Entrevista con Cayetano Prieto Romero, Tutor del Curso Monográfico de Estudios Superiores: Las novedades de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público

Entrevista con Cayetano Prieto Romero, Tutor del Curso Monográfico de Estudios Superiores: Las novedades de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público.

“Las relaciones electrónicas con las personas físicas y jurídicas obligadas a dicho tipo de relaciones se están desarrollando con total normalidad”

“Los municipios pequeños no han podido realizar las inversiones económicas necesarias para actuar en el ámbito de las Administración Electrónica, ni cuentan con el personal técnico necesario para la gestión ordinaria”

“Creo que en general ambas leyes mejoran y amplían la legislación sobre procedimiento común y el régimen jurídico de las administración públicas”

 

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Pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más significativos de la reforma de las ley 39/2015?

Respuesta. Los aspectos más significativos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son muchos, así, por ejemplo, la actualización de la legislación de procedimiento administrativo común conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia. También la incorporación en el procedimiento común de la regulación del procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial antes establecida con detalle en normas reglamentarias, así como la regulación del contenido del expediente administrativo electrónico. Pero, sobre todo, la generalización de la Administración electrónica (registros, notificación, tramitación procedimiento)  y la incorporación de nuevo título sobre mejora regulatoria o calidad normativa, constituyen dos de los contenidos más importantes, porque promueven una transformación completa de la cultura administrativa, en el ámbito de la gestión administrativa y de la forma de elaborar las normas, que servirán de garantía de los principios de eficacia y eficiencia.

Pregunta.  ¿Y de la Ley 40/2015?

Respuesta. De la Ley 40/2015 podemos destacar, en primer lugar, que se trata de una norma dedicada exclusivamente al régimen jurídico de las Administraciones Públicas, regulando con detalle, por primera vez, el régimen de los consorcios y los convenios interadministrativos, que son dos instrumentos imprescindibles para articular las necesarias relaciones de colaboración y cooperación entre las Administraciones. También regula las relaciones interadministrativas exigiendo, como regla general, su desarrollo de forma electrónica. Establece unos principios generales de actuación del sector público institucional de todas las Administraciones Públicas y regula el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, como registro público que deberá informar sobre todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza, lo que a su vez conecta con el principio de transparencia.

Pregunta.  ¿Cómo ha afectado a los ciudadanos la implantación de la administración electrónica?

Respuesta. Desde mi experiencia en la Comunidad de Madrid, las relaciones electrónicas con las personas físicas y jurídicas obligadas a dicho tipo de relaciones se están desarrollando con total normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que estos instrumentos venían siendo utilizados desde la Ley de 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por lo que se cuenta con una experiencia acumulada que facilita la implantación de las nuevas exigencias de la Ley de Procedimiento Común.

Pregunta. ¿Cree usted que la Administración Pública está lo suficientemente preparada para asumir esta realidad (E-Administración)?

Respuesta. Si pensamos en la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios de gran población y otros municipios medianos, podemos ver que todos ya han desarrollado importantes e interesantes actuaciones en el ámbito de la Administración electrónica, no obstante, no cabe duda que los municipios pequeños no han podido realizar las inversiones económicas necesarios para ello, así como tampoco cuentan con el personal técnico necesario para la gestión ordinaria. Muchos de ellos no tienen ni tan siquiera un portal web. Para superar estos problema, es fundamental la asistencia de las Diputaciones y de las demás Administraciones Públicas. Con la asistencia y colaboración de todos podremos acercarnos al objetivo de conseguir que en octubre de 2018 muchos Ayuntamientos pequeños estén preparados para la gestión electrónica.

Pregunta. ¿Cuáles son las principales novedades en relación a los órganos colegiados?

Respuesta. En esta materia, creo que la novedad principal se centra en el uso de los medios electrónicos –telefónicos, audiovisuales, etc.- en el funcionamiento de los órganos colegiados, por ejemplo, para que pueda constituirse mediante video conferencia o cualquier otro medio que no requiera de la presencia física de todos sus miembros en el mismo lugar.

Pregunta. ¿Y en cuanto a  las relaciones interadministrativas y concretamente a la formalización de Convenios de Colaboración entre Administraciones Públicas?

