Actualidad Informativa CEMCI Nº 122

Actualidad Informativa CEMCI Nº 122

Queridos amigos,

Ya está disponible  el número 122 de la Actualidad Informativa CEMCI, con información que esperamos os resulte de interés.

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Este boletín trata de actualizar los contenidos de la Revista CEMCI, facilitando información sobre las noticias de interés para el mundo local, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa… Su periodicidad es quincenal y puede consultarse en su totalidad a través de la Revista electrónica del CEMCI.

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Entrevista con Borja González Alonso, Tutor del Curso Monográfico de Estudios Superiores: ¿Cómo diseñar e implantar una administración local sin papeles?

Entrevista con Borja González Alonso, Tutor del Curso Monográfico de Estudios Superiores: ¿Cómo diseñar e implantar una administración local sin papeles?

“El cumplimiento íntegro de las obligaciones que imponen las leyes 39 y 40/2015 es muy complejo, sobre todo cuando tratamos con administraciones locales de tamaño reducido”

“La principal recomendación para evitar la resistencia es una buena gestión del cambio”

“Las administraciones deben prepararse para prevenir los riesgos para la seguridad que conlleva la creciente digitalización de los servicios públicos”

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Sinopsis del contenido del curso:

La administración sin papeles es uno de los objetivos de la evolución que ha experimentado la gestión pública en los últimos años como consecuencia de un cambio de enfoque en la prestación de servicios. El curso de ¿Cómo diseñar e implantar una administración local sin papeles?” aporta una visión, entre otras, de los conceptos necesarios en materia de certificación y firma electrónica, tecnologías que se utilizan en los servicios electrónicos y aplicaciones informáticas base para lograr la eliminación del papel. También se analizan las soluciones de gestión documental en el ámbito de las Administraciones públicas y las herramientas de gestión documental más utilizadas en la actualidad, por otro lado se trabaja en el concepto y las características principales de la Custodia digital, solución que permite la preservación digital y el uso de la firma electrónica avanzada para cubrir la necesidad de validez a largo plazo de documentos firmados electrónicamente. Se navega por la solución de intermediación de datos, la plataforma de intermediación, la aplicación informática de Sustitución de certificados en soporte papel y los tipos de servicios que pueden consumirse para evitar que los ciudadanos y empresas presenten documentación que obre en poder de las Administraciones Públicas. Con este curso el alumno estudia la herramienta portafirmas electrónico y sus características principales y el modo de funcionamiento, aplicación de vital importancia para la eliminación del papel en cualquier proceso que incluya algún tipo de firma el seno de las Administraciones Públicas. También se analiza la herramienta de Comunicaciones Electrónicas Internas, características y objetivos que persigue.

Pregunta- ¿Qué cambios incorporan las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Régimen Jurídico del Sector Público?

Respuesta. En el año 2015, fueron muchas las iniciativas legislativas que han dado pasos de gigante en la carrera a su definitiva promulgación. Como la normativa que atañe a la Administración Pública y su relación directa con el administrado. En este sentido, tal y como establece expresamente la exposición de motivos “se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones ad extra y ad intra de las Administraciones Públicas.” Para ello se impulsaron simultáneamente dos nuevas leyes que constituyen los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Los principales cambios que se plantean son los siguientes: se generaliza y simplifica el uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo con la creación de un registro electrónico general, por cada Administración, que funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo y su correspondiente archivo electrónico. En materia de Identificación y firma electrónica, en la línea de lo planteado por el Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, se separa la identificación (conocer quién realiza el trámite) de la firma electrónica (necesaria para la expresión del consentimiento para el que se requiere capacidad jurídica bastante). Se obliga a relacionarse electrónicamente con la Administración al colectivo de empleados públicos y los profesionales con deber de colegiación, pensado principalmente para abogados o asesores. Por lo que respecta a la representación, por primera vez se regula la posibilidad del apoderamiento “apud acta”, bien presencial o bien electrónico, y su inscripción en un Registro Electrónico de Apoderamientos general o de cada Organismo según corresponda. El poder conferido a través del apoderamiento apud acta tendrá efectos únicamente ante las Administraciones Públicas. Asimismo, tendrá una duración máxima de cinco años, pudiendo el poderdante prorrogar o revocar el poder en cualquier momento antes de la finalización de este plazo.

