre el régimen de suspensión; y en el ámbito de los recursos administrativos para la impugnación de las resoluciones de los procedimientos administrativos de los que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se establece la especialidad de la interrupción -diferente a la suspensión- del plazo, por lo tanto, cuando finalice el estado de alarma el cómputo de los plazos para la interposición de esos recursos administrativos no se reanudan sino que se reinician), todos ellos regulados en normas distintas, algunas de las cuales ni tan siquiera advierten que se trata de una excepción o especialidad respecto de la regla general prevista en la norma que declara el estado de alarma. Estas deficiencias de técnica normativa repercuten sin duda en la seguridad jurídica, por ello convendría aprobar un nuevo texto que refunda todas esas normas, que facilite su comprensión y aplicación.

Podemos tratar de evidenciar la complejidad de estas reglas, con algún ejemplo, así en el caso de que la notificación de la resolución de un procedimiento sancionador (con efectos desfavorables o de gravamen) se hubiere realizado antes del 14 de marzo, los plazos para su impugnación en vía administrativa han quedado interrumpidos, por consiguiente se reiniciarán a partir de la finalización del estado de alarma, salvo que la administración competente haya decidido expresamente su tramitación durante el estado de alarma por algunas de las razones tasadas en la disposición adicional tercera en la redacción dada a la misma por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. Por otra parte, en el caso de que el interesado en un procedimiento considere que de la suspensión del cómputo de los plazos se pueda derivar un perjuicio grave para sus derechos e intereses legítimos podrá solicitar la continuación de su tramitación -ordenación e instrucción-; o bien el interesado puede solicitar dicha continuación cuando así lo considere (por ejemplo, subvenciones, ayudas, licencias).

  1. Otro de los objetivos de esta normativa es reforzar la participación ciudadana. Si el teletrabajo y la atención on line al ciudadano se han visto impuestos de un día para otro ¿Esta situación afectará positiva o negativamente a la participación ciudadana de cara al futuro más inmediato?

En mi opinión son cuestiones compatibles, es decir, el teletrabajo no debe afectar ni repercutir en la participación de los interesados en los procedimientos administrativos, por ejemplo, formulando alegaciones, o de los ciudadanos, por ejemplo, en los trámites de consulta y audiencia e información pública en los procedimientos de elaboración de normas. Es decir, si las dependencias públicas se encuentran operativas para la atención a los ciudadanos podrán hacerlo de forma presencial, en caso contrario, siempre permanece la opción de la participación electrónica que se ofrece a través de los portales de transparencia.

  1. Por último y con relación al curso que ha dirigido, es la cuarta edición, ¿Puede hacernos un pequeño análisis de las diferencias que ha ido encontrando en las diversas ediciones?

Puedo decir que no he encontrado diferencias con ediciones anteriores. Uno de los aspectos que más me satisfacen de la coordinación y participación en este curso es la elevada e interesante participación de los alumnos, lo que permite la plena satisfacción sus objetivos, por otra parte, la plataforma que ofrecéis para ello funciona impecablemente. El hecho de que los participantes en el curso procedan de diferentes ámbitos, en su mayoría de la función pública, pero también del sector privado, cargos públicos, enriquece la participación porque aportan diferentes puntos de vista. Seguramente en la próxima edición que se celebre se podrán evidenciar los diferentes problemas de gestión derivados de la suspensión del cómputo de los plazos y otras medidas relacionadas con la actuación administrativa adoptadas durante el estado de alarma.

  1. ¿Cómo valora el trabajo del CEMCI como apoyo formativo a nuestras Entidades Locales?

Soy un convencido de los beneficios que ofrecen los instrumentos de coordinación y cooperación interadministrativas y de colaboración público-privada, porque favorecen la eficacia de la gestión pública, por lo tanto, benefician al interés general y a los derechos de los ciudadanos y las empresas.

He insistido en la idea de que uno de los problemas endémicos de la gestión pública local es la falta de recursos, principalmente, en los municipios pequeños, por lo tanto, ese déficit tenemos que tratar de cubrirlos, como decía, con esfuerzos adicionales, entre otros, en cooperación y colaboración para la mejora de la gestión, y para ello la formación que ofrecéis desde el CEMCI a los empleados de las entidades locales constituye una herramienta esencial.

La crisis actual nos va a obligar a realizar enormes esfuerzos de mejora de todos los ámbitos de la dirección y gestión pública, por lo tanto, siempre será necesario contar con la formación adecuada para afrontar con solvencia estos nuevos retos, y ahí el CEMCI puede jugar un papel muy destacado.

“Reflexiones: III Edición Curso El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 en el Urbanismo” Por ALBERTO PENSADO SEIJAS

“Reflexiones: III Edición Curso El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 en el Urbanismo”

Por ALBERTO PENSADO SEIJAS

 ‘…la III Edición ha sido muy rica en contenidos, tratando tanto la evolución de aspectos tradicionales, así como el surgimiento de nuevos temas derivados de la actualidad de nuestros días generada desgraciadamente por la incidencia del COVID-19…’

‘Esta nueva situación generada, está provocando y provocará un cambio de paradigma dentro del funcionamiento de los Departamentos de Urbanismo, que tendrán que implementar irremediablemente la administración electrónica, el teletrabajo y todas aquellas medidas que supongan mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y en aras del interés público’.

En esta III Edición del curso, han sido numerosos y variados los temas tratados, por lo que han surgido varias dialécticas, que podemos resumir de la siguiente forma:

a) Aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con la LPAC.

