ENTREVISTA A PAULA REYES CANO

WEBINARIO: LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

6 de noviembre 2020

El pasado 6 de noviembre realizamos en el CEMCI, un interesante webinario sobre la actuación municipal frente violencia de género que tuvo gran aceptación y nos gustaría poder realizarle algunas cuestiones para ahondar más en este, desgraciadamente, tema de actualidad.    

  1. Durante su charla comentó que esta terrible realidad está muy minimizada, la sociedad sigue mirando para otro lado. ¿Cuál es el motivo por el que, a día de hoy, pese a las cifras y la información que tenemos, todavía no seamos realmente conscientes de la importancia que tiene este problema ni de nuestra responsabilidad como sociedad ante el mismo? ¿Qué nos pasa?

Nos cuesta como sociedad reconocer que la violencia de género es consecuencia de la situación estructural de desigualdad en la que aún nos encontramos las mujeres en la sociedad. En el ámbito de la relación de pareja, se sigue pensando que puede tratarse de episodios puntuales que pueden repetirse en el tiempo o no, si se dan determinadas circunstancias, cuando por el contrario se trata de un comportamiento habitual perpetrado por el varón con el objetivo concreto y definido de ejercer control y poder sobre la mujer. De esta forma, la violencia de género es un problema muy grave de nuestra democracia, es uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y no discriminación proclamada en nuestra Constitución.  Para una real transformación y cambio social es necesario un aumento drástico de la conciencia social colectiva, en la consideración de este grave problema como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas.

2. Resulta más que desconcertante que no fuese hasta la aprobación de la Ley de la Infancia en 2015, cuando se reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia de género y que no viniese recogido en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su momento ya supuso un gran avance. ¿Nos indica esto que vamos legislativamente muy lentos frente a la gravedad del problema?

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género fue de gran importancia, porque por primera vez se conceptualizó la violencia de género como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Esta ley reconoció que las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a las personas menores de edad que se encuentran en el entorno familiar, considerándolos víctimas directas o indirectas, estableciendo su derecho a la asistencia y a la tutela de sus derechos, dotando a los Juzgados de Violencia sobre la mujer de la posibilidad de adoptar medidas anteriormente inexistentes para su protección: la suspensión del régimen del régimen de visitas, de guarda y custodia y del ejercicio de la patria potestad.

No obstante, estas medidas han tenido una gran resistencia a su aplicación por parte de los/as operadores jurídicos. De cualquier modo, aunque no se reconociese a las personas menores de edad como víctimas directas, lo cierto es que esta la Ley Orgánica inició el camino para la necesaria conceptualización de las personas menores de edad como víctimas de violencia de género, como una forma de discriminación basada en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que se extiende hacia la infancia para conseguir su objetivo.

Muchas voces se alzaron para poner de manifiesto la desprotección de los/as menores en entornos de violencia de género y la carencia de recursos de atención por no ser considerados como víctimas, reclamando este reconocimiento, llegando así a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En su exposición de motivos reconoce, como una forma de violencia ejercida sobre los y las menores, aquella que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Así mismo, evidencia que les afecta de muchas formas: condicionando su bienestar y desarrollo, causándoles serios problemas de salud, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer, y favoreciendo la trasmisión intergeneracional. A pesar de este reconocimiento, esta norma no fortalece el marco de protección de los y las menores ya existente anteriormente, encontrándonos en la actualidad con el mismo panorama anterior a la promulgación de la Ley de 2015: la aplicación de manera anecdótica de la suspensión del régimen de visitas y del ejercicio de la patria potestad en situaciones denunciadas de violencia de género.

A pesar del reconocimiento de la Ley Orgánica 8/2015 de las personas menores de edad como víctimas en entornos de violencia de género, los niños y niñas que viven y sufren la violencia de género siguen siendo invisibles ante el sistema judicial.

3.¿Cuál es el papel de la Administración Local ante la violencia de género?

La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, ya establecía el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas a servicios sociales especializados de atención y recuperación integral, decretando que, tanto las Comunidades Autónomas, como las Corporaciones Locales, organizarán estos servicios atendiendo a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización y multidisciplinariedad profesional. Además, establecía la necesidad de que los poderes públicos articulasen protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y los servicios implicados.

Los recursos municipales son los que más próximos están a la ciudadanía, por lo que es necesario un trabajo intenso, por un lado, en la concienciación y prevención, y por otro, en la detección, intervención y coordinación. Los Ayuntamientos deben asegurar el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, a través de la existencia de recursos especializados y el establecimiento de procedimientos de coordinación entre todas las instancias con incidencia en violencia de género.

