ACTUALIDAD INFORMATIVA CEMCI Nº 143

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ACTUALIDAD INFORMATIVA Nº 142

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ACTUALIDAD INFORMATIVA CEMCI Nº 141

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ENTREVISTA A ALBERTO PENSADO SEIJA, PROFESOR DEL CURSO: IMPACTO DE LA LEY 39 Y 40/2015 EN EL URBANISMO

Curso: IMPACTO DE LA LEY 39 Y 40/2015 EN EL URBANISMO. 5 de junio al 4 de julio.

Profesor: ALBERTO PENSADO SEIJAS.

‘La disociación de la Ley 30/1992 a nivel estructural no aporta sino confusión y disgregación normativa.’

‘Resaltaría la regulación sancionadora, con aspectos novedosos, como el denominado “principio de clemencia” y la regulación de las reducciones en las multas.’

‘Es fundamental la visión del operador jurídico “de trinchera”, en un Ayuntamiento pequeño, que se enfrenta a expedientes tan distintos y complejos como informar un estudio de detalle, una licencia o un expediente de disciplina urbanística’

 ENTREVISTA:

Pregunta: La entrada en vigor de las Leyes 39 y 40 del 2015 tiene repercusiones importantes en el sector urbanístico ¿Podría decirnos que cambios y/o modificaciones introducen estas dos leyes que usted considera más relevante?

En el campo sectorial urbanístico, al aplicarse tanto al procedimiento como a la tramitación de los expedientes son esenciales en lo “general”; y respecto a lo “particular”, salientaría los aspectos sancionador, y en la aplicación del nuevo Título VI en materia de elaboración y aprobación de ordenanzas y reglamentos.

Pregunta: Al hilo de la pregunta anterior, ¿cree adecuado el desglose de todos estos puntos que nos refiere en dos leyes diferentes? ¿Hay algún aspecto que considere que es un desacierto haberlo regularlo en una u otra ley o en las dos?

Personalmente, entiendo que la disociación de la Ley 30/1992 a nivel estructural no aporta sino confusión y disgregación normativa. Siendo la tendencia la unificación normativa en los distintos ámbitos sectoriales, las nuevas Leyes parecen ser una excepción.

Pregunta: En su opinión, ¿Cuál es la carencia o error que más destacaría de ambas leyes en cuanto al procedimiento en materia urbanística? Así mismo, ¿qué aspectos o elementos han sido mejorados respecto de la regulación anterior?

Es evidente que al ser Leyes básicas de procedimiento y organización, no conllevan de por sí la regulación sustantiva en materia de urbanismo, si bien, en muchos casos la remisión expresa que la mayoría de las Leyes Autonómicas Urbanísticas realizan a las mismas, hace que sean esenciales en los distintos tramites administrativos.

Resaltaría la regulación sancionadora, con aspectos novedosos, como el denominado “principio de clemencia” y la regulación de las reducciones en las multas.

Pregunta: ¿Cómo valora usted el trabajo que están llevando a cabo las Entidades Locales, especialmente las de menor tamaño, en esta carrera contra reloj para la adecuada implementación de ambos textos normativos en el ámbito del urbanismo?

De manera ingente, ya que los medios son escasos, siendo el papel de las Diputaciones Provinciales básico y fundamental, sobre todo en materia de Administración electrónica, respecto a la tramitación de los expedientes urbanísticos.

Y por otro lado, respecto a la implementación de los nuevos títulos habilitantes: Comunicación y Declaración Responsable.

Pregunta: ¿Cuáles son los principales objetivos que, como profesor del mismo, pretendía conseguir en este curso?

Sobre todo a nivel práctico. Es fundamental la visión del operador jurídico “de trinchera”, en un Ayuntamiento pequeño, que se enfrenta a expedientes tan distintos y complejos como informar un estudio de detalle, una licencia o un expediente de disciplina urbanística. El curso está dirigido a dar soluciones a casos “reales”, y administrar las herramientas para cuándo surjan, estemos preparados para enfrentarlos.

Pregunta: Enjuicie brevemente la labor en el campo formativo del CEMCI.

La palabra es “encomiable”. A la gran oferta anual en todos los campos, debemos añadirle la calidad de los tutores/ponentes, siendo auténticos referentes en sus materias. Entiendo que Cemci en la actualidad, conlleva marca de calidad tanto a nivel cursos de formación, como en sus distintas publicaciones (revista digital) o servicios ofertados.

ROSTRO (Copiar)

 Datos CV:

Actualmente Jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Marín (Técnico de Administración General-Grupo A1). Licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Politicas y de la Administración y graduado en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas (USC) y actualmente Doctorando en Derecho.