Respuesta. En el caso de las relaciones interadministrativas como he aputando antes se exige su desarrollo a través de medios electrónicos y en el caso de los convenios de colaboración creo que la cuestión más relevante es que, por fin, disponemos de un régimen básico común en la materia aplicable a todas las Administraciones Públicas, que define y clasifica los convenios, establece los requisitos de validez y eficacia, su contenido mínimo, etc.

Sobre los convenios podemos resaltar dos ideas adicionales: una, referente a su control externo, que exige que los convenios cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros sean comunicados de forma electrónica en el plazo de tres meses a su suscripción al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma; y otra, referente a la obligación de transparencia en esta materia establecido por la Ley de Transparencia de 2013 que exige la publicación activa de todos los convenios que se celebren.

Pregunta.  ¿Cuáles son según usted las principales deficiencias y lagunas de estas leyes?

Respuesta. Creo que ambas leyes suponen un avance importante en todos los aspectos que hemos comentado anteriormente y en otros muchos, no obstante, siempre existen cuestiones que quedan pendientes o no se resuelven de la forma que nos gustaría.  Por ejemplo, en el caso de la Ley 40 echo en falta unas normas básicas, comunes a todas las Administraciones Públicas, sobre el régimen jurídico de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público institucional, que hubiese reconducido la dispersión normativa existente actualmente.

Otra cuestión que también haberse regulado con carácter básico es la función de inspección administrativa, que viene reclamándose desde hace años, mucho más con el creciente uso de las técnicas de la declaración responsable y la comunicación, que implican un reforzamiento de los controles ex post de las actividades de los particulares.

Pregunta. ¿Cree que estas leyes mejoran el régimen jurídico y el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas?

Respuesta. Sin perjuicio de algunos aspectos que pueden mejorarse, creo que en general ambas leyes mejoran y amplían la legislación sobre procedimiento común y el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por lo tanto, el balance es, en mi opinión, claramente positivo.

Pregunta. ¿Cómo mejoraría o que eliminaría o sustituiría en el contenido de ambas leyes?

Respuesta. Ambas leyes son imprescindibles porque cumplen una función esencial de actualización de una parte central del Derecho Administrativo, por lo tanto, no puede pensarse en la idea de derogarlas o eliminarlas. Ni tan siquiera pensaría en modificarlas o sustituirlas porque me parecen que, en su conjunto, son dos buenas leyes. Ahora es el tiempo de su aplicación y de tratar de sacar el máximo rendimiento a sus contenidos, lo que debe hacerse por todas las Administraciones Públicas.

Pregunta. ¿Considera que se han alcanzado objetivos del curso que usted dirige sobre las novedades de las Ley 39 y 40/2015 ?

Respuesta.  En primer lugar, me gustaría agradecer al CEMCI la confianza depositada en mi persona para dirigir y organizar este curso. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a todos los profesores que ha participado en este curso que han puesto todo su interés y esfuerzo en tratar que se cumplan plenamente sus objetivos. En tercer lugar, nos sentimos muy satisfechos con los resultados de las evaluaciones realizadas por los alumnos.Y, por último, no cabe duda que siempre recibimos algún consejo interesante por parte de los alumnos que aplicaremos en los siguientes cursos que organicemos.

prieto romero, cayetano

Breve referencia curricular

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Alcalá de Henares y Master

en Gestión y Dirección Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset  (Universidad Complutense de Madrid).

Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Administración pública, tanto

autonómica como local.

Ha sido  Director General de Organización y Régimen Jurídico, del Área de

Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de

Madrid.

Actualmente es Asesor Técnico, Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, de la Comunidad de Madrid (desde julio 2015)

Es miembro del Consejo Asesor del Master en Derecho y Administración Local de la

UAM.

Ha dirigido, entre otros, las siguientes publicaciones:

– “Estudios a la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid”.

– “Los Distritos: Gobierno de Proximidad”.

– “La descentralización de competencias autonómicas en la Ciudad de Madrid”.

Igualmente ha publicado diversos estudios sobre colaboración público-privada en el

ejercicio de funciones públicas, entre ellos:

– Cayetano Prieto y Alfredo Galán, “El ejercicio de funciones públicas por

entidades privadas colaboradoras de la Administración”, en Anuario de Derecho

Municipal 2008, 2009.