De esta manera, el Real Decreto 9/2018, de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, permitió la recuperación de las competencias en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, pasando a formar parte del catálogo de materias recogidas como propias de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, estableciéndose cuantías específicas destinadas a las entidades locales para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

4. ¿Cómo pueden actuar los servicios especializados de atención a la mujer, si no existe una denuncia previa?

Por un lado, son fundamentales las actuaciones de prevención y detección precoz, articuladas a través de las Comisiones Locales en materia de violencia de género, donde están integrados todas las instancias con incidencia en violencia de género: Servicios Sociales, Salud, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Educación y Centros de Información a la Mujer. El objetivo principal de estas comisiones es: prevenir e intervenir de forma rápida, integral y coordinada en situaciones de violencia de género, estableciendo una respuesta contundente desde todos los ámbitos de intervención.

Por otro lado, el derecho a la asistencia social integral de las mujeres que sufren violencia de género no está condicionado a la presentación de la denuncia, recordemos que el Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer, exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio por parte de aquellas de acciones legales ni a la declaración contra el autor. De esta forma, el Real Decreto 9/2018 de 3 de agosto, modifica el artículo 23 de la Ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, por el que permite que las situaciones de violencia de género, puedan acreditarse, para el reconocimiento de derechos, a través sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección, o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o por informe del Ministerio Fiscal, además de por informe de los servicios sociales, servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.

De igual modo, el artículo 35 bis de la Ley 13/2017, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía, establece que se garantizará el derecho a la atención integral a todas las mujeres en situación de violencia de género, con independencia de que se hayan iniciado procedimiento judicial o no.

5.No cabe duda, que la situación actual de pandemia está generando un mayor número de agresiones y violencia, ¿Hay datos ya que avalen esta afirmación? ¿Cómo han podido responder los centros de mujeres municipales ante esto?

Las medidas de restricción de movilidad tomadas por el Gobierno y las Comunidades Autónomas para afrontar la crisis sanitaria han originado que las mujeres que sufren la violencia de género se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad e incertidumbre. El confinamiento impuesto por el estado de alarma como consecuencia de la pandemia del coronavirus ha reducido en un 14,62% las denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de este año, respecto al mismo trimestre en el año 2019, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello, a pesar de que los actores implicados en la lucha contra la violencia de género y en la protección a las víctimas se mantuvieron activos durante el confinamiento y en la actualidad, no viéndose afectada la actividad judicial. De esta forma, los Centros municipales de información a la mujer, al haber sido considerado actividad esencial, han estado en primera línea de batalla durante el confinamiento y posteriormente.

Sin embargo, estos datos ponen de manifiesto las dificultades añadidas que han tenido las mujeres víctimas de esta violencia para acceder a los recursos de atención, así como para denunciar a sus agresores, que se han visto obligadas a vivir el estado de alarmas encerradas en casa con el maltratador. Esto ha supuesto un obstáculo añadido para salir de la violencia, debido a la situación de aislamiento de las mujeres y sus hijos e hijas dentro de las paredes de la vivienda, así como el permanente control por parte del agresor.

Por otro lado, la crisis económica derivada de la Covid (pérdida de empleo, ERTES, reducciones de jornada o abandono del empleo para atender los cuidados) está mermando la autonomía e independencia de las mujeres, teniendo estas que hacer frente a la emergencia económica y social, relegando así el proceso de la toma de decisión de salir de la situación de violencia, más aún si tienen hijos e hijas.

6. Y no olvidemos el problema de la violencia de género en la juventud donde hay unas cifras de un 43,8 % de violencia psicológica y 19.3 % de violencia física o sexual ¿De qué herramientas disponen los ayuntamientos para trabajar junto con las escuelas e institutos?

En los centros educativos contamos con la profesora o profesor responsable en materia de coeducación, figura que fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 2 de noviembre de 2005, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. La Orden de 15 de mayo de 2006, establece que todos los centros contarán con una coordinada o coordinador responsable en materia de coeducación, con la finalidad de impulsar la igualdad entro los sexos en su comunidad educativa. Esta figura está en coordinación con los Centros de Información a la Mujer, en la realización de actuaciones preventivas para la comunidad educativa en materia de igualdad de oportunidades y violencia de género.

En este sentido, la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de Andalucía, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, en su artículo 11, establece que la administración debe contribuir a que la acción educativa sea un elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, específicamente la violencia contra las mujeres, haciendo especial hincapié en que se deben adoptar medidas para eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas. Así mismo, indica que deberá impulsar la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar, en particular al alumnado, al profesorado y a las asociaciones de madres y padres.