Todas las notificaciones se realizarán preferentemente a través de medios electrónicos salvo que se trate de sujetos obligados a ser notificados electrónicamente. Se establecen los siguientes medios de notificación electrónica: dirección electrónica habilitada única o notificación por comparecencia en sede electrónica. Se generaliza la gestión electrónica de todos los procedimientos para lograr una Administración con cero papel. Se simplifican trámites y se reducen cargas administrativas. De este modo, la regla general será no aportar documentos originales salvo que excepcionalmente así se recoja en su normativa reguladora y los interesados tampoco deberán aportar al procedimiento documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siendo responsabilidad de cada Administración incorporarlos de oficio. Se clarifica y completa la regulación sobre el cómputo de plazos, incluyendo el cómputo por horas y estableciendo como horas hábiles aquellas comprendidas en un día hábil y disponiendo, que los plazos fijados por horas deberán ser inferiores a 24 horas. Asimismo, al igual que lo previsto en las normas procesales, se declaran los sábados como día inhábil a los efectos del cómputo de plazos.

Pregunta. ¿Cree que realmente están preparadas la Corporaciones locales, sobre todo las de pequeños municipios, para cumplir los plazos legalmente establecidos?

Respuesta. En este sentido el cumplimiento íntegro de las obligaciones que imponen las citadas Leyes es muy complejo, sobre todo cuando tratamos con administraciones locales de tamaño reducido, aunque en el resto de AAPP también va a ser difícil alcanzar los objetivos en las fechas estimadas (octubre 2018). Se debe trabajar en la línea de ir incorporando las soluciones a todas las obligaciones impuestas, aunque difícilmente se podrán resolver todas en la fecha indicada por la Ley.

Pregunta. ¿Qué recomendaría para solventar la natural resistencia de los empleados públicos ante los cambios en la forma de realizar su trabajo que supone la administración sin papeles?

Respuesta. La principal recomendación para evitar la resistencia es una buena gestión del cambio, que se consigue a través de formación a los empleados públicos, dotación de recursos y trabajar en la línea de convencer a través de hechos que el cambio es positivo en aras de mejorar en la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa, lo que conlleva una mejora del servicio al ciudadano.

Pregunta. ¿Qué medidas puede implementar un Ayuntamiento para prevenir los riesgos para la seguridad que conlleva la creciente digitalización de los servicios públicos?

Respuesta. Las administraciones, deben prepararse para prevenir los riesgos para la seguridad que conlleva la creciente digitalización de los servicios públicos, a través de la aplicación y cumplimiento de las medidas que se incorporan en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Los ciudadanos confían en que los servicios disponibles por medios electrónicos se presten en unas condiciones de seguridad equivalentes a las que se encuentran cuando se acercan personalmente a las oficinas de la Administración. Además, buena parte de la información contenida en los sistemas de información de las AA.PP. y los servicios que prestan constituyen activos nacionales estratégicos. La información y los servicios prestados están sometidos a amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y accidentes o desastres. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las AA.PP. para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestiones en el ejercicio de sus competencias. En el Esquema Nacional de Seguridad se concibe la seguridad como una actividad integral, en la que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas.

Pregunta. ¿Qué técnicas de dinamización han sido aplicadas en el curso?

Respuesta. A través de la herramienta del foro, se han analizado y contrastado las opiniones, dificultades y realidades en las administraciones locales en las que desempeñan sus puestos de trabajo los alumnos del curso, en relación a las obligaciones que imponen las nuevas Leyes 39 y 40/2015 a todas las Administraciones, que son: disponer de las herramientas y recursos necesarios para garantizar la relación electrónica con los obligados por la ley y con las personas físicas que así lo prefieran antes del 2 de octubre de 2016, tramitar electrónicamente los expedientes, disponer de un registro electrónico general, interoperables con el resto de registros electrónicos de las Administraciones, revisar los formularios de los procedimientos para incluir la posibilidad de oposición expresa en la cesión de datos entre Administraciones u organismos de la misma administración, determinar el sistema de identificación y firma electrónica para el acceso electrónico a los trámites o procedimientos administrativos, disponer de un sistema de información que soporte el Registro Electrónico de Apoderamientos, en el que conste el bastanteo del poder, adaptar la tramitación al nuevo cómputo de plazos, asegurar la asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos, archivar electrónicamente y garantizar el Derecho a la información y la transparencia, actualizar la información del catálogo de procedimientos de SIA y sede electrónica, actualización de la información en un Punto de Acceso General, publicar en sede electrónica los códigos seguros de verificación.

