ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO MORENO MOLINA

 Curso sobre contratación pública local

12 de febrero de 2019- 22 de abril de 2019.

 

‘…La nueva filosofía de compra pública responsable y sostenible va “calando” de forma destacable….’

‘…A mi entender el mayor problema en la aplicación de la nueva Ley de contratos está siendo la falta de implantación de la contratación pública electrónica por parte de muchas Administraciones…’

‘…ha faltado una mayor integración entre la Ley de contratos y la Ley de Transparencia…’

 

PREGUNTA: Ya se ha cumplido un año desde que se celebró aquí en el CEMCI la Jornada para entidades locales: “la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, jornada que usted dirigió y en la que se fueron analizando los objetivos pretendidos por esta nueva ley 9/2017 de 8 de noviembre. Un año después ¿nos puede hacer su valoración?

RESPUESTA: Mi valoración en términos generales es positiva. La nueva Ley de Contratos introdujo cambios de mucha importancia en la gestión contractual y los mismos se están asumiendo tanto por las Administraciones y entidades públicas como por las empresas licitadoras. La nueva filosofía de compra pública responsable y sostenible va “calando” de forma destacable. Quiero destacar también la unificación de la actividad contractual del sector público que llevó a cabo la LCSP y la supresión de las instrucciones internas. También ha sido importante la reordenación de procedimientos de contratación y la limitación del uso de los contratos menores.

PREGUNTA: Uno de esos objetivos contemplados es la implantación e implementación de la contratación pública electrónica obligada, pero en 2018 también nos hemos encontrado con una prórroga de dos años, hasta octubre de 2020, para la producción de efectos obligatorios de las previsiones de la Ley 39/2015 relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico. ¿Esto supone un respiro o más bien un inconveniente para el procedimiento de contratación pública?

RESPUESTA: Por una parte, ofrece más margen de tiempo a las Administraciones, en especial a las locales, que son a las que más está costando la adaptación a las nuevas exigencias electrónicas; pero por otra parte es criticable la descoordinación entre la Ley 39/2015 y la Ley 9/2017. A mi entender el mayor problema en la aplicación de la nueva Ley de contratos está siendo la falta de implantación de la contratación pública electrónica por parte de muchas Administraciones.

PREGUNTA: Esta Ley 9/2017 contempla beneficios para las PYMES, pero algunos de los cambios introducidos implican la realización de trámites que pueden resultar muy complicados para muchas pequeñas empresas locales por lo que les será muy difícil licitar. ¿Estamos, por tanto, ante una buena intención por parte de la ley pero quizá ante el más difícil de los objetivos a conseguir?

RESPUESTA: Seguramente sí y los datos ponen de manifiesto que falta mucho camino por recorrer para que las PYMES participen más en los contratos públicos. Tan sólo un 28% de los adjudicatarios de los procedimientos de contratación pública en nuestro país son pymes, según acaba de hacer público la OCDE en noviembre de 2018 (así lo destaca Fernando VICENTE DAVILA: “Las medidas de apoyo a las pymes: dudas y posibles dificultades sobre su efectividad”, http://www.obcp.es/)

PREGUNTA: Y echando la mirada hacia el interior de las Administraciones Públicas: ¿Cuál es, a su entender, la situación real que están viviendo los Servicios de contratación de las Diputaciones y de los Ayuntamientos tras la entrada en vigor de esta Ley? ¿Cómo se están adecuando estas entidades locales a la nueva regulación del perfil de contratante?

RESPUESTA: La Ley de contratos está suponiendo un importante esfuerzo de adaptación por parte de los servicios de contratación de Diputaciones y Ayuntamientos, principalmente en cuanto a sus exigencias respecto a la contratación electrónica y a la transparencia. En este sentido la nueva regulación del perfil de contratante refuerza la información a ofrecer a los licitadores y ciudadanos pero ha faltado una mayor integración entre la Ley de contratos y la Ley de Transparencia

PREGUNTA: Por último y con base en este curso: ¿Considera que se han alcanzado los objetivos, contenido…, que usted se había propuesto?

RESPUESTA: Creo que si se han alcanzado los objetivos principales del curso y se ha podido realizar un completo análisis de las principales novedades de la Ley de contratos y su aplicación práctica. Quiero resaltar la buena participación de los alumnos del curso y sus destacadas intervenciones a lo largo del mismo.

 

JOSE ANTONIO MORENO MOLINA es Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Director de la Revista Mensual “Contratación Administrativa Práctica” de la editorial Wolters Kluwer La Ley y del Máster en “Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-la Mancha.

Moreno Molina, José Antonio

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Acerca de CEMCi

El Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) es una Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para la ejecución de los fines que le conciernen: la capacitación, instrucción y perfeccionamiento de los miembros y del personal de las Corporaciones Locales, con capacidad para la colaboración y participación con otras Corporaciones Locales y Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad de fines coincidentes.

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