ACTUALIDAD INFORMATIVA 183- 1 de junio de 2020

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ACTUALIDAD INFORMATIVA 183- 1 de junio de 2020

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Entrevista a CAROLINA GOÑI Y LOURDES OROZ. Curso: Marco Normativo y de gestión de la protección de datos y sus efectos en las Entidades Locales.

Curso: Marco Normativo y de gestión de la protección de datos y sus efectos en las Entidades Locales

(II edición)

 ‘El cambio de normativa obliga a adoptar una cultura que supone la mejora continua del sistema, la proactividad establecida en el RGPD, requiere que la entidad local se adelante y valore los riesgos que el tratamiento de datos puede tener para los derechos y libertades de la ciudadanía’

 ‘… sitúan a los medios electrónicos en el mismo centro de la actividad pública, pasando de aquel originario podrán de la Ley 30/1992, al deberán de la Ley 11/2007 y, de éste, al son de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, como elementos configuradores de una nueva realidad…’

 

¿Qué dificultades puede encontrar una entidad local para llevar a cabo el mantenimiento del sistema de protección de datos?

La mayor dificultad nace de la propia creencia de que la normativa de protección de datos es una cuestión que incumbe en exclusiva al área de informática, o a secretaría, y que se trata solamente de que figuren en los impresos los textos de información a la ciudadanía.

Otra de las dificultades es que exista la creencia de se trata de algo que se trabaja en un determinado momento, que es un proyecto que tiene un comienzo y un fin, un proyecto que se hizo en un momento dado y que no es objeto de revisión, ni mantenimiento.

El cambio de normativa obliga a adoptar una cultura que supone la mejora continua del sistema, la proactividad establecida en el RGPD, requiere que la entidad local se adelante y valore los riesgos que el tratamiento de datos puede tener para los derechos y libertades de la ciudadanía, la Entidad Local debe ser capaz de acreditar que tiene la cultura de la mejora continua en su “ADN”.

La implantación del Esquema Nacional de Seguridad ¿puede ser un elemento que impulse la superación de las dificultades expuestas?

Sin duda, ya que el alcance del ENS está determinado por las Leyes 39/2015 y 40/2015; resulta de aplicación a todos los sistemas de información, con independencia de que exista o no tratamiento de datos personales o que su tramitación sea a través de sede electrónica, lo que supone un enfoque global de la gestión de la Seguridad de la Información

Como ya indicamos en la documentación del curso, la adaptación al ENS de las Entidades Locales las nuevas regulaciones, más allá de consagrar la relación con las Administraciones públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones, sitúan a los medios electrónicos en el mismo centro de la actividad pública, pasando de aquel originario podrán de la Ley 30/1992, al deberán de la Ley 11/2007 y, de éste, al son de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, como elementos configuradores de una nueva realidad.

Se trata de una norma dimensionable, que se ha diseñado para todo tipo de Administración Pública por lo que cada entidad debe implementarla en función de su tamaño y de la información manejada como se indica a lo largo de la Unidad.

¿Cómo creen que están adaptadas, en líneas generales, las entidades locales a la normativa de protección de datos?

La situación es muy variada, lamentablemente observamos que hay Ayuntamientos que no conocen ni tan siquiera la obligación de publicar el registro de actividades, y que no tienen identificados los tratamientos, que no han hecho el análisis de riesgos; y por otra parte nos hemos encontrado con otros ayuntamientos que han trabajado con mucha profundidad en la materia, que lo tienen incorporado en su día a día y que han hecho una integración del sistema de protección de datos junto con el ENS.

Es posible que siga anclada la idea de que “eso de la protección de datos” es una cuestión formal que tiene poca aplicación práctica en el día a día de una administración.

Constatamos que se toman iniciativas que suponen tratamiento de datos personales y no se ha contado con la persona delegada de protección de datos, no se ha hecho la valoración de ese tratamiento desde el diseño y por defecto, es algo que le ocurre incluso a la propia Agencia Española de Protección de datos según lo indican en jornadas en las que intervienen o en informes que emiten, como el reciente informe sobre reconocimiento facial en los exámenes online.