Gonzalez Alonso, Borja

Breve referencia curricular

Ingeniero Informático por la Universidad de Deusto.

Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional. Universidad de Vigo.

 Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Administración pública y actualmente es Jefe de Sección de Proyectos del Gobierno de Cantabria.

Vicedecano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Cantabria.

Tiene una amplia trayectoria formativa en esta materia para profesionales de la Administración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad Informativa Nº 120

Actualidad Informativa CEMCI Nº 120

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Entrevista con Jesús Eladio Matesanz Matesanz, Tutor del Curso: La gestión y control de la Tesorería Municipal (II edición)

Entrevista con Jesús Eladio Matesanz Matesanz, Tutor del Curso: La gestión y control de la Tesorería Municipal (II edición)

“La Tesorería Municipal se ha convertido en el órgano que de modo activo ha de garantizar la viabilidad financiera”

“Los entes locales se han convertido en el subsector del sector público, con menor endeudamiento y con mayores tasas de liquidez y cumplimiento de los periodos medios de pago”

“La Tesorería ha venido siendo pionera en la implantación de la Administración electrónica y tiene mejores defensas frente a ese estrés de cambio”

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Pregunta ¿Cómo ha afectado a la tesorería Municipal las ultimas medidas legislativas en materia de sostenibilidad financiera y presupuestaria?

Respuesta Las últimas tendencias legislativas, precisamente han introducido el concepto de sostenibilidad financiera, como complementario al de la estabilidad presupuestaria.

La sostenibilidad financiera afecta de lleno a la Tesorería Municipal como garante de la solvencia y liquidez del ente local; así la Tesorería Municipal se ha convertido en el órgano que de modo activo ha de garantizar la viabilidad financiera pautando en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones de deuda financiera bancaria y disminuyendo en lo posible el acceso a este mecanismo extraordinario de financiación, y de otro lado acomodando a los criterios de sana administración los tiempos de pago de las obligaciones de deuda comercial con proveedores, cumpliendo los plazos legales de pago y garantizando que el periodo medio de pago a proveedores (como medida sintética de comparación entre administraciones) se mueva en márgenes razonables.

Para conseguir tales fines utilizará la Tesorería un arsenal de medidas de planificación financiera, incidiendo  en la racionalización del área de gastos o pagos, pero especialmente en el área de ingresos tanto por mejoras en gestión, inspección y recaudación de los mismos, como por una planificación de la política de tipos impositivos.

Pregunta. ¿Existen motivos para seguir considerando a las entidades locales como malas pagadoras?

Respuesta. Con las lógicas limitaciones de una realidad que alcanza a casi 9000 entes locales (municipios, provincias, y otras entidades y organismos adscritos a los mismos) la respuesta es un rotundo NO.

Más bien al contrario en los últimos años, tras las medidas adoptadas tales como planes de pago a proveedores con sus planes de ajuste adheridos, y la racionalización de la gestión local, los entes locales se han convertido en el subsector del Sector Publico, con menor endeudamiento y con mayores tasas de liquidez y cumplimiento de los periodos medios de pago.

Es mas se empieza a hablar de un problema de exceso de liquidez y de superávit presupuestario, motivados por el carácter anticíclico de los ingresos locales ( ej. IBI) que no actúan como estabilizadores automáticos en términos macroeconómicos y las restricciones de gasto establecidas por la normativa presupuestaria.

El problema es que determinados municipios relevantes por su tamaño, han pasado por importantes dificultades de liquidez  (que van mejorando) y han arrastrado su huella de imagen a un sector local generalmente cumplidor de sus obligaciones de pago.