– Cayetano Prieto y Alfredo Galán, “Normas de gestión de las licencias

urbanísticas de actividades. Ayuntamiento de Madrid”, editorial Huygens, 2010.

– Cayetano Prieto e Ignacio Molina, “El nuevo sistema de gestión de las licencias

urbanísticas de actividades del Ayuntamiento de Madrid”, editorial Huygens,

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad Informativa CEMCI Nº 117

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Este boletín trata de actualizar los contenidos de la Revista CEMCI, facilitando información sobre las noticias de interés para el mundo local, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa… Su periodicidad es quincenal y puede consultarse en su totalidad a través de la Revista electrónica del CEMCI.

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Entrevista con Enrique Porto Rey, Tutor del Curso: Clasificación, calificación, situaciones básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento.

Entrevista con Enrique Porto Rey, Tutor del Curso: Clasificación, calificación, situaciones básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento.

“El legislador general detenta la competencia exclusiva sobre la materia y por tanto se valora de igual forma en todas las Comunidades Autónomas”

“Resolver por los alumnos la equiparación entre las leyes urbanísticas autonómicas y la del suelo estatal constituyó la primera parte del curso”

“El curso se desarrolló con una participación muy activa por parte de los alumnos”

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Pregunta. ¿Cuáles son los principales objetivos que pretendía conseguir en este curso?

Respuesta. El Curso “Clasificación, calificación, situaciones básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento”, iba dirigido a funcionarios públicos con cualquier tipo de formación, jurídica o técnica (Secretarios, Interventores, Políticos, Asesores, Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos Técnicos…).  Se pretendía actualizar sus conocimientos en valoraciones y para ello y en primer lugar tras el estudio de las técnicas urbanísticas de la clasificación y calificación del suelo, establecidas en abstracto por la legislación urbanística autonómica y su concreción formal por el planeamiento urbanístico municipal, pudieran entender la ordenación urbanística mediante el planeamiento municipal.

En segundo lugar, se trataba de analizar el régimen jurídico básico estatal, según la situación básica en la que se encuentre el suelo, establecida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el Reglamento, haciendo hincapié en la práctica de su aplicación, en el quehacer cotidiano de los funcionarios, con la finalidad de que ejerciten y perfeccionen sus conocimientos para poder realizar valoraciones de suelo, construcciones, edificaciones, instalaciones, derechos reales, etc., atendiendo a aspectos jurídicos y técnicos y conforme a lo establecido en el ordenamiento vigente en el año 2017 y dentro del marco normativo estatal del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, tras las STC 141/2014, de 11 de septiembre; STC 43/2015, de 2 de marzo, STC 218/2015, de 22 de octubre, y STC 244/2015, de 30 de noviembre  y, al mismo tiempo, de las leyes urbanísticas autonómicas vigentes en las CCAA donde ejerzan  su profesión los participantes en el Curso.

Pregunta. ¿Qué ventajas y utilidades tiene la organización de este curso?

Respuesta. La ventaja que tiene organizar un Curso sobre valoraciones a efectos expropiatorios, o de determinación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, o de la fijación del precio de venta o restitución forzosa, o en la equidistribución sin acuerdo de los propietarios, es que el legislador general detenta la competencia exclusiva sobre la materia y por tanto se valora de igual forma en todas las Comunidades Autónomas.

Esto se notó en la procedencia de los alumnos, que no se limitan a Andalucía, sino que al ser un Curso “On Line”, se inscribieron de diversas Comunidades Autónomas y eso enriqueció el Curso, puesto que en los foros y debates se plantearon supuestos de diversas leyes urbanísticas autonómicas que se resolvieron con la ley estatal.

Todas las Leyes urbanísticas autonómicas clasifican el suelo en el triduo de clases urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico, mientras que la Ley de Suelo estatal lo hace en tan solo dos situaciones básicas o clases.  Resolver por los alumnos la equiparación entre las leyes urbanísticas autonómicas y la del suelo estatal constituyó la primera parte del Curso, puesto que en definitiva, valorar es cuantificar monetariamente el contenido económico de los derechos de propiedad establecidos en la Ley estatal con carácter básico en toda España, y completados y modalizados por las leyes urbanísticas en cada una de las Comunidades Autónomas.

Pregunta. ¿Cómo ha sido en general el desarrollo del curso?

