CURSO: LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: VERTICAL Y HORIZONTAL

JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA PASTOR

‘…será necesario reforzar ámbitos de la Función Pública para ejecutar nuevas prioridades en Políticas públicas (sanidad, inspección, etc.) que respondan a las necesidades de la nueva y compleja situación.’

 ‘Para poder funcionar con teletrabajo hay que saber organizar bien los equipos de trabajo, con objetivos claros, con metas temporales determinadas, con coordinación…’

 ‘…Los empleados públicos se prestigian por su trabajo bien hecho, garantizando el funcionamiento de servicios públicos esenciales para la sociedad, y se legitiman respetando los espacios respectivos de la sociedad y de la política…’

Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, nos encontramos viviendo una realidad complicada en la que nuestros sistemas sanitario, económico y social se han visto afectados muy negativamente, situación que se nos ha presentado casi por sorpresa y algo desprevenidos y que, con diferentes intensidades, está causando estragos en prácticamente todos los sectores y actores de nuestra sociedad; posiblemente, uno de esos sectores golpeados, aunque todavía no se perciba, será el del empleo público.

  1. Ante la situación que se nos plantea: ¿podría hacernos un breve análisis de lo que puede suponer este nuevo escenario, en el que los recursos serán escasos, para el empleo público?, principalmente en cuanto a acceso, carrera y promoción del personal.

 Hasta que no sea claro el impacto de la crisis sanitaria en los presupuestos públicos, no se podrá realizar un análisis adecuado de las respuestas que inevitablemente habrá que adoptar. Primero, en el plano de contención y reducción de costes, pues ya tenemos una experiencia relativamente reciente de consecuencias sobre el empleo público de una crisis económica. Volverán las congelaciones -si no las reducciones- de retribuciones y de reposiciones de efectivos. Pero también será necesario reforzar ámbitos de la Función Pública para ejecutar nuevas prioridades en Políticas públicas (sanidad, inspección, etc.) que respondan a las necesidades de la nueva y compleja situación.

  1. Otro aspecto que nos gustaría tocar es el tema de la contratación temporal en la administración, así como la situación de los interinos. ¿Qué podría decirnos al respecto?

 Es impredecible el impacto que la situación va a tener, en primer lugar, sobre los procesos de consolidación que se habían emprendido. A corto plazo todo va a quedar suspendido por la imposibilidad de realización práctica de pruebas. Pero a medio plazo sería necesario seguir apostando por la reducción de la temporalidad, no tanto porque el Derecho europeo considere que se está abusando del personal temporal en nuestras Administraciones, sino porque los vínculos temporales en el ámbito público no son los más adecuados para garantizar una prestación de servicios públicos de calidad. Piénsese en ámbitos estratégicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

En lo que respecta a la situación de los funcionarios interinos, las últimas Sentencias del Tribunal de Justicia (enero y marzo de este año) han permitido aclarar lo que el Derecho europeo exige y no exige respecto a las consecuencias por el abuso de esta figura en nuestras Administraciones. Muchas expectativas han quedado frustradas porque se habían alimentado artificialmente: ni el Derecho europeo impone una transformación indefinida o fija de las relaciones funcionariales interinas ni el Derecho español lo permite.  Pero ello no significa que el tema esté zanjado, si bien al menos ahora queda claro que es una respuesta interna que el Legislador, las Administraciones y los propios afectados deben articular, pues constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra Función Pública hoy en día.

  1. Como experto en Recursos humanos no podemos privarnos de hacerle la pregunta del momento: Con el estado de alarma y el confinamiento ha llegado el teletrabajo para un buen número de empleados públicos, pero ¿el teletrabajo ha llegado para quedarse?

Sin duda la situación propiciará un impulso efectivo del teletrabajo, superando reticencias de Administraciones y de empleados. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre el marco organizativo y jurídico del teletrabajo. Para poder funcionar con teletrabajo hay que saber organizar bien los equipos de trabajo, con objetivos claros, con metas temporales determinadas, con coordinación. Pero también definiendo y respetando derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el derecho a la desconexión digital -que fue la última modificación del Estatuto Básico del Empleado Público- no debe quedar en una mera proclamación vacía de contenido: que se pueda trabajar en casa no significa que no haya horario. 