Pregunta: ¿Qué es la prudencia financiera?.

Respuesta. Un intento normativo del Ministerio de Hacienda, para unificar en horquillas razonables el coste de financiación de los entes del sector publico local, fijando unos máximos de precio o tipo de interés para las operaciones de endeudamiento, por referencia al coste medio de financiación del Estado si bien considerando algunos aspecto subjetivos y objetivos, tales como plazo de financiación y situación de dificultad financiera del ente solicitante de la financiación.

Ello ha permitido, atenuar el gasto financiero de los entes locales; pero como consecuencia de ello y de modo colateral se ha producido una restricción al crédito bancario para los entes locales con menor solvencia; este aspecto colateral en la ultima redacción dada a este principio (Resolución de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera publicada en BOE 6-7-2017) se ha tratado de subsanar, introduciendo criterios de flexibilidad en este tipo de entes locales con dificultades permitiendo en algunos caso endeudamiento no sujeto a una interpretación rigurosa de la prudencia financiera.

Pregunta ¿Ventajas del “confirming” para los entes locales?

Respuesta. En general puede suponer una instrumento cómodo para la gestión de pagos a terceros; pero realmente toma su importancia, en municipios con dificultades ya temporales, ya estructurales de liquidez, pues permite cumplir los periodos medios de pago a proveedores, convirtiendo una deuda comercial en deuda bancaria; si bien  el “confirming” está afectado por las limitaciones de importe máximo establecido para las operaciones de crédito a corto plazo en la legislación local.

Pregunta. ¿Cómo afecta la implantación de la Administración electrónica a la Tesorería local?

Respuesta. Toda la Administración esta sometida al benéfico estrés de cambio que supone esta nueva forma de relación instrumental; ahora bien la Tesorería ha venido siendo pionera en su implantación y tiene mejores defensas frente a ese estrés de cambio; ya históricamente hemos implantado sistemas de banca electrónica, sistemas de cobro telemático, gestión electrónica de recibos, facturación electrónica y pago por medios electrónicos, ejecución centralizada de embargos etc..

Tal vez el paso pendiente sea, como en otras áreas, la normalización de los procesos recaudatorios en el aspecto jurídico para encauzarlos en formato electrónico (ejemplo providencias de apremio, derivaciones de responsabilidad etc.)

Pregunta. ¿Se han alcanzado los objetivos que se había propuesto para este Curso?

Respuesta. Obviamente la contestación a esta pregunta, ha de quedar matizada por las opiniones que fundadamente emitan los alumnos, como destinatarios y jueces de la actividad formativa y también por la opinión de la dirección del CEMCI que con su experiencia docente y formativa, tiene elementos de contraste con los resultados de otras actividades formativas.

Con las limitaciones expuestas, la respuesta por mi parte es que si entiendo conseguidos de una manera satisfactoria los objetivos del curso, en especial porque una vez lanzado el material formativo inicial en la fase de desarrollo ha existido un interesante nivel de participación “on line” tanto en cantidad de intervinientes, como en la calidad de los problemas planteados y resueltos en el cruce de opiniones entre alumnos y tutor.

Pregunta. ¿Qué opinión tiene de la labor formativa del CEMCI?

Respuesta. Mi relación con el CEMCI es larga y prolífica, mis primeras actividades formativas como alumno (hace ya demasiados años) y mis frecuentes colaboraciones docentes con él mismo, hacen que el cariño sea profundo.

Pero el cariño, se basa en una historia de éxito formativo, que han convertido al CEMCI en referente en la formación especializada en lo local, a nivel nacional e internacional, tanto por la variedad de los temas tratados, como por la profundidad y buen tono de la formación expedida por los docentes seleccionados con una visión teórico-práctica de los problemas muy ponderada; ello salpimentado con una continua adaptación a las nuevas tendencias en lo formativo, utilizando cuantas novedades técnicas están al alcance en cada momento, en especial en esta última fase “on line” de la vida.

La fase “on line” tiene indudables ventajas, comodidad, economía, celeridad, transparencia, inter actuación; ahora bien permítaseme la nostalgia (propia de los adultos avanzados) se ha perdido el  maravilloso contacto visual y oral entre formador y alumnado y la oportunidad de enriquecerse formativa y humanamente mediante la estancia en una de las ciudades mas bonitas del mundo: Granada.