Presencia en RRSS:

linkedIn: https://www.linkedin.com/in/alberto-pensado-48842758/

twitter: https://twitter.com/pensado_alberto

 

 

NOVEDAD EDITORIAL

PROBLEMAS Y SOLUCIONES AL EMPLEO PÚBLICO ACTUAL. UNA VALORACIÓN A LOS 10 AÑOS DE LA APROBACIÓN DEL EBEP

Jorge Fondevila Antolín

linkedin.com/in/jorge-fondevila-antolín-1394374b

Colección: Análisis y Comentarios, 52

https://www.cemci.org/publicaciones/problemas-y-soluciones-al-empleo-publico-actual-una-valoracion-a-los-10-anos-de-la-aprobacion-del-ebep-737

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ACTUALIDAD INFORMATIVA CEMCI nº 140

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ACTUALIDAD INFORMATIVA Nº 139-CEMCI

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NOVEDAD EDITORIAL

‘111 PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRÁCTICAS SOBRE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA’

ISABEL MELÚS GIL Y JOAQUIN MESEGUER YEBRA  @MeseguerYebra

Colección Análisis y Comentarios nº 51

https://www.cemci.org/publicaciones/111-preguntas-y-respuestas-practicas-sobre-acceso-a-informacion-publica-735

AYC51

Entrevista con Rubén Martínez Gutiérrez, profesor del Curso: Documentos Administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y registro y archivo electrónico.

‘muchas Administraciones y especialmente las Administraciones Locales más pequeñas no han recibido ni formación, ni medios materiales ni humanos, y a día de hoy, no tienen siquiera expectativa de contar con una plataforma de tramitación electrónica de procedimientos que cumpla con plenas garantías’.

‘las Diputaciones tienen que ejercer su liderazgo vía la obligación determinada en el artículo 36.1.g) de la LRBRL y ofertar estos sistemas y cobertura técnica y jurídica para su implantación y funcionamiento a las Administraciones Locales.’

‘con la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la situación se agravará todavía más, ya que también impone la tramitación electrónica y afecta a la UE vía Derecho de la Competencia y el Mercado Único. Tenemos que rectificar, comenzar a trabajar y hacer las cosas bien cuanto antes¡

ENTREVISTA A D. RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIORES: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS, EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS Y REGISTRO Y ARCHIVO ELECTRÓNICO.

Pregunta: La ley 30/1992 reguló el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico de las Administraciones Públicas. La nueva regulación de estas materias se divide en dos textos normativos: las leyes 39/2015 y 40/2015. ¿Cuáles son, en su opinión, los motivos de esa división? ¿Aporta algunas ventajas respecto de la regulación en un único texto?

Respuesta: En mi opinión, la actual división en dos textos no aporta armonía ni coherencia a la nueva regulación legal, es decir, ha sido un error. Además, la distinción entre vertiente externa, regulada en la Ley 39/2015, y vertiente interna, regulada en la Ley 40/2015, no es tan fácil de realizar. De hecho, las Leyes tienen fallos evidentes en relación a la ubicación sistemática de algunos de sus artículos, que regulan instituciones en una vertiente que no se corresponden con la realidad: por ejemplo, la sede electrónica o los portales web públicos, instrumentos que claramente son de la vertiente externa se regulan en la Ley 40/2015, que es la que regula la vertiente interna.

Pregunta: ¿En qué aspectos mejoraría el texto normativo de la ley 39 y 40/2015 y cuáles han sido desde su punto de vista los errores u omisiones más significativos de los que adolece estas leyes en materia de actividad electrónica en las AAPP?

Respuesta: Creo que sería muy positivo en el futuro que se regulasen en una única Ley todos los aspectos relativos al nuevo procedimiento administrativo electrónico común, y que en principio deberían haberse regulado en la Ley 39/2015. Por ejemplo, la regulación de la sede electrónica, de los portales web, del archivo, e incluso, del funcionamiento electrónico del sector público, actualmente regulados en la Ley 40/2015, deberían haberse llevado a la Ley 39/2015. Igualmente pienso que no ha sido un acierto separar la regulación del procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial, en la Ley 39/2015, y los principios y bases de su fundamentación, que se regulan en la Ley 40/2015. Asimismo, la regulación de los registros y de las implicaciones electrónicas de los mismos, que es pieza clave del sistema, no se ha regulado correctamente y adolece de lagunas, situación que debería solucionarse de inmediato. En definitiva, la distinción de los temas que analizan ambas Leyes no es tan nítida ni acertada, y la nueva legislación adolece de algunos errores y lagunas, y esta cuestión hay que solucionarla para dotar al ordenamiento jurídico de coherencia y de seguridad jurídica.

Pregunta: Para los ciudadanos y para la propia Administración, ¿cuáles son los principales beneficios de la administración electrónica en general y del procedimiento administrativo electrónico en particular?

Respuesta: Que la e-Administración, bien entendida y bien desarrollada por nuestras Administraciones Públicas, nos facilitará la vida a todas las personas, tanto a quienes se relacionen con las AAPP como a quienes prestamos nuestros servicios en una Administración. La agilidad, simplificación y mayor seguridad jurídica de la tramitación administrativa que aportan las TIC al procedimiento administrativo es una oportunidad que no puede dejarse escapar.

Pregunta: Aunque muchas Entidades Públicas ya vienen funcionando de forma electrónica, es seguro que algunas Entidades no estarán preparadas para funcionar electrónicamente a partir de la fecha límite de 2 de octubre de 2018. ¿Qué ocurrirá en esos casos, qué alternativas habrá?