  1. Nuestro marco normativo en función pública no está totalmente desarrollado. El EBEP es norma básica de aplicación en todo el Estado, pero para su íntegra aplicación necesita de desarrollos legislativos del Estado y de aquéllas Comunidades Autónomas que aún no lo han hecho, debiéndose aplicar de forma transitoria normas “obsoletas” que no siempre dan solución a los nuevos retos planteados por el EBEP, como el caso de la carrera horizontal. ¿Qué esperan las CCAA que aún no han desarrollado el EBEP después de trece años desde su entrada en vigor? ¿Por qué el EBEP no les da un plazo para efectuar ese necesario desarrollo?

La crisis económica de 2010 cegó el impulso innovador del Estatuto Básico de 2007. Lamentablemente la que se derive de la crisis sanitaria de 2020 volverá a alterar las prioridades políticas y el sentido de las reformas administrativas. El marco jurídico del EBEP no ha sido desarrollado en muchas Administraciones, empezando por la del Estado. La libertad que el EBEP dio a cada Administración para configurar aspectos claves del empleo público (como la carrera, la evaluación del desempeño o la dirección pública) apenas se ha ejercido en algunas Comunidades Autónomas y esas potencialidades innovadoras se han bloqueado muchas veces en la propia comprensión de las mismas.

En cuanto a la imposición de un plazo para obligar al desarrollo del EBEP, sería una técnica inédita en la legislación básica del Estado. Pero no hay que olvidar que esa imposición de plazo tampoco estaba prevista en los Tratados europeos en relación con las Directivas y la práctica de las Instituciones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la consagraron precisamente para evitar que se frustrara el Derecho europeo por los Estados por falta de implementación. Algo que está ocurriendo con el EBEP.   

  1. En nuestro ámbito y dadas las circunstancias, empiezan a oírse voces que piden una bajada de sueldo y reducción de vacaciones a los empleados públicos como medida para paliar la situación económica en la que nos encontramos, y otras voces que afirman que “atacar” siempre al mismo sector solo servirá para lanzar el mensaje a la sociedad de que no estamos trabajando en estos duros momentos y que ofrecemos una labor secundaria, por lo que no hará más que aumentar un desprestigio que no favorece ni a los propios funcionarios ni a la sociedad. ¿Cuál es en su opinión la actitud que deben adoptar los empleados públicos ante esto?

 Como decía anteriormente, habrá que esperar para saber exactamente el impacto económico de la crisis sanitaria y su inevitable repercusión en los presupuestos públicos. El empleo público no puede ser otra vez el chivo expiatorio y las retribuciones de su personal no serán la única solución, aunque tampoco podrán ser ajenas a las medidas que se adopten.

Desde una perspectiva solidaria, una cierta y coyuntural contención de los gastos de personal no puede considerarse una señal de desprestigio o de deslegitimación institucional de la Función Pública. Los empleados públicos se prestigian por su trabajo bien hecho, garantizando el funcionamiento de servicios públicos esenciales para la sociedad, y se legitiman respetando los espacios respectivos de la sociedad y de la política. Por eso no hay mayor corrupción que la de los políticos interfiriendo en el trabajo profesional de los empleados públicos y la de los funcionarios que se sirven de su estatuto jurídico para hacer política. Algunos ejemplos de una y otra se han dado lamentablemente durante esta crisis sanitaria.

  1. Y, por último, la formación, en estos momentos es clave para el desarrollo y crecimiento de las instituciones ¿cómo valora el trabajo del CEMCI en este aspecto, que continúa desarrollando sus acciones de forma virtual?

 El CEMCI no es un advenedizo en la formación virtual de los empleados públicos. Muchos otros se han apuntado, por oportunismo o por necesidad, a este formato de enseñanza. El CEMCI tenía y tiene una plataforma formativa muy intuitiva y muy útil. Pero no es sólo una cuestión de medios. La clave son las personas: una dirección que organice y planifique bien el trabajo y un personal que facilite a los profesores y a los alumnos la realización del curso.

 

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JESÚS FUENTETAJA PASTOR es Catedrático de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

Acerca de CEMCi

El Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) es una Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para la ejecución de los fines que le conciernen: la capacitación, instrucción y perfeccionamiento de los miembros y del personal de las Corporaciones Locales, con capacidad para la colaboración y participación con otras Corporaciones Locales y Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad de fines coincidentes.

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