Matesanz Matesanz, Jesús Eladio

Breve currículum profesional del profesor:

Interventor-Tesorero de Administración Local, Categoría Superior.

Actualmente es Tesorero del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Especialista en la materia, con múltiples publicaciones y una larga trayectoria formativa para profesionales de la Administración local, tanto virtual como presencial.

Actualidad Informativa CEMCI Nº 119

Actualidad Informativa CEMCI Nº 119

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Actualidad Informativa CEMCI Nº 118

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Entrevista con Cayetano Prieto Romero, Tutor del Curso Monográfico de Estudios Superiores: Las novedades de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público

Entrevista con Cayetano Prieto Romero, Tutor del Curso Monográfico de Estudios Superiores: Las novedades de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público.

“Las relaciones electrónicas con las personas físicas y jurídicas obligadas a dicho tipo de relaciones se están desarrollando con total normalidad”

“Los municipios pequeños no han podido realizar las inversiones económicas necesarias para actuar en el ámbito de las Administración Electrónica, ni cuentan con el personal técnico necesario para la gestión ordinaria”

“Creo que en general ambas leyes mejoran y amplían la legislación sobre procedimiento común y el régimen jurídico de las administración públicas”

 

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Pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más significativos de la reforma de las ley 39/2015?

Respuesta. Los aspectos más significativos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son muchos, así, por ejemplo, la actualización de la legislación de procedimiento administrativo común conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia. También la incorporación en el procedimiento común de la regulación del procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial antes establecida con detalle en normas reglamentarias, así como la regulación del contenido del expediente administrativo electrónico. Pero, sobre todo, la generalización de la Administración electrónica (registros, notificación, tramitación procedimiento)  y la incorporación de nuevo título sobre mejora regulatoria o calidad normativa, constituyen dos de los contenidos más importantes, porque promueven una transformación completa de la cultura administrativa, en el ámbito de la gestión administrativa y de la forma de elaborar las normas, que servirán de garantía de los principios de eficacia y eficiencia.

Pregunta.  ¿Y de la Ley 40/2015?

Respuesta. De la Ley 40/2015 podemos destacar, en primer lugar, que se trata de una norma dedicada exclusivamente al régimen jurídico de las Administraciones Públicas, regulando con detalle, por primera vez, el régimen de los consorcios y los convenios interadministrativos, que son dos instrumentos imprescindibles para articular las necesarias relaciones de colaboración y cooperación entre las Administraciones. También regula las relaciones interadministrativas exigiendo, como regla general, su desarrollo de forma electrónica. Establece unos principios generales de actuación del sector público institucional de todas las Administraciones Públicas y regula el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, como registro público que deberá informar sobre todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza, lo que a su vez conecta con el principio de transparencia.

Pregunta.  ¿Cómo ha afectado a los ciudadanos la implantación de la administración electrónica?

Respuesta. Desde mi experiencia en la Comunidad de Madrid, las relaciones electrónicas con las personas físicas y jurídicas obligadas a dicho tipo de relaciones se están desarrollando con total normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que estos instrumentos venían siendo utilizados desde la Ley de 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por lo que se cuenta con una experiencia acumulada que facilita la implantación de las nuevas exigencias de la Ley de Procedimiento Común.

Pregunta. ¿Cree usted que la Administración Pública está lo suficientemente preparada para asumir esta realidad (E-Administración)?

Respuesta. Si pensamos en la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios de gran población y otros municipios medianos, podemos ver que todos ya han desarrollado importantes e interesantes actuaciones en el ámbito de la Administración electrónica, no obstante, no cabe duda que los municipios pequeños no han podido realizar las inversiones económicas necesarios para ello, así como tampoco cuentan con el personal técnico necesario para la gestión ordinaria. Muchos de ellos no tienen ni tan siquiera un portal web. Para superar estos problema, es fundamental la asistencia de las Diputaciones y de las demás Administraciones Públicas. Con la asistencia y colaboración de todos podremos acercarnos al objetivo de conseguir que en octubre de 2018 muchos Ayuntamientos pequeños estén preparados para la gestión electrónica.

