Entrevista con Cayetano Prieto Romero, Tutor del Curso Monográfico de Estudios Superiores: Las novedades de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público.

“Las relaciones electrónicas con las personas físicas y jurídicas obligadas a dicho tipo de relaciones se están desarrollando con total normalidad”

“Los municipios pequeños no han podido realizar las inversiones económicas necesarias para actuar en el ámbito de las Administración Electrónica, ni cuentan con el personal técnico necesario para la gestión ordinaria”

“Creo que en general ambas leyes mejoran y amplían la legislación sobre procedimiento común y el régimen jurídico de las administración públicas”

 

4051

Pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más significativos de la reforma de las ley 39/2015?

Respuesta. Los aspectos más significativos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son muchos, así, por ejemplo, la actualización de la legislación de procedimiento administrativo común conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia. También la incorporación en el procedimiento común de la regulación del procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial antes establecida con detalle en normas reglamentarias, así como la regulación del contenido del expediente administrativo electrónico. Pero, sobre todo, la generalización de la Administración electrónica (registros, notificación, tramitación procedimiento)  y la incorporación de nuevo título sobre mejora regulatoria o calidad normativa, constituyen dos de los contenidos más importantes, porque promueven una transformación completa de la cultura administrativa, en el ámbito de la gestión administrativa y de la forma de elaborar las normas, que servirán de garantía de los principios de eficacia y eficiencia.

Pregunta.  ¿Y de la Ley 40/2015?

Respuesta. De la Ley 40/2015 podemos destacar, en primer lugar, que se trata de una norma dedicada exclusivamente al régimen jurídico de las Administraciones Públicas, regulando con detalle, por primera vez, el régimen de los consorcios y los convenios interadministrativos, que son dos instrumentos imprescindibles para articular las necesarias relaciones de colaboración y cooperación entre las Administraciones. También regula las relaciones interadministrativas exigiendo, como regla general, su desarrollo de forma electrónica. Establece unos principios generales de actuación del sector público institucional de todas las Administraciones Públicas y regula el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, como registro público que deberá informar sobre todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza, lo que a su vez conecta con el principio de transparencia.

Pregunta.  ¿Cómo ha afectado a los ciudadanos la implantación de la administración electrónica?

Respuesta. Desde mi experiencia en la Comunidad de Madrid, las relaciones electrónicas con las personas físicas y jurídicas obligadas a dicho tipo de relaciones se están desarrollando con total normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que estos instrumentos venían siendo utilizados desde la Ley de 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por lo que se cuenta con una experiencia acumulada que facilita la implantación de las nuevas exigencias de la Ley de Procedimiento Común.

Pregunta. ¿Cree usted que la Administración Pública está lo suficientemente preparada para asumir esta realidad (E-Administración)?

Respuesta. Si pensamos en la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios de gran población y otros municipios medianos, podemos ver que todos ya han desarrollado importantes e interesantes actuaciones en el ámbito de la Administración electrónica, no obstante, no cabe duda que los municipios pequeños no han podido realizar las inversiones económicas necesarios para ello, así como tampoco cuentan con el personal técnico necesario para la gestión ordinaria. Muchos de ellos no tienen ni tan siquiera un portal web. Para superar estos problema, es fundamental la asistencia de las Diputaciones y de las demás Administraciones Públicas. Con la asistencia y colaboración de todos podremos acercarnos al objetivo de conseguir que en octubre de 2018 muchos Ayuntamientos pequeños estén preparados para la gestión electrónica.

Pregunta. ¿Cuáles son las principales novedades en relación a los órganos colegiados?

Respuesta. En esta materia, creo que la novedad principal se centra en el uso de los medios electrónicos –telefónicos, audiovisuales, etc.- en el funcionamiento de los órganos colegiados, por ejemplo, para que pueda constituirse mediante video conferencia o cualquier otro medio que no requiera de la presencia física de todos sus miembros en el mismo lugar.

Pregunta. ¿Y en cuanto a  las relaciones interadministrativas y concretamente a la formalización de Convenios de Colaboración entre Administraciones Públicas?

Respuesta. En el caso de las relaciones interadministrativas como he aputando antes se exige su desarrollo a través de medios electrónicos y en el caso de los convenios de colaboración creo que la cuestión más relevante es que, por fin, disponemos de un régimen básico común en la materia aplicable a todas las Administraciones Públicas, que define y clasifica los convenios, establece los requisitos de validez y eficacia, su contenido mínimo, etc.

