NUEVO BOLETIN CEMCI DE 1 DE MAYO DE 2019
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El objetivo principal de esta publicación es la actualización de los contenidos de la Revista CEMCI, haciendo llegar a nuestros suscriptores y colaboradores en general la información sobre la actualidad más reciente, noticias tanto de carácter formativo o doctrinal, así como las novedades o reformas legislativas que surgen día a día.
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Ya está disponible el número 41 de la revista CEMCI correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019.
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11 de abril de 2019
ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO MORENO MOLINA Curso sobre contratación pública local 2019
ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO MORENO MOLINA
Curso sobre contratación pública local
12 de febrero de 2019- 22 de abril de 2019.
‘…La nueva filosofía de compra pública responsable y sostenible va “calando” de forma destacable….’
‘…A mi entender el mayor problema en la aplicación de la nueva Ley de contratos está siendo la falta de implantación de la contratación pública electrónica por parte de muchas Administraciones…’
‘…ha faltado una mayor integración entre la Ley de contratos y la Ley de Transparencia…’
PREGUNTA: Ya se ha cumplido un año desde que se celebró aquí en el CEMCI la Jornada para entidades locales: “la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, jornada que usted dirigió y en la que se fueron analizando los objetivos pretendidos por esta nueva ley 9/2017 de 8 de noviembre. Un año después ¿nos puede hacer su valoración?
RESPUESTA: Mi valoración en términos generales es positiva. La nueva Ley de Contratos introdujo cambios de mucha importancia en la gestión contractual y los mismos se están asumiendo tanto por las Administraciones y entidades públicas como por las empresas licitadoras. La nueva filosofía de compra pública responsable y sostenible va “calando” de forma destacable. Quiero destacar también la unificación de la actividad contractual del sector público que llevó a cabo la LCSP y la supresión de las instrucciones internas. También ha sido importante la reordenación de procedimientos de contratación y la limitación del uso de los contratos menores.
PREGUNTA: Uno de esos objetivos contemplados es la implantación e implementación de la contratación pública electrónica obligada, pero en 2018 también nos hemos encontrado con una prórroga de dos años, hasta octubre de 2020, para la producción de efectos obligatorios de las previsiones de la Ley 39/2015 relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico. ¿Esto supone un respiro o más bien un inconveniente para el procedimiento de contratación pública?
RESPUESTA: Por una parte, ofrece más margen de tiempo a las Administraciones, en especial a las locales, que son a las que más está costando la adaptación a las nuevas exigencias electrónicas; pero por otra parte es criticable la descoordinación entre la Ley 39/2015 y la Ley 9/2017. A mi entender el mayor problema en la aplicación de la nueva Ley de contratos está siendo la falta de implantación de la contratación pública electrónica por parte de muchas Administraciones.
PREGUNTA: Esta Ley 9/2017 contempla beneficios para las PYMES, pero algunos de los cambios introducidos implican la realización de trámites que pueden resultar muy complicados para muchas pequeñas empresas locales por lo que les será muy difícil licitar. ¿Estamos, por tanto, ante una buena intención por parte de la ley pero quizá ante el más difícil de los objetivos a conseguir?
RESPUESTA: Seguramente sí y los datos ponen de manifiesto que falta mucho camino por recorrer para que las PYMES participen más en los contratos públicos. Tan sólo un 28% de los adjudicatarios de los procedimientos de contratación pública en nuestro país son pymes, según acaba de hacer público la OCDE en noviembre de 2018 (así lo destaca Fernando VICENTE DAVILA: “Las medidas de apoyo a las pymes: dudas y posibles dificultades sobre su efectividad”, http://www.obcp.es/)
PREGUNTA: Y echando la mirada hacia el interior de las Administraciones Públicas: ¿Cuál es, a su entender, la situación real que están viviendo los Servicios de contratación de las Diputaciones y de los Ayuntamientos tras la entrada en vigor de esta Ley? ¿Cómo se están adecuando estas entidades locales a la nueva regulación del perfil de contratante?
RESPUESTA: La Ley de contratos está suponiendo un importante esfuerzo de adaptación por parte de los servicios de contratación de Diputaciones y Ayuntamientos, principalmente en cuanto a sus exigencias respecto a la contratación electrónica y a la transparencia. En este sentido la nueva regulación del perfil de contratante refuerza la información a ofrecer a los licitadores y ciudadanos pero ha faltado una mayor integración entre la Ley de contratos y la Ley de Transparencia
PREGUNTA: Por último y con base en este curso: ¿Considera que se han alcanzado los objetivos, contenido…, que usted se había propuesto?