Lo deseable es que la persona, la titular de los datos, esté siempre presente, considerada, en el centro, cuando se realiza el tratamiento de sus datos, esto contribuirá a que, el tratamiento de datos personales pase de tener una consideración formal, o incluso burocrática, a que se valore y analice en qué pueden ser afectados los derechos y libertades de la ciudadanía.

¿La ciudadanía es consciente de la existencia de la normativa de protección de datos?

Cada vez es más conocida esta normativa, se ejercen más derechos como el derecho de supresión, el derecho al olvido es una cuestión que también va calando en las personas.

Se va extendiendo cada vez más en la sociedad, lo que lleva a que se tenga más conciencia de su existencia, de que la Agencia Española es la entidad que vela por el cumplimiento de la normativa, a la que se puede acudir a consultar, a denunciar, a pedir tutela.

No hay que perder de vista que el 25 de mayo cumple 4 años de vigencia del RGPD y dos de su plena aplicación, que se ha hecho mucha divulgación de esta normativa y de los derechos que desarrolla para las personas.

¿Qué opinión les merece el CEMCI para la formación?

Nos resulta muy interesante la variedad de temas que se abordan para la formación del personal de las Entidades Locales.

Temas que por otra parte son de absoluta actualidad, lo que permite a las personas que trabajan en las Entidades Locales poder formarse de forma inmediata teniendo en cuenta los cambios normativos.

El sistema de la formación no presencial entendemos que va a tener una mayor utilización y en ese sentido el CEMCI ya está preparado, tiene una experiencia consolidada de años y eso se nota en los aspectos organizativos del curso, la fluidez con la que se prepara la documentación, la sistemática y el seguimiento de la acción formativa. Sin olvidar la diligencia en el pago de las facturas, cuestión que es de agradecer y resaltar.

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Lourdes Oroz Valencia y Carolina Goñi Muruzabal son abogadas y dirigen EULZA CONSULTORIA dedicada a promover, gestionar, coordinar e intermediar en la consultoría y asesoramiento a personas físicas o jurídicas o administraciones públicas, en materia jurídica, informática, contable, de sistemas de calidad, de seguridad de la información y  de sistemas de protección de datos.

 

Actualidad Informativa CEMCI Nº 182 – 15 de mayo de 2020

ACTUALIDAD INFORMATIVA CEMCI

Nº 182- 15 DE MAYO DE 2020

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Este Boletín facilita información de interés para el mundo local, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa,…que puedan surgir durante los últimos quince días. Se puede consultar a través de la Revista electrónica del CEMCI en el Centro de Documentación Virtual del CEMCI.

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Entrevista a JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA PASTOR. ‘Curso: La carrera administrativa de los empleados públicos’

CURSO: LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: VERTICAL Y HORIZONTAL

JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA PASTOR

‘…será necesario reforzar ámbitos de la Función Pública para ejecutar nuevas prioridades en Políticas públicas (sanidad, inspección, etc.) que respondan a las necesidades de la nueva y compleja situación.’

 ‘Para poder funcionar con teletrabajo hay que saber organizar bien los equipos de trabajo, con objetivos claros, con metas temporales determinadas, con coordinación…’

 ‘…Los empleados públicos se prestigian por su trabajo bien hecho, garantizando el funcionamiento de servicios públicos esenciales para la sociedad, y se legitiman respetando los espacios respectivos de la sociedad y de la política…’

Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, nos encontramos viviendo una realidad complicada en la que nuestros sistemas sanitario, económico y social se han visto afectados muy negativamente, situación que se nos ha presentado casi por sorpresa y algo desprevenidos y que, con diferentes intensidades, está causando estragos en prácticamente todos los sectores y actores de nuestra sociedad; posiblemente, uno de esos sectores golpeados, aunque todavía no se perciba, será el del empleo público.

  1. Ante la situación que se nos plantea: ¿podría hacernos un breve análisis de lo que puede suponer este nuevo escenario, en el que los recursos serán escasos, para el empleo público?, principalmente en cuanto a acceso, carrera y promoción del personal.