Respuesta. El Curso se desarrolló con una participación muy activa por parte de los alumnos y se realizaron diversos ejercicios prácticos, resolviendo problemas que suelen ser comunes en las valoraciones requeridas por los Ayuntamientos, valoración de suelos urbanizados y rurales, edificaciones, derechos reales, valoración de permutas, valoración de los 10 por ciento de aprovechamientos municipales, valoración de servidumbres, valoración de indemnizaciones…

Todo ello facilitado por la magnífica labor de dirección del Servicio Docente y coordinación y control del personal el CEMCI de la Diputación de Granada, sin cuya colaboración en el Curso no se podría haber llevado a efecto.

 

enrique porto

Nota curricular de Enrique Porto Rey:

Catedrático de arquitectura, arquitecto y urbanista, ha sido miembro del Cuerpo de arquitectos del Ministerio de Vivienda. También ejerció como profesor adjunto de Universidad, siendo profesor titular. Ha dirigido profesionalmente los equipos redactores de los Planes generales de Palencia, Burgos, Albacete, A Coruña, Soria, Cáceres, y otros, así como redactor de más de treinta planes parciales y especiales. Profesor de Urbanismo de la ETSAM, es asimismo autor de numerosos libros y artículos de Urbanismo.

 

III FORUM LOCAL DE MEDIO AMBIENTE

III Forum Local de Medio Ambiente.

Granada, 1 y 2 de junio de 2017

Se ha celebrado con gran éxito el “III Forum Local. Medio Ambiente”, organizado por el CEMCI en colaboración con la Diputación Provincial de Granada,  la Fundación Democracia y Gobierno Local y la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.

A través de este encuentro, se ha sometido a análisis y estudio buena parte de las cuestiones más cruciales que afectan al medio ambiente, desde una perspectiva eminentemente local.

En España, sin perjuicio del papel protagónico que a nivel  normativo ocupan en esta materia el Estado central y las Comunidades autónomas, a nivel de gestión, también los Gobiernos y Administraciones locales, municipales y provinciales, tienen un importante papel que jugar, por ejemplo, en lo relativo a la protección del medio ambiente, la gestión de los residuos, la lucha contra el cambio climático y la contaminación, el tratamiento de las aguas, etc.

Esta actividad es fruto del Convenio Marco de Colaboración y el Acuerdo Específico de de Colaboración recientemente firmados entre la Fundación Democracia y Gobierno Local y el Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional, y cuyos principales objetivos son:

-Realizar acciones conjuntas de formación e investigación dirigidas principalmente a empleados públicos locales.

-Realizar conjuntamente trabajos de investigación, estudios, publicaciones, etc.

-Organizar congresos, jornadas, seminarios, etc. sobre materias de interés común.

-Realizar intercambio de publicaciones, mediante donación recíproca de las propias obras.

En la inauguración, que  tuvo lugar ayer día 1 de junio en el Salón de Actos del CEMCI,   participaron:

Manuel Gregorio Gómez Vidal

Vicepresidente y Diputado Delegado del Centro de Estudios Municipales y de

Cooperación Internacional (CEMCI).

Ramón Camp i Batalla

Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Miguel Roca Junyent

Abogado. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Fernando López Ramón

Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.

Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza.

 

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Actualidad informativa nº 116

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Entrevista con José Javier Cuenca Cervera, Director Académico del Diploma de Especialización en Planificación y Gestión de Recursos Humanos

Entrevista con José  Javier Cuenca Cervera, Director Académico del Diploma de Especialización en Planificación y Gestión de Recursos Humanos.

“No hay gestión municipal de personas sin gestores específicamente capacitados para ello” 

“El reto es vincular el lenguaje jurídico con las necesidades organizativas, gestionar con sentido directivo puestos y personas”

“El CEMCI es percibido por el personal empleado público de las entidades locales como el socio natural en su quehacer diario”

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Breve referencia curricular

Vinculado a la gestión del personal local desde 1989 en diversos cometidos (técnico, consultor o directivo) en la actualidad, presta servicios en la Administración Autonómica como Subdirector General del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP). Es, asimismo, Profesor asociado del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia, impartiendo en su Facultad de Derecho desde 2008 docencia en los Grados de Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública.