Pregunta. ¿Cuáles son las principales novedades en relación a los órganos colegiados?

Respuesta. En esta materia, creo que la novedad principal se centra en el uso de los medios electrónicos –telefónicos, audiovisuales, etc.- en el funcionamiento de los órganos colegiados, por ejemplo, para que pueda constituirse mediante video conferencia o cualquier otro medio que no requiera de la presencia física de todos sus miembros en el mismo lugar.

Pregunta. ¿Y en cuanto a  las relaciones interadministrativas y concretamente a la formalización de Convenios de Colaboración entre Administraciones Públicas?

Respuesta. En el caso de las relaciones interadministrativas como he aputando antes se exige su desarrollo a través de medios electrónicos y en el caso de los convenios de colaboración creo que la cuestión más relevante es que, por fin, disponemos de un régimen básico común en la materia aplicable a todas las Administraciones Públicas, que define y clasifica los convenios, establece los requisitos de validez y eficacia, su contenido mínimo, etc.

Sobre los convenios podemos resaltar dos ideas adicionales: una, referente a su control externo, que exige que los convenios cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros sean comunicados de forma electrónica en el plazo de tres meses a su suscripción al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma; y otra, referente a la obligación de transparencia en esta materia establecido por la Ley de Transparencia de 2013 que exige la publicación activa de todos los convenios que se celebren.

Pregunta.  ¿Cuáles son según usted las principales deficiencias y lagunas de estas leyes?

Respuesta. Creo que ambas leyes suponen un avance importante en todos los aspectos que hemos comentado anteriormente y en otros muchos, no obstante, siempre existen cuestiones que quedan pendientes o no se resuelven de la forma que nos gustaría.  Por ejemplo, en el caso de la Ley 40 echo en falta unas normas básicas, comunes a todas las Administraciones Públicas, sobre el régimen jurídico de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público institucional, que hubiese reconducido la dispersión normativa existente actualmente.

Otra cuestión que también haberse regulado con carácter básico es la función de inspección administrativa, que viene reclamándose desde hace años, mucho más con el creciente uso de las técnicas de la declaración responsable y la comunicación, que implican un reforzamiento de los controles ex post de las actividades de los particulares.

Pregunta. ¿Cree que estas leyes mejoran el régimen jurídico y el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas?

Respuesta. Sin perjuicio de algunos aspectos que pueden mejorarse, creo que en general ambas leyes mejoran y amplían la legislación sobre procedimiento común y el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por lo tanto, el balance es, en mi opinión, claramente positivo.

Pregunta. ¿Cómo mejoraría o que eliminaría o sustituiría en el contenido de ambas leyes?

Respuesta. Ambas leyes son imprescindibles porque cumplen una función esencial de actualización de una parte central del Derecho Administrativo, por lo tanto, no puede pensarse en la idea de derogarlas o eliminarlas. Ni tan siquiera pensaría en modificarlas o sustituirlas porque me parecen que, en su conjunto, son dos buenas leyes. Ahora es el tiempo de su aplicación y de tratar de sacar el máximo rendimiento a sus contenidos, lo que debe hacerse por todas las Administraciones Públicas.

Pregunta. ¿Considera que se han alcanzado objetivos del curso que usted dirige sobre las novedades de las Ley 39 y 40/2015 ?

Respuesta.  En primer lugar, me gustaría agradecer al CEMCI la confianza depositada en mi persona para dirigir y organizar este curso. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a todos los profesores que ha participado en este curso que han puesto todo su interés y esfuerzo en tratar que se cumplan plenamente sus objetivos. En tercer lugar, nos sentimos muy satisfechos con los resultados de las evaluaciones realizadas por los alumnos.Y, por último, no cabe duda que siempre recibimos algún consejo interesante por parte de los alumnos que aplicaremos en los siguientes cursos que organicemos.

prieto romero, cayetano

Breve referencia curricular

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Alcalá de Henares y Master

en Gestión y Dirección Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset  (Universidad Complutense de Madrid).

Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Administración pública, tanto

autonómica como local.