RESPUESTA: Creo que si se han alcanzado los objetivos principales del curso y se ha podido realizar un completo análisis de las principales novedades de la Ley de contratos y su aplicación práctica. Quiero resaltar la buena participación de los alumnos del curso y sus destacadas intervenciones a lo largo del mismo.
JOSE ANTONIO MORENO MOLINA es Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Director de la Revista Mensual “Contratación Administrativa Práctica” de la editorial Wolters Kluwer La Ley y del Máster en “Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-la Mancha.
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3 de abril de 2019
Entrevista a PAZ SÁNCHEZ ZAPATA Y MAR HERRERA MENCHÉN, ponentes de la Jornada Innovando y Evaluando en las Políticas públicas.
JORNADA INNOVANDO Y EVALUANDO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
26 de marzo de 2019
PAZ SANCHEZ ZAPATA Y MAR HERRERA MENCHÉN
‘…Los Gobiernos tienen la obligación de escuchar las demandas ciudadanas, porque dar respuestas a ellas es la razón de su existencia. Entonces, o cambiamos, o innovamos o desaparecemos…’
‘…Para el Gobierno y las personas con responsabilidad política, la evaluación les permitiría explicar a la ciudadanía el valor de la política y de la acción pública, así como rendir cuentas, lo que incrementará su credibilidad y legitimidad…’
En los tiempos que estamos viviendo ¿Están realmente los ciudadanos empoderados? ¿Preparados para colaborar conjuntamente con sus gobiernos y administraciones?
Paz Sánchez: Pues son dos preguntas completamente distintas. Sin duda alguna la ciudadanía en general tiene ahora en sus manos muchos mas medios para obtener información, reclamarla y hacerse oír, lo que la hace sentirse empoderada. Por otra parte, como ciudadanía, a menudo no sabemos cómo filtrar y utilizar toda esa información y, sobre todo, adolecemos de una cultura participativa y de colaboración constructiva con los gobiernos y administraciones. Empieza ahora a aparecer en la agenda pública, y tal vez con retraso, la formación de la ciudadanía en temas participativos como una de las acciones que los gobiernos necesitan poner en marcha. Y a la vez, otro gran reto, la formación en las mismas áreas de las personas empleadas públicas, acostumbradas a entornos jerárquicos y compartimentos estancos, que deben pasar de ser gestores exclusivamente, a ser facilitadores de conversaciones.
La creciente complejidad de los problemas y de los entornos sociales obligan a replantearse muchas premisas de la gestión publica a través de la innovación.
¿Están sabiendo nuestras administraciones locales adaptarse a los cambios que la sociedad del conocimiento les está exigiendo?
Paz Sánchez: El cambio necesario va excesivamente lento y a velocidades muy distintas. Hay ejemplos de Administraciones locales, como la de Alcobendas por poner un ejemplo, que son desde hace tiempo un ejemplo de transformación digital y adaptación al cambio. Otras como la diputación de Huelva o el ayuntamiento de Málaga que llevan tiempo haciendo un gran esfuerzo de adaptación de procesos y servicios a las necesidades de la ciudadanía con oficinas de innovación o de gestión del cambio… Creo que en general, se está tomando consciencia de la necesidad real de adaptarse para dar respuestas acordes a la situación actual si bien la transformación necesaria es de calado y la velocidad es demasiado lenta. Los Gobiernos tienen la obligación de escuchar las demandas ciudadanas, porque dar respuestas a ellas es la razón de su existencia. Entonces, o cambiamos, o innovamos o desaparecemos.
¿Cómo puede innovar un pequeño municipio? ¿Por dónde debe empezar?
Paz Sánchez: Los nuevos requerimientos y roles sociales obligan a una transformación de la gestión pública tradicional hacia una estructura mas flexible, con mayor capacidad de reacción, mayor proactividad, y de carácter cooperativo. Estos pueden ser principios básicos que hay que poner en marcha. Entendemos que la estrategia de cambio cultural, donde la innovación se incorpore como una práctica común a todos, es un buen inicio. Hay ayuntamientos que han desarrollado ya su propia estrategia de transformación, y en general todas tienen enfoques con similaridades: por un lado, trabajar creando nuevos contextos, desde la base, dando formación y creando entornos adecuados a la conversación, para que se pierda el miedo a la innovación y la gente sencilla se atreva a implementar nuevas ideas; y por otro, dando apoyo y respaldo desde arriba a iniciativas existentes, que actúen de punta de lanza, y a personas con una cierta capacidad para innovar para hacerlas visibles y conectarlas entre ellas. Para un pequeño municipio, empezar con un proyecto estrella que aglutine a las personas con inquietudes, genere ilusión, y cree espacios de debate, es un buen comienzo.
¿Qué ejemplo resaltaría usted de innovación en políticas públicas en Andalucía?