Es Doctor por la Universidad de Valencia, con Premio Extraordinario, con una tesis sobr el empleo público local. Licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Graduado Social.  Imparte docencia en materia de empleo público y recursos humanos en diversos centros formación de directivos públicos. Autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas sobre gestión de recursos humanos o empleo público en la Administración Local.

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Pregunta: ¿Cuál es el  objetivo  del  Diploma?

Respuesta: La pretensión de este primer “Diploma en planificación y gestión de recursos humanos” es, en línea con los objetivos del máster en Dirección Pública y junto al otro Diploma de Especialización, de carácter más jurídico, el de formar directivos públicos capaces de formular e implantar las políticas públicas de personal que demandan nuestros gobiernos locales. Pretendemos formar auténticos gestores que, con una visión práctica, sean capaces de analizar la realidad de la gestión de personal en su organización y al tiempo, proponer medidas integradas y jurídicamente sólidas en orden a conseguir que el personal empleado público disponga de las capacidades demandadas por la organización y que éstas gestionen de modo eficaz y coherente su sistema de personal, en los diversos ámbitos: selección, carrera, movilidad, política retributiva o formación. Se trata de que nuestros ayuntamientos puedan, acompañados por la formación adecuada para ello, disponer del “personal de calidad” que reclama la Carta Europea de Autonomía Local. No hay gestión municipal de personal sin gestores específicamente capacitados para ello y esta es la filosofía del Diploma.

Pregunta: ¿Cuál es el elemento diferencial, la particularidad de este Diploma en relación con el perfil del gestor de personal?

Respuesta: Los objetivos y descriptores formativos del Diploma tienen como punto de partida el “Perfil de Competencias Profesionales del director municipal de recursos humanos” que elaboré hace unos años. Hay que tener en cuenta que el perfil habitual del gestor de personal es abrumadoramente jurídico, al menos en entidades locales pequeñas y medianas, algo lógico si tenemos en cuenta la realidad de nuestro empleo público y sus pautas de reclutamiento. Por otro lado, en entidades locales más grandes encontramos perfiles distintos, en ocasiones más “gerenciales”. La paradoja es que ambos terrenos son necesarios, ya que el legislador –y el Estatuto Básico del Empleado Público es un buen ejemplo de ello- efectúa numerosas apelaciones a que cada Administración “construya” su propio sistema de personal con flexibilidad y autonomía, e insiste también en que las políticas de personal sean planificadas. Es decir, que por un lado exige eficacia técnica pero por otro, como es propio en nuestro sistema jurídico, la gestión se materializa mediante unos concretos instrumentos jurídicos: puestos de trabajo y sus relaciones, planes de recursos humanos, perfiles de competencias, programas de formación o la propia negociación colectiva pública. El reto es vincular el lenguaje jurídico con las necesidades organizativas, gestionar con sentido directivo puestos y personas.

Por ello pretendemos que quienes cursan los diversos módulos sean competentes para elaborar las respuestas que la Administración necesita, integrando de modo consistente los conocimientos de la teoría de la organización y las ciencias sociales con los propiamente jurídicos. A día de hoy este formato de curso y sus contenidos son los únicos existentes a escala nacional para capacitar y desarrollar gestores de personas en nuestros ayuntamientos. Y el formato virtual y el prestigio del CEMCI facilita a los interesados en desarrollarse en este ámbito, empleados públicos principalmente, que puedan hacerlo. No hay que olvidar que la gestión “pública” de recursos humanos es más que la mera aplicación de sistemas de gestión. Es también un discurso de valores, consistente en la aplicación de una serie de técnicas en un entorno con criterios de éxito complejos, con actores políticos y sindicales, con un marco jurídico garantista que obviamente pretende que las organizaciones públicas alcancen metas de eficacia y eficiencia, pero que también materialicen valores como el mérito, la capacidad y la concurrencia. Ello exige conciliar de modo consistente dos “mundos”, dos miradas por así decir, el de la “Función Pública” y en su caso el Derecho Laboral con el de la “Gestión de Personas”. No es fácil, pero el equipo de profesores del Diploma pensamos que una docencia contextualizada, adaptada a la realidad local, con numerosos ejemplos, puede ayudar a ello.