Hay que destacar que por orden de 20 de junio de 2011, la Consejería de Educación elaboró el Protocolo de actuación ante casos de violencia de género. En el mismo se determinan las actuaciones ante una situación de violencia de género, ya sea con una alumna víctima de violencia de género, con el alumno agresor, con los compañeros y compañeras del alumnado implicado, con las familias, el profesorado, así como el personal de administración y servicios. La colaboración de los Centros de Información a la Mujer con el centro educativo para el desarrollo de este protocolo facilitará la labor de prevención, detección e intervención.

7. Se destaca en su ponencia que en el ámbito más rural existen especiales dificultades ¿a qué se refiere?

El derecho a asistencia social integral de las mujeres que sufren violencia de género y de sus hijos e hijas no está siempre garantizado en el ámbito rural. Los servicios especializados de atención a la mujer se encuentran en los núcleos de población con mayores habitantes, encontrándose las mujeres que sufren violencia de género de los municipios más rurales sin posibilidad de acceso a los mismos, o con muchas dificultades por las excesivas distancias.

De esta forma, el estudio promovido por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y elaborado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, sobre mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural, pone de manifiesto las siguientes obstáculos: mayores dificultades para acceder al mercado laboral; aislamiento; falta de conocimiento sobre los derechos y recursos que les asisten; hostilidad de los entornos rurales, más conservadores hacia las mujeres, más rígidos, cerrados y estigmatizantes, estando el control social muy presente en la vida de las mujeres; insuficiencia de recursos especializados, así como distancias excesivas para el acceso a los mismos.

Este estudio también pone de manifiesto que otras formas de violencia, como las       sexuales, permanecen más ocultas e invisibilizadas, por la presión social y los códigos sexistas del mundo rural, incrementando la vulnerabilidad de las mujeres y la impunidad de los maltratadores.

8. Y siguiendo con eso, ¿Qué papel pueden o deben jugar las diputaciones en ayuda de sus municipios ante este problema?

Las Diputaciones están teniendo un papel crucial en el desarrollo de políticas de igualdad, llevando a cabo programas y actuaciones en los municipios, llegando a las poblaciones más rurales, en los que no existen recursos en la materia. Estas actuaciones persiguen los siguientes objetivos: consolidar la transversalidad de género, actuar con la violencia de género en sus diferentes manifestaciones, favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres como vía de desarrollo para la plena ciudadanía, fomentar un modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en la ciudadanía, eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres que se producen en el ámbito rural, incidiendo en la lucha contra la violencia de género.

El desarrollo de políticas de igualdad es absolutamente necesario para la prevención de la violencia de género, al ser la expresión máxima de la desigualdad existente entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Por este motivo, el apoyo de las Diputaciones a los Ayuntamientos en actuaciones de concienciación, prevención y formación en materia de igualdad de oportunidades y violencia de género, está siendo clave para avanzar en la erradicación de todas las manifestaciones de la violencia de género.

9. Por último, ¿Cómo valora este webinario y el trabajo del CEMCI en pro de las Entidades locales?

Creo en la oportunidad y necesidad de este webinario, así como en la continuación en la formación de calidad en materia igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y violencia de género, dirigidas tanto a profesionales con incidencia en la materia, así como a responsables políticos/as y personal de la Administración Local.

La formación de calidad en violencia de género es imprescindible para los y las profesionales que intervienen en violencia de género, sin ella, no tendrán las herramientas necesarias para su detección e intervención. Dicha formación también es ineludible para los y las responsables políticos/as, así como para el personal técnico de la Administración, con el objetivo último, desde el conocimiento, de asumir como prioritario el impulso de políticas integrales que contemplen la prevención, detección y erradicación de la violencia de género en los municipios, así como la coordinación institucional.

El trabajo de CEMCI en la capacitación, instrucción y perfeccionamiento de los miembros y del personal de las corporaciones local me parece de una gran relevancia, siendo un referente en materia de formación para las entidades locales. 

PAULA REYES CANO es Doctora en Ciencias Jurídicas experta en Criminología y Master en Igualdad de Género en el ámbito público y privado. Actualmente es Asesora Jurídica del Centro de Información a la mujer de la Mancomunidad del Río de Monachil.

Ha participado en multitud de estudios y planes sobre violencia de género y es ponente de diversos talleres, jornadas y seminarios sobre esta materia en instituciones tanto públicas como privadas. Autora de artículos y libros sobre el derecho de los menores en el contexto de la violencia de genero.

Entrevista a Sandra MONTIA ARCOS

Curso: Plan de prevención de riesgos laborales y gestión estratégica en la administración local. Especial referencia a la pandemia del covid-19

Del 25 de septiembre al 5 de noviembre de 2020

‘…nos encontramos ante una situación en que ámbitos ajenos al sector sanitario deben enfrentarse a un riesgo laboral omnipresente en cualquier actividad y centro de trabajo.’