Paz Sánchez: Me parece que la Junta de Andalucía está siendo pionera en este tema por cuanto su planteamiento de evaluación de políticas públicas pasa por una evaluación ex – ante que permite replantearse los objetivos de la política en cuestión hacia la creación de valor público, partiendo de premisas como la trasparencia y la rendición de cuentas. Esta es la mayor de las innovaciones en nuestras administraciones actualmente.
Otros ejemplos concretos pueden ser:
– Red Guadalinfo (inclusión digital en zonas rurales): un caso de éxito mundial
– Garantía de plazos de atención sanitaria (Andalucía fue la primera de España, allá por 2001, que introdujo esta política en una norma)
¿Cuáles son los principales beneficios de una adecuada evaluación de las políticas públicas (EPP)?
Mar Herrera: La ciudadanía puede obtener la posibilidad de participar de forma sistemática y coproducir políticas públicas, proporcionándoseles además, la sensación de que “controla” al gobierno y/o a la administración, porque conoce lo que se está haciendo y en qué se invierte el presupuesto público. Además, la información y valoración de la acción pública, logra sensibilizar a determinados grupos de interés de la necesidad de actuar en determinadas cuestiones sociales que, aunque pudieran parecer para ellos que no son prioritarias, se prevén rentables para la sociedad en general. Por último, a través de la difusión de resultados, la ciudadanía conoce el trabajo de la administración y su efectividad, lo que le permite valorar los trabajos realizados.
La evaluación puede ser de gran ayuda a los agentes promotores y gestores de programas y planes para conseguir fondos en un escenario de competitividad por los escasos recursos económicos. Cuando se puede explicar que se han analizado previamente las posibilidades y se ha escogido las acciones que más probabilidad de éxito tienen o, se puede demostrar que se está siendo eficaz, que se están logrando objetivos, es mucho más fácil conseguir apoyos y recursos. Otra gran ventaja de realizar evaluación es que se convierte en un instrumento para aprender de la práctica: discriminando aquellas cuestiones que funcionan y por qué y detectando lo que no funciona o no logra objetivos, con lo que se pueden abordar cambios. Así mismo, les permitirá intercambiar buenas prácticas. Por último, el monitoreo es una ayuda esencial para la gestión del programa.
Para el Gobierno y las personas con responsabilidad política, la evaluación les permitiría explicar a la ciudadanía el valor de la política y de la acción pública, así como rendir cuentas, lo que incrementará su credibilidad y legitimidad. Ello empodera a las personas dirigentes, al contar con la suficiente información para poder tomar decisiones de gran calado, sobre todo en un escenario de escasos recursos económico para los presupuestos públicos.
A modo de conclusión, ¿Cómo valora esta materia y el papel que puede jugar el CEMCI en ella?
Paz Sánchez: Creo sinceramente que es esencial el papel que deben jugar las instituciones dedicadas a la formación en estos momentos, por cuanto tienen en sus manos el poder de poner en contacto, a la vez que formar, a las personas que deben realizar la transformación mencionada. Como centro de estudios tienen a su disposición el talento para crear debate y conversaciones que son necesarias para generar nuevo conocimiento compartido en estas materias.
Mar Herrera: Es esencial un cambio cultural en las administraciones y la formación y sensibilización que puede hacer el CEMCI es esencial para tratar de convencer de las ventajas que la Innovación y la evaluación tiene para todos los agentes implicados. Pero además de convencer, hay que explicar cómo se hace y acompañar los procesos. Dado que las prácticas son escasas el CEMCI puede poner en valor las buenas prácticas, extraer lecciones de cómo poder implantar la innovación y la EPP a nivel local y colaborar en el desarrollo de las competencias profesionales necesarias.
Paz Sanchez Zapata es consejera técnica del Instituto Andaluz de Administración Pública, actualmente a cargo del programa de Innovación Pública en la Junta de Andalucía paz.sanchez@juntadeandalucia.es . Ha desarrollado la carrera administrativa en distintos ámbitos de la Administración; entre otros puestos, Directora General de Innovación e Industrias Culturales de la Junta de Andalucía, Directora General de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Jefa de Servicio de Prospectiva y Formación Turística y Directora de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía.
Mar Herrera Menchén es responsable del Área de Evaluacion de Politicas Publicas del IAAP, Junta de Andalucía. Mar.herrera@juntadeandalucia.es. Es doctora en evaluación y ha desarrollado múltiples puestos en general relacionados con la formación, la investigación y la evaluación.
El presente boletín trata de actualizar los contenidos de la Revista CEMCI, facilitando información sobre las noticias de interés para el mundo local que puedan surgir, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa… Su periodicidad es quincenal, pudiendo consultarse en su totalidad a través de la Revista electrónica del CEMCI y en el Centro de Documentación Virtual.
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