Los contenidos y módulos además, han sido pensados en lógica progresiva: partiendo de pensar la “gestión pública de recursos humanos” como una disciplina, un campo de especialización por derecho propio, se trata la utilidad de la planificación estratégica, cómo se elabora un diagnóstico de situación y cómo esta se materializa en concretos resultados para la organización. A partir de aquí, en las siguientes unidades didácticas el alumno trata la centralidad del puesto de trabajo y en especial, el subsistema de gestión de personal más relevante, el relacionado con la selección. En este punto el alumno aprende a diseñar en su totalidad un proceso selectivo y elaborar de modo fiable y válido pruebas. El módulo siguiente cierra el “ciclo de gestión” proporcionando las bases teóricas y metodológicas de dos procesos llamados a tener un protagonismo creciente, la carrera profesional y la evaluación del desempeño, buscando además que disponga de los referentes legales adecuados para acompañar el trabajo técnico.

Pregunta: ¿Qué problemas más usuales y qué regos afronta hoy la gestión local de recursos humanos?

Respuesta: Precisamente los problemas más usuales son los derivados de aplicar deficientemente o no aplicar un marco legal que como es sabido, cifra en una herramienta como la relación de puestos de trabajo el éxito de su política de personal. Esta es por así decir, el medio para planificar sus necesidades y para ordenar sus decisiones en materia de funciones, retribuciones o movilidad interna. Pues bien, la realidad de nuestros ayuntamientos desmiente esta previsión optimista. Carecemos de capacidades para aplicar un marco legal tan autonomista. Más que de un “sistema de personal” diseñado y decidido de modo consciente la realidad se caracteriza por ser mucho más desestructurada. Abundan más de lo deseable fenómenos como la precarización y la temporalidad, personal empleado público sin cometidos claramente establecidos, con retribuciones diferentes para tareas similares, con “inventos” variados para gestionar la movilidad interna y la promoción profesional, con encuadramientos jurídicos inadecuados para las funciones que se atienden por no hablar del uso incorrecto del complemento de productividad en diversas cuestiones relacionadas con la política retributiva o el papel inadecuado a todas luces que damos a instrumentos jurídicos como la plantilla en detrimento de las relaciones de puestos de trabajo. La solución no es sencilla, ya que el propio entorno institucional que gestiona el personal exigiría despolitizar este ámbito de decisión. Pero lo que sí cabe en todo caso es lo que nos planteó la dirección del CEMCI con este Diploma: profesionalizar la gestión y proporcionar los marcos conceptuales adecuados a los gestores.

Por otra parte soy de los que piensa que afrontamos un contexto similar por muchos motivos al que vio nacer la Administración Local tal y como la conocimos en su día.  Las prácticas de gestión tienen que ser notablemente distintas de las que en alguna publicación he denominado como “los treinta gloriosos del municipalismo español” que comprende el periodo que va desde los primeros ayuntamientos democráticos de 1979 hasta la Gran Recesión de 2008 que tuvo su manifestación en lo que nos afecta, en mayo de 2010. Ya no es posible gestionar de modo incremental el presupuesto. Las  medidas de contención del gasto demandan eficiencia. Ya no se gestiona “por capas”, por ciclos de cuatro años, el personal. Hay que poner en relación los efectivos existentes con el catálogo o cartera de servicios públicos, propios e impropios, que el equipo de gobierno ha decidido legítimamente prestar. Y ello exige una gestión de personal a la altura de unos tiempos en los que la ciudadanía demanda integridad institucional, altura de miras y metas a largo plazo.