Ha sido  Director General de Organización y Régimen Jurídico, del Área de

Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de

Madrid.

Actualmente es Asesor Técnico, Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, de la Comunidad de Madrid (desde julio 2015)

Es miembro del Consejo Asesor del Master en Derecho y Administración Local de la

UAM.

Ha dirigido, entre otros, las siguientes publicaciones:

– “Estudios a la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid”.

– “Los Distritos: Gobierno de Proximidad”.

– “La descentralización de competencias autonómicas en la Ciudad de Madrid”.

Igualmente ha publicado diversos estudios sobre colaboración público-privada en el

ejercicio de funciones públicas, entre ellos:

– Cayetano Prieto y Alfredo Galán, “El ejercicio de funciones públicas por

entidades privadas colaboradoras de la Administración”, en Anuario de Derecho

Municipal 2008, 2009.

– Cayetano Prieto y Alfredo Galán, “Normas de gestión de las licencias

urbanísticas de actividades. Ayuntamiento de Madrid”, editorial Huygens, 2010.

– Cayetano Prieto e Ignacio Molina, “El nuevo sistema de gestión de las licencias

urbanísticas de actividades del Ayuntamiento de Madrid”, editorial Huygens,

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad Informativa CEMCI Nº 117

Queridos amigos,

Ya está disponible  el número 117 de la Actualidad Informativa CEMCI, con información que esperamos os resulte de interés.

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Entrevista con Enrique Porto Rey, Tutor del Curso: Clasificación, calificación, situaciones básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento.

Entrevista con Enrique Porto Rey, Tutor del Curso: Clasificación, calificación, situaciones básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento.

“El legislador general detenta la competencia exclusiva sobre la materia y por tanto se valora de igual forma en todas las Comunidades Autónomas”

“Resolver por los alumnos la equiparación entre las leyes urbanísticas autonómicas y la del suelo estatal constituyó la primera parte del curso”

“El curso se desarrolló con una participación muy activa por parte de los alumnos”

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Pregunta. ¿Cuáles son los principales objetivos que pretendía conseguir en este curso?

Respuesta. El Curso “Clasificación, calificación, situaciones básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento”, iba dirigido a funcionarios públicos con cualquier tipo de formación, jurídica o técnica (Secretarios, Interventores, Políticos, Asesores, Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos Técnicos…).  Se pretendía actualizar sus conocimientos en valoraciones y para ello y en primer lugar tras el estudio de las técnicas urbanísticas de la clasificación y calificación del suelo, establecidas en abstracto por la legislación urbanística autonómica y su concreción formal por el planeamiento urbanístico municipal, pudieran entender la ordenación urbanística mediante el planeamiento municipal.

En segundo lugar, se trataba de analizar el régimen jurídico básico estatal, según la situación básica en la que se encuentre el suelo, establecida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el Reglamento, haciendo hincapié en la práctica de su aplicación, en el quehacer cotidiano de los funcionarios, con la finalidad de que ejerciten y perfeccionen sus conocimientos para poder realizar valoraciones de suelo, construcciones, edificaciones, instalaciones, derechos reales, etc., atendiendo a aspectos jurídicos y técnicos y conforme a lo establecido en el ordenamiento vigente en el año 2017 y dentro del marco normativo estatal del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, tras las STC 141/2014, de 11 de septiembre; STC 43/2015, de 2 de marzo, STC 218/2015, de 22 de octubre, y STC 244/2015, de 30 de noviembre  y, al mismo tiempo, de las leyes urbanísticas autonómicas vigentes en las CCAA donde ejerzan  su profesión los participantes en el Curso.

Pregunta. ¿Qué ventajas y utilidades tiene la organización de este curso?

Respuesta. La ventaja que tiene organizar un Curso sobre valoraciones a efectos expropiatorios, o de determinación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, o de la fijación del precio de venta o restitución forzosa, o en la equidistribución sin acuerdo de los propietarios, es que el legislador general detenta la competencia exclusiva sobre la materia y por tanto se valora de igual forma en todas las Comunidades Autónomas.