Respuesta: La verdad es que la situación a día de hoy es muy preocupante, teniendo en cuenta que la plena eficacia de la Ley 39/2015 se producirá en breve. El problema ya no es solo que las Administraciones no vayan a llegar a tiempo de cumplir el nuevo marco legal, sino que muchas Administraciones y especialmente las Administraciones Locales más pequeñas no han recibido ni formación, ni medios materiales ni humanos, y a día de hoy, no tienen siquiera expectativa de contar con una plataforma de tramitación electrónica de procedimientos que cumpla con plenas garantías. Esta es una situación generalizada en toda España, cuestión que afecta estructuralmente a nuestro sistema administrativo. Finalmente, con la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la situación se agravará todavía más, ya que también impone la tramitación electrónica y afecta a la UE vía Derecho de la Competencia y el Mercado Único. Tenemos que rectificar, comenzar a trabajar y hacer las cosas bien cuanto antes.

Pregunta: En el mercado existen diversas opciones que ofrecen gestores de expedientes administrativos y otras múltiples herramientas electrónicas que vienen a facilitar la gestión electrónica administrativa. Su adquisición supone un alto coste y además no siempre se garantiza que sean idóneas para el tipo de entidad que las adquiere. ¿Cuál es su visión del tema y qué podría aconsejar sobre esto a las pequeñas y medianas entidades locales?

Respuesta: Hay que analizar y seleccionar muy bien las opciones, y para ello, es fundamental el conocimiento y la formación del personal público que esté al frente de estos proyectos, que además deberá contar con un equipo multidisciplinar. Un error en la selección puede ser crítico, y por ello hay que diseñar muy bien la documentación contractual de la licitación de este tipo de productos y servicios. En este punto, y en particular, respecto a los pequeños y medianos Ayuntamientos, pienso que las Diputaciones tienen que ejercer su liderazgo vía la obligación determinada en el artículo 36.1.g) de la LRBRL y ofertar estos sistemas y cobertura técnica y jurídica para su implantación y funcionamiento a las Administraciones Locales.

Pregunta: Los documentos administrativos electrónicos han de ser interoperables. ¿Es la interoperabilidad una amenaza para la protección de datos de carácter personal?

Respuesta: ¡Todo lo contrario! Es una muy buen pregunta porque normalmente se piensa en la interoperabilidad como la barra libre a los datos de los documentos pero realmente no es así. La interoperabilidad bien entendida, permite acceder a datos concretos de los documentos y expedientes y no a documentos completos, y si además, ello se suma a la posibilidad de realizar comprobaciones automatizadas de datos contra los archivos basadas en preguntas Sí/No, la garantía es total. Las Administraciones Públicas, y también la ciudadanía en general, debemos darnos cuenta de que el futuro es la gestión interoperable y segura de datos basada en el principio al acceso al dato mínimo necesario para la tramitación del procedimiento, que he defendido en muchas de mis publicaciones.

Pregunta: A modo de conclusión, ¿Cómo valora esta materia y el papel que puede jugar el CEMCI en ella?

Respuesta: Mi impresión en relación a la labor del CEMCI ha sido muy positiva, ya que la formación a empleados públicos es una asignatura pendiente en nuestro país. Sin una adecuada formación es imposible acometer con plenas garantías los cambios necesarios que se avecinan en nuestras Administraciones. En este aspecto fundamental, el CEMCI no solo cubre ese hueco que existe en nuestras Administraciones, además lo hace de manera excepcional y con una propuesta formativa basada en la innovación en todos los sentidos. Por tanto, en materia de e-Administración, e-Procedimiento y e-Contratación, el CEMCI está prestando un servicio impagable a los empleados públicos y a nuestras Administraciones, que me consta que no solo se limita a Granada gracias a su buen hacer. Las Leyes 39 y 40 de 2015 deberían haber consagrado la formación obligatoria en estos ámbitos, cuestión que también ha pasado a ser una laguna legal y en muchos casos y por desgracia, real, razón por la cual todos debemos considerar al CEMCI como un modelo de formación a seguir.

Breve currículum profesionalMARTINEZ GUTIERREZ

Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante.

Especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías, con múltiples publicaciones entre la que destacamos la reciente obra publicada por el CEMCI: ‘El procedimiento electrónico en las Administraciones Locales. Aspectos metodológicos y normativos del proceso de implantación’.

 Cuenta con una larga trayectoria como ponente y profesor  en más de 50 congresos, cursos y seminarios sobre distintos ámbitos del Derecho Administrativo entre los que predomina la Contratación pública electrónica.

Ha participado en diferentes proyectos  de investigación, como el  Proyecto de la Generalitat Valenciana: Régimen jurídico del procedimiento administrativo electrónico común y sectorial: contratación pública, urbanismo, ámbito tributario, ámbito laboral y administración de Justicia.

linkedin.com/in/rubén-martínez-gutiérrez-44934463

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ACTUALIDAD INFORMATIVA Nº 138

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