 Hasta que no sea claro el impacto de la crisis sanitaria en los presupuestos públicos, no se podrá realizar un análisis adecuado de las respuestas que inevitablemente habrá que adoptar. Primero, en el plano de contención y reducción de costes, pues ya tenemos una experiencia relativamente reciente de consecuencias sobre el empleo público de una crisis económica. Volverán las congelaciones -si no las reducciones- de retribuciones y de reposiciones de efectivos. Pero también será necesario reforzar ámbitos de la Función Pública para ejecutar nuevas prioridades en Políticas públicas (sanidad, inspección, etc.) que respondan a las necesidades de la nueva y compleja situación.

  1. Otro aspecto que nos gustaría tocar es el tema de la contratación temporal en la administración, así como la situación de los interinos. ¿Qué podría decirnos al respecto?

 Es impredecible el impacto que la situación va a tener, en primer lugar, sobre los procesos de consolidación que se habían emprendido. A corto plazo todo va a quedar suspendido por la imposibilidad de realización práctica de pruebas. Pero a medio plazo sería necesario seguir apostando por la reducción de la temporalidad, no tanto porque el Derecho europeo considere que se está abusando del personal temporal en nuestras Administraciones, sino porque los vínculos temporales en el ámbito público no son los más adecuados para garantizar una prestación de servicios públicos de calidad. Piénsese en ámbitos estratégicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

En lo que respecta a la situación de los funcionarios interinos, las últimas Sentencias del Tribunal de Justicia (enero y marzo de este año) han permitido aclarar lo que el Derecho europeo exige y no exige respecto a las consecuencias por el abuso de esta figura en nuestras Administraciones. Muchas expectativas han quedado frustradas porque se habían alimentado artificialmente: ni el Derecho europeo impone una transformación indefinida o fija de las relaciones funcionariales interinas ni el Derecho español lo permite.  Pero ello no significa que el tema esté zanjado, si bien al menos ahora queda claro que es una respuesta interna que el Legislador, las Administraciones y los propios afectados deben articular, pues constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra Función Pública hoy en día.

  1. Como experto en Recursos humanos no podemos privarnos de hacerle la pregunta del momento: Con el estado de alarma y el confinamiento ha llegado el teletrabajo para un buen número de empleados públicos, pero ¿el teletrabajo ha llegado para quedarse?

Sin duda la situación propiciará un impulso efectivo del teletrabajo, superando reticencias de Administraciones y de empleados. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre el marco organizativo y jurídico del teletrabajo. Para poder funcionar con teletrabajo hay que saber organizar bien los equipos de trabajo, con objetivos claros, con metas temporales determinadas, con coordinación. Pero también definiendo y respetando derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el derecho a la desconexión digital -que fue la última modificación del Estatuto Básico del Empleado Público- no debe quedar en una mera proclamación vacía de contenido: que se pueda trabajar en casa no significa que no haya horario. 

  1. Nuestro marco normativo en función pública no está totalmente desarrollado. El EBEP es norma básica de aplicación en todo el Estado, pero para su íntegra aplicación necesita de desarrollos legislativos del Estado y de aquéllas Comunidades Autónomas que aún no lo han hecho, debiéndose aplicar de forma transitoria normas “obsoletas” que no siempre dan solución a los nuevos retos planteados por el EBEP, como el caso de la carrera horizontal. ¿Qué esperan las CCAA que aún no han desarrollado el EBEP después de trece años desde su entrada en vigor? ¿Por qué el EBEP no les da un plazo para efectuar ese necesario desarrollo?

La crisis económica de 2010 cegó el impulso innovador del Estatuto Básico de 2007. Lamentablemente la que se derive de la crisis sanitaria de 2020 volverá a alterar las prioridades políticas y el sentido de las reformas administrativas. El marco jurídico del EBEP no ha sido desarrollado en muchas Administraciones, empezando por la del Estado. La libertad que el EBEP dio a cada Administración para configurar aspectos claves del empleo público (como la carrera, la evaluación del desempeño o la dirección pública) apenas se ha ejercido en algunas Comunidades Autónomas y esas potencialidades innovadoras se han bloqueado muchas veces en la propia comprensión de las mismas.