Eso sí, el entorno actual que se prefigura en lo que parece la salida de la crisis es complejo, más que el que gestionábamos cuando entramos en esta nueva fase. No es solamente que las medidas de ajuste han descapitalizado muchas plantillas y elevado exponencialmente la temporalidad. Tampoco la aplicación del nuevo paradigma de gestión propio del Gobierno Abierto y la Administración digital contenida en las leyes 39 y 40 de 2015 que hacen aconsejable pensar en perfiles profesionales distintos. Es que además hay que tomar conciencia de que los próximos años son los de la jubilación del “baby boom”. O lo que es lo mismo, el cese en el servicio de unos efectivos ingresados mayoritariamente en los años fundacionales de nuestro sistema local, los ochenta y que exigiría no sólo empezar a planificar y prever cómo formar y ubicar los nuevos efectivos, sino cómo gestionar y retener el conocimiento experto de las cohortes demográficas que se van a jubilar en el periodo 2018-2027. Y a estos retos se va a agregar uno mayúsculo, la elaboración de los numerosos planes de consolidación y de reducción del empleo público precario derivados de la eventual entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que contiene numerosas medidas al respecto y que obligará a las entidades locales a afrontar estudios organizativos y análisis funcionales para determinar qué es y qué no, estructural. En suma, jubilaciones, impacto tecnológico, consolidación de empleo ¿Cómo hacer frente a estos retos? Con políticas de personal a la altura, y a ser posible, con gestores profesionales que apliquen modelos de gestión posburocráticos, con objetivos transversales políticamente y estables en el tiempo, un desiderátum sencillo de formular pero complejo por no ser el enfoque dominante, como es conocido por tantos operadores del mundo local. Hay que ser consciente de la complejidad de las políticas públicas relacionadas con la gestión del personal público, que como toda política pública tienen una “politics”, un discurso de fines y metas relacionado con la neutralidad e integridad percibida por la ciudadanía a la que sirve el personal empleado público y también una “policy”, esto es, el debate de las cuestiones relacionadas con la eficacia y la eficiencia, con la flexibilidad de las plantillas municipales. Ambas dimensiones integran ese campo que conocemos como “el personal de las entidades locales” al que no concedemos en mi opinión la relevancia que deberían recibir estas cuestiones cuando se reclama una democracia local de calidad.

Pregunta: ¿Cuál es el papel formativo del CEMCI en general y en este terreno en particular?

Respuesta: Ya tuve ocasión de afirmar que el CEMCI es percibido por el personal empleado público de las entidades locales como el socio natural en su quehacer diario. Como el acompañante que da solución a sus problemas de gestión en forma de planes innovadores de formación. Merecidamente además, ya que tiene una proyección y un prestigio a escala nacional, preocupado como está por ofrecer itinerarios y cualificaciones ajustados a la demanda de sus destinatarios. Pues bien, en mi opinión, con el máster en dirección pública local el centro ha alcanzado un hito importantísimo y específicamente con el Diploma en Planificación y Gestión de Recursos Humanos ofrece una oportunidad de formación muy demandada por quienes están al frente de esta responsabilidad en los ayuntamientos. Y el resultado del curso nos permite ser optimistas en relación con los objetivos formativos que nos planteamos.

Entrevista con Emilio Martín Herrera, Director Académico del Diploma de Especialización en Disciplina Urbanística

Entrevista con Emilio Martín Herrera, Director Académico del Diploma de Especialización en Disciplina Urbanística.

“El esquema clásico de respuesta ante los ilícitos contra la legalidad urbanísticas se ha visto alterado”

“Ha decaído, en los últimos años, la importancia de la licencia urbanística como forma de control previo”

“Lo importante es asegurar el cumplimiento de la legalidad, no a través de un control previo sino mediante una eficaz labor de inspección y de reacción urgente”

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Breve curriculum vitae

Ha desarrollado su actividad profesional, en exclusividad, vinculada a la actividad urbanística con más de 35 años de experiencia, fundamentalmente, al servicio de la Administración Local (funcionario del Ayuntamiento de Granada). Con más de 20 años en puestos directivos el campo de la planificación y la gestión urbanística, y 8 años en el campo de la disciplina.

Tiene un extenso currículo en actividades de formación en el ámbito urbanístico, tanto en la universidad, como en actividades organizadas por la administración, y la iniciativa privada (autor de varias publicaciones).

 

martin herrera, emilio

Pregunta. ¿Qué entendemos por disciplina urbanística?

Respuesta. La actividad urbanística, en nuestro sistema, concluye con la edificación de las parcelas urbanizadas (los solares), y la conservación de las edificaciones, posibilitando el desarrollo de actividades y de los usos diversos, que la vida en las ciudades requiere. Y está conclusión de la actividad debe hacerse conforme a las previsiones legales y a la planificación articulada a través del Plan Urbanístico.

En consecuencia, es en esta fase de finalización de la actividad, donde se muestra, claramente, la bondad de la ordenación urbanística proyectada desde los poderes públicos, ya que, a través de ella, se visualiza, concretamente, el “modelo” de urbanismo que quería el planificador.