Sobre los convenios podemos resaltar dos ideas adicionales: una, referente a su control externo, que exige que los convenios cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros sean comunicados de forma electrónica en el plazo de tres meses a su suscripción al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma; y otra, referente a la obligación de transparencia en esta materia establecido por la Ley de Transparencia de 2013 que exige la publicación activa de todos los convenios que se celebren.

Pregunta.  ¿Cuáles son según usted las principales deficiencias y lagunas de estas leyes?

Respuesta. Creo que ambas leyes suponen un avance importante en todos los aspectos que hemos comentado anteriormente y en otros muchos, no obstante, siempre existen cuestiones que quedan pendientes o no se resuelven de la forma que nos gustaría.  Por ejemplo, en el caso de la Ley 40 echo en falta unas normas básicas, comunes a todas las Administraciones Públicas, sobre el régimen jurídico de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público institucional, que hubiese reconducido la dispersión normativa existente actualmente.

Otra cuestión que también haberse regulado con carácter básico es la función de inspección administrativa, que viene reclamándose desde hace años, mucho más con el creciente uso de las técnicas de la declaración responsable y la comunicación, que implican un reforzamiento de los controles ex post de las actividades de los particulares.

Pregunta. ¿Cree que estas leyes mejoran el régimen jurídico y el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas?

Respuesta. Sin perjuicio de algunos aspectos que pueden mejorarse, creo que en general ambas leyes mejoran y amplían la legislación sobre procedimiento común y el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por lo tanto, el balance es, en mi opinión, claramente positivo.

Pregunta. ¿Cómo mejoraría o que eliminaría o sustituiría en el contenido de ambas leyes?

Respuesta. Ambas leyes son imprescindibles porque cumplen una función esencial de actualización de una parte central del Derecho Administrativo, por lo tanto, no puede pensarse en la idea de derogarlas o eliminarlas. Ni tan siquiera pensaría en modificarlas o sustituirlas porque me parecen que, en su conjunto, son dos buenas leyes. Ahora es el tiempo de su aplicación y de tratar de sacar el máximo rendimiento a sus contenidos, lo que debe hacerse por todas las Administraciones Públicas.

Pregunta. ¿Considera que se han alcanzado objetivos del curso que usted dirige sobre las novedades de las Ley 39 y 40/2015 ?

Respuesta.  En primer lugar, me gustaría agradecer al CEMCI la confianza depositada en mi persona para dirigir y organizar este curso. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a todos los profesores que ha participado en este curso que han puesto todo su interés y esfuerzo en tratar que se cumplan plenamente sus objetivos. En tercer lugar, nos sentimos muy satisfechos con los resultados de las evaluaciones realizadas por los alumnos.Y, por último, no cabe duda que siempre recibimos algún consejo interesante por parte de los alumnos que aplicaremos en los siguientes cursos que organicemos.

prieto romero, cayetano

Breve referencia curricular

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Alcalá de Henares y Master

en Gestión y Dirección Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset  (Universidad Complutense de Madrid).

Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Administración pública, tanto

autonómica como local.

Ha sido  Director General de Organización y Régimen Jurídico, del Área de

Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de

Madrid.

Actualmente es Asesor Técnico, Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, de la Comunidad de Madrid (desde julio 2015)

Es miembro del Consejo Asesor del Master en Derecho y Administración Local de la

UAM.

Ha dirigido, entre otros, las siguientes publicaciones:

– “Estudios a la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid”.

– “Los Distritos: Gobierno de Proximidad”.

– “La descentralización de competencias autonómicas en la Ciudad de Madrid”.

Igualmente ha publicado diversos estudios sobre colaboración público-privada en el

ejercicio de funciones públicas, entre ellos:

– Cayetano Prieto y Alfredo Galán, “El ejercicio de funciones públicas por

entidades privadas colaboradoras de la Administración”, en Anuario de Derecho

Municipal 2008, 2009.

– Cayetano Prieto y Alfredo Galán, “Normas de gestión de las licencias

urbanísticas de actividades. Ayuntamiento de Madrid”, editorial Huygens, 2010.

– Cayetano Prieto e Ignacio Molina, “El nuevo sistema de gestión de las licencias

urbanísticas de actividades del Ayuntamiento de Madrid”, editorial Huygens,

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncios

Acerca de CEMCi

El Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) es una Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para la ejecución de los fines que le conciernen: la capacitación, instrucción y perfeccionamiento de los miembros y del personal de las Corporaciones Locales, con capacidad para la colaboración y participación con otras Corporaciones Locales y Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad de fines coincidentes.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s