En cuanto a la imposición de un plazo para obligar al desarrollo del EBEP, sería una técnica inédita en la legislación básica del Estado. Pero no hay que olvidar que esa imposición de plazo tampoco estaba prevista en los Tratados europeos en relación con las Directivas y la práctica de las Instituciones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la consagraron precisamente para evitar que se frustrara el Derecho europeo por los Estados por falta de implementación. Algo que está ocurriendo con el EBEP.   

  1. En nuestro ámbito y dadas las circunstancias, empiezan a oírse voces que piden una bajada de sueldo y reducción de vacaciones a los empleados públicos como medida para paliar la situación económica en la que nos encontramos, y otras voces que afirman que “atacar” siempre al mismo sector solo servirá para lanzar el mensaje a la sociedad de que no estamos trabajando en estos duros momentos y que ofrecemos una labor secundaria, por lo que no hará más que aumentar un desprestigio que no favorece ni a los propios funcionarios ni a la sociedad. ¿Cuál es en su opinión la actitud que deben adoptar los empleados públicos ante esto?

 Como decía anteriormente, habrá que esperar para saber exactamente el impacto económico de la crisis sanitaria y su inevitable repercusión en los presupuestos públicos. El empleo público no puede ser otra vez el chivo expiatorio y las retribuciones de su personal no serán la única solución, aunque tampoco podrán ser ajenas a las medidas que se adopten.

Desde una perspectiva solidaria, una cierta y coyuntural contención de los gastos de personal no puede considerarse una señal de desprestigio o de deslegitimación institucional de la Función Pública. Los empleados públicos se prestigian por su trabajo bien hecho, garantizando el funcionamiento de servicios públicos esenciales para la sociedad, y se legitiman respetando los espacios respectivos de la sociedad y de la política. Por eso no hay mayor corrupción que la de los políticos interfiriendo en el trabajo profesional de los empleados públicos y la de los funcionarios que se sirven de su estatuto jurídico para hacer política. Algunos ejemplos de una y otra se han dado lamentablemente durante esta crisis sanitaria.

  1. Y, por último, la formación, en estos momentos es clave para el desarrollo y crecimiento de las instituciones ¿cómo valora el trabajo del CEMCI en este aspecto, que continúa desarrollando sus acciones de forma virtual?

 El CEMCI no es un advenedizo en la formación virtual de los empleados públicos. Muchos otros se han apuntado, por oportunismo o por necesidad, a este formato de enseñanza. El CEMCI tenía y tiene una plataforma formativa muy intuitiva y muy útil. Pero no es sólo una cuestión de medios. La clave son las personas: una dirección que organice y planifique bien el trabajo y un personal que facilite a los profesores y a los alumnos la realización del curso.

 

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JESÚS FUENTETAJA PASTOR es Catedrático de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

Artículo publicado en Revista Digital CEMCI nº 45: ‘La protección del patrimonio histórico y cultural frente a grafitis y pintadas. El caso de Granada’. Cristina VARELA GARRIDO

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ACTUALIDAD INFORMATIVA CEMCI Nº 181-1 de mayo de 2020

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Este Boletín facilita información de interés para el mundo local, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa,…que puedan surgir durante los últimos quince días. Se puede consultar a través de la Revista electrónica del CEMCI en el Centro de Documentación Virtual

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Artículo publicado en Revista Digital CEMCI nº 45. ‘La potestad local en materia de transparencia: Ordenanzas municipales’. Mercè PIDEMONT PUJOL

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Artículo publicado en Revista Digital CEMCI nº 45: ‘La retasación en la expropiación forzosa’. Juan Manuel BENAVIDES ALCALÁ

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Artículo publicado en Revista Digital CEMCI nº 45: ‘La importancia de incorporar la planificación estratégica en las entidades locales’. Patricia MOLINA HERNÁNDEZ

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Artículo publicado en Revista Digital CEMCI nº 45. ‘Derecho Constitucional de Excepción: Teología política en la crisis del coronavirus’. Manuel JARAMILLO FERNÁNDEZ

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