Aquí radica la importancia de la fase urbanística de intervención en la edificación y usos del suelo (y el subsuelo y vuelo) y, específicamente, de la actividad de disciplina urbanística, organizada mediante la autorización de implantación de edificaciones, usos y actividades en forma de licencia urbanística, y mediante la medidas de protección de la legalidad ante las acciones contrarias a la ordenación prevista.

Pregunta. ¿Qué importancia tiene actualmente la licencia urbanística?

Respuesta. En muchos casos sigue existiendo en la Administración una «conciencia» El esquema clásico de autorización y, en todo caso, de respuesta ante los ilícitos contra la legalidad urbanística, se ha visto alterado en los últimos años, en dos líneas claras:

-La necesidad de potenciar la rehabilitación urbana, asegurando la conservación de la edificación y la reforma integral de ámbitos sustanciales de la ciudad. Todo esto, como respuesta a la crisis del modelo de crecimiento indiscriminado. En estos procesos de rehabilitación y reforma juega un papel crucial la dotación de accesibilidad universal de los cascos urbanos y de medidas de eficiencia energética de las edificaciones.

-La necesidad de aligerar la intervención administrativa para la implantación de usos y actividades, eliminando trabas innecesarias que condicionen la actividad económica.

En coherencia con estos objetivos, ha decaído, en los últimos años, la importancia de la licencia urbanística como forma de control previo, que se ha visto sustituida por la actividad comunicada y el control a posteriori de la misma.

Pregunta. ¿De qué se ocupa la Inspección técnica de edificios?

Respuesta. La inspección técnica de edificios (las ITEs en Andalucía),  se centra, no sólo en la necesidad de conservar en buen estado lo existente, sino en la obligación de dotar la edificación de accesibilidad adecuada y de mecanismos suficientes de ahorro energético.

Pregunta. ¿Qué valoración le merece la simplificación urbanística que supone la declaración responsable o comunicación previa?

Respuesta. La tendencia del sistema hacia la comunicación o declaración, o hacia el cumplimiento de obligaciones a través de órdenes precisas está aliviando, en gran medida, estos procesos de intervención, que a veces suponen una importante carga para la actividad de edificación e implantación de usos, por la complejidad de la normativa urbanística que debe ser aplicada, y por la excesivas cautelas administrativas en la actividad de autorización (más aún en los tiempos que corren).

Pregunta. ¿Cuál debe ser, a su juicio, la labor fundamental de la Administración?.

Respuesta. Hay acciones, en esta fase final de la acción urbana, que no requieren ningún control urbanístico previo, por la sencilla razón de que no está en juego ningún parámetro que ponga en cuestión la ordenación urbanística. Hay acciones que ni siquiera requieren proyecto técnico. En consecuencia poco control previo requiere. Lo importante, en este momento de la acción urbana en nuestras ciudades, es asegurar la acción rápida de recuperación y regeneración de la ciudad, y la potenciación de la actividad económica en la misma. Y lo importante es asegurar en cumplimiento de la legalidad, no a través de un control previo (que puede ser burlado en cualquier momento), sino mediante una eficaz labor de inspección y de reacción urgente con medidas suficientes de protección de la legalidad urbanística.

 

Actualidad informativa CEMCI nº 115

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Ya está disponible  el número 115 de la Actualidad Informativa CEMCI, con información que esperamos os resulte de interés.

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Este boletín trata de actualizar los contenidos de la Revista CEMCI, facilitando información sobre las noticias de interés para el mundo local, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa… Su periodicidad es quincenal y puede consultarse en su totalidad a través de la Revista electrónica del CEMCI. 

Contacto: cemci@cemci.org

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Revista Digital CEMCI Nº 33

Queridos amigos y amigas.

En esta entrada queremos compartir con vosotros el número 33 de la Revista CEMCI, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2017. Esperamos que os guste.

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Actualidad Informativa Nº 114

Queridos amigos,

Ya está disponible  el número 114 de la Actualidad Informativa CEMCI, con información que esperamos os resulte de interés.

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Este boletín trata de actualizar los contenidos de la Revista CEMCI, facilitando información sobre las noticias de interés para el mundo local, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa… Su periodicidad es quincenal y puede consultarse en su totalidad a través de la Revista electrónica del CEMCI.

Contacto: cemci@cemci.org

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