La controversia y resolución fundamental ha versado sobre la aplicación de los artículos 44 y 45 de la LPAC en relación con la DA 7ª de la LO 3/2018, diferenciando cuando estamos ante una notificación infructuosa (art. 44 LPAC) o ante una publicación (ART. 45 LPAC).

En la tramitación de expedientes urbanísticos, fundamentalmente en los expedientes de órdenes de ejecución, resulta de aplicación el citado art. 44 y no el art. 45, ya que, intentada la notificación, ésta no ha podido realizarse; tras los cual la relación de interesados que no han podido ser notificados se producirá mediante la publicación prevalente de su DNI/NIE/Pasaporte. En defecto o carencia de este dato, procederá supletoriamente la identificación mediante el nombre y apellidos del interesado, pero nunca podrá realizarse la publicación de ambos datos.

b) Transparencia y Urbanismo.

Varias han sido las cuestiones en este ámbito sectorial, aclarando los siguientes aspectos:

–           Procedencia de las solicitudes de información que no resulten reiteradas y repetitivas, en cuanto no sea preceptiva su “reelaboración” según el Criterio Interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) CI/007/2015. Es decir, ante por ejemplo la solicitud de información sobre las licencias de obra mayor de un periodo de cinco años, el órgano sólo puede ampliar el plazo de resolución en un mes, pero en modo alguno, en los supuestos de volumen o complejidad de la petición, puede escudarse la Administración en estos supuestos para no resolver o resolver extemporáneamente.

–           Improcedencia de requerir una actuación material, como por ejemplo revisar una licencia de obras, invocando la transparencia.

–           El acceso con carácter general a los informes policiales obrantes en un expediente urbanístico, analizando en concreto la Resolución del CTBG nº 620/2019 de fecha 26.11.2019

c) Incidencias en la tramitación de títulos habilitantes.

Se han tratado supuestos específicos, como la superposición de licencia y comunicación previa, resolviéndose en base a las características diferenciadoras acto administrativo vs acto jurídico de los particulares; o la improcedencia de un recurso de reposición ante una declaración de ineficacia, basándose en una subsanación extemporánea de un requerimiento de documentación.

d) Ámbito sancionador.

Se ha procedido a diferenciar tanto el procedimiento, como los responsables y consecuencias respecto a la restauración de la legalidad urbanística.

Del mismo modo, se ha tratado la “polémica” reducción de sanciones estipulada en el artículo 85.3 de la LPAC, resolviéndose salvo disposición reglamentaria que pueda aumentarla en un 20% por reconocimiento voluntario más otro 20 % por “pronto pago”, resultando un total de un 40 %.

También se trata la posible reducción de la sanción en base al principio de proporcionalidad recogido expresamente en el artículo 29.4 de la Ley 40/2015, amparada con anterioridad por la jurisprudencia (ej.: Sentencia del TSJ Madrid de 27 de mayo de 2009).

e) Reposición de la legalidad.

Han sido tratadas cuestiones específicas como el régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) o el número concreto recomendable y proporcional de multas coercitivas a imponer antes de proceder a la ejecución subsidiaria de la obligación, trayendo a colación ejemplos de Planes de Inspección Urbanísticos de distintos Ayuntamientos.

f) Responsabilidad patrimonial.

El planteamiento de este ámbito, se ha generado a partir de los supuestos más comunes al respecto de la demora y anulación de títulos habilitantes, así como por ejemplo la aplicación concreta del “principio pro actione”, cuando sea planteada la ya inexistente reclamación previa a la vía judicial civil; debiendo ésta última tramitarse en beneficio del interesado, como una reclamación de responsabilidad patrimonial.

g) Estado de alarma provocado por el COVID-19 en relación con la tramitación y resolución de expedientes urbanísticos.

Se han planteado todas las cuestiones relativas a la suspensión de plazos regulada por el RD 463/2020 y sus posteriores modificaciones por el RD 465/2020 y el RDL 10/2020, en aras de tratar de no paralizar la actividad de los Departamentos de Urbanismo.

Para ello, se ha proporcionado un modelo de Circular con un Anexo de Manifestación expresa de consentimiento de los interesados para poder seguir tramitando los distintos expedientes (títulos habilitantes, disciplina urbanística, etc.); así como se ha proporcionado distinto material (artículos, posts) y se han planteado casos prácticos reales y debates para solventar toda la casuística y problemática que pudiera surgir.

Como podemos observar, la III Edición ha sido muy rica en contenidos, tratando tanto la evolución de aspectos tradicionales, así como el surgimiento de nuevos temas derivados de la actualidad de nuestros días generada desgraciadamente por la incidencia del COVID-19, en nuestro caso en el ámbito urbanístico.

Esta nueva situación generada, está provocando y provocará un cambio de paradigma dentro del funcionamiento de los Departamentos de Urbanismo, que tendrán que implementar irremediablemente la administración electrónica, el teletrabajo y todas aquellas medidas que supongan mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y en aras del interés público.

                                                                       ALBERTO PENSADO SEIJAS

                               Jefe de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Marín (Pontevedra)

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Actualidad Informativa 179 -1 de abril de 2020

DISPONIBLE EL NUEVO NÚMERO DE NUESTRO BOLETIN: ACTUALIDAD INFORMATIVA de fecha 1 de abril con las últimas novedades.

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