Esto se notó en la procedencia de los alumnos, que no se limitan a Andalucía, sino que al ser un Curso “On Line”, se inscribieron de diversas Comunidades Autónomas y eso enriqueció el Curso, puesto que en los foros y debates se plantearon supuestos de diversas leyes urbanísticas autonómicas que se resolvieron con la ley estatal.

Todas las Leyes urbanísticas autonómicas clasifican el suelo en el triduo de clases urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico, mientras que la Ley de Suelo estatal lo hace en tan solo dos situaciones básicas o clases.  Resolver por los alumnos la equiparación entre las leyes urbanísticas autonómicas y la del suelo estatal constituyó la primera parte del Curso, puesto que en definitiva, valorar es cuantificar monetariamente el contenido económico de los derechos de propiedad establecidos en la Ley estatal con carácter básico en toda España, y completados y modalizados por las leyes urbanísticas en cada una de las Comunidades Autónomas.

Pregunta. ¿Cómo ha sido en general el desarrollo del curso?

Respuesta. El Curso se desarrolló con una participación muy activa por parte de los alumnos y se realizaron diversos ejercicios prácticos, resolviendo problemas que suelen ser comunes en las valoraciones requeridas por los Ayuntamientos, valoración de suelos urbanizados y rurales, edificaciones, derechos reales, valoración de permutas, valoración de los 10 por ciento de aprovechamientos municipales, valoración de servidumbres, valoración de indemnizaciones…

Todo ello facilitado por la magnífica labor de dirección del Servicio Docente y coordinación y control del personal el CEMCI de la Diputación de Granada, sin cuya colaboración en el Curso no se podría haber llevado a efecto.

 

enrique porto

Nota curricular de Enrique Porto Rey:

Catedrático de arquitectura, arquitecto y urbanista, ha sido miembro del Cuerpo de arquitectos del Ministerio de Vivienda. También ejerció como profesor adjunto de Universidad, siendo profesor titular. Ha dirigido profesionalmente los equipos redactores de los Planes generales de Palencia, Burgos, Albacete, A Coruña, Soria, Cáceres, y otros, así como redactor de más de treinta planes parciales y especiales. Profesor de Urbanismo de la ETSAM, es asimismo autor de numerosos libros y artículos de Urbanismo.

 

III FORUM LOCAL DE MEDIO AMBIENTE

III Forum Local de Medio Ambiente.

Granada, 1 y 2 de junio de 2017

Se ha celebrado con gran éxito el “III Forum Local. Medio Ambiente”, organizado por el CEMCI en colaboración con la Diputación Provincial de Granada,  la Fundación Democracia y Gobierno Local y la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.

A través de este encuentro, se ha sometido a análisis y estudio buena parte de las cuestiones más cruciales que afectan al medio ambiente, desde una perspectiva eminentemente local.

En España, sin perjuicio del papel protagónico que a nivel  normativo ocupan en esta materia el Estado central y las Comunidades autónomas, a nivel de gestión, también los Gobiernos y Administraciones locales, municipales y provinciales, tienen un importante papel que jugar, por ejemplo, en lo relativo a la protección del medio ambiente, la gestión de los residuos, la lucha contra el cambio climático y la contaminación, el tratamiento de las aguas, etc.

Esta actividad es fruto del Convenio Marco de Colaboración y el Acuerdo Específico de de Colaboración recientemente firmados entre la Fundación Democracia y Gobierno Local y el Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional, y cuyos principales objetivos son:

-Realizar acciones conjuntas de formación e investigación dirigidas principalmente a empleados públicos locales.

-Realizar conjuntamente trabajos de investigación, estudios, publicaciones, etc.

-Organizar congresos, jornadas, seminarios, etc. sobre materias de interés común.

-Realizar intercambio de publicaciones, mediante donación recíproca de las propias obras.

En la inauguración, que  tuvo lugar ayer día 1 de junio en el Salón de Actos del CEMCI,   participaron:

Manuel Gregorio Gómez Vidal

Vicepresidente y Diputado Delegado del Centro de Estudios Municipales y de

Cooperación Internacional (CEMCI).

Ramón Camp i Batalla

Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Miguel Roca Junyent

Abogado. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Fernando López Ramón

Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.

Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza.

 

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