‘…los elementos básicos para crear cultura preventiva son idénticos en empresas y Administración Local: el compromiso, el liderazgo, la participación y el aprendizaje entre otros.’

La irrupción del Covid-19 nos ha situado en una posición difícil en la que prevención de los riesgos laborales cobra mayor importancia si cabe. Nos gustaría conocer su opinión experta sobre la situación de los ayuntamientos y su forma de llevar a cabo el plan de prevención de riesgos laborales. En concreto, estas son nuestras cuestiones:

  1. El Covid-19 nos ha obligado a una rápida actuación en nuestros centros de trabajo, en cuanto a la adaptación de los mismos y de los procesos y forma de trabajar, sin tiempo para el análisis y el estudio. Dada esta circunstancia, ¿considera necesaria alguna modificación legal para adaptarse a la situación de urgencia que la pandemia nos ha generado?

En primer lugar, creo que es importante reflexionar sobre el uso que se ha venido haciendo, en el marco de la pandemia, de la prevención de riesgos laborales como instrumento de salud pública.

Ciertamente nos encontramos ante un virus que no distingue entre profesiones sanitarias o no sanitarias, lo que ha servido para concienciar a empresas y administraciones públicas de que el coronavirus puede representar un riesgo para cualquier puesto de trabajo, con independencia de que en su evaluación de riesgos se contemplase o no la presencia de factores de riesgos biológico. De hecho, en el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus SARS-COV-2” del cual hasta la fecha se han publicado 11 versiones (la última de 7 de octubre) se establece que corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que emita el servicio de prevención, adoptando las pautas formuladas por las autoridades sanitarias. Así pues, nos encontramos ante una situación en que ámbitos ajenos al sector sanitario deben enfrentarse a un riesgo laboral omnipresente en cualquier actividad y centro de trabajo.

Además, si bien, en nuestro ordenamiento jurídico contamos con el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, ni éste ni mucho menos la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), contemplan las medidas preventivas a adoptar frente a una pandemia como la que por desgracia estamos viviendo.

Lo que sí que no debe olvidarse es que el art.14.2 LPRL consagra la obligación empresarial general de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A través de este precepto, las empresas (y las administraciones públicas que actúan como empleadoras) son llamadas a colaborar en la lucha global contra el coronavirus, obligándolas a tomar medidas frente a la pandemia que, en un primer momento, fueron especialmente confusas. Estas medidas básicamente son de carácter organizativo, higiénicas, de formación e información.

  1. Y, por tanto, si el Plan de prevención se debe ir actualizando para que se adapte a las características actuales de una entidad, ¿dónde debemos poner el foco de atención ahora, con la llegada del covid-19?

En la evaluación de riesgos teniendo en cuenta que, con carácter general, la naturaleza de las actividades que se desarrollan en nuestras entidades locales no estaría comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997. Esto nos lleva, de acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus SARS-COV-2”, a establecer un escenario de baja probabilidad de exposición en la mayor parte de puestos de trabajo. En consecuencia, las medidas preventivas genéricas a adoptar se basan en minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre éstas y la ciudadanía. Así, en primer lugar, debe estudiarse la viabilidad de la prestación de servicios mediante teletrabajo. Cuando éste no sea posible por la naturaleza de la actividad, deben cumplirse todas las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias para garantizar un mantenimiento de la distancia de seguridad de mínimo 1,5 metros y la limitación del aforo en oficinas abiertas al público, estableciéndose controles de acceso en caso de ser necesario.

  1. La acción preventiva debe ser impulsada por el equipo de gobierno. ¿Ayudará esta situación que estamos viviendo a dar mayor relevancia al programa de prevención dentro de nuestras entidades locales?

En su momento, la LPRL supuso un verdadero reto social para todas las partes involucradas en la seguridad y salud laboral pues reconoció la obligación empresarial de integrar en la propia gestión de empresas y administraciones públicas la prevención, reguló un sistema basado en la participación de los trabajadores y amplió el campo de protección a todo tipo de riesgos laborales (incluyendo los psicosociales). Pero lo cierto es que, 25 años después de su entrada en vigor, se sigue detectando un elevado nivel de cumplimiento meramente formal de las obligaciones en ella establecidas, que lleva aparejado cierto grado de ineficacia respecto a la consecución de los objetivos previstos en la Ley. Igualmente se constata que son relativamente pocas las empresas y administraciones locales que han optado por tener personal propio específicamente dedicado a la prevención.

Sinceramente, creo que el mejor reconocimiento para los técnicos y técnicas de prevención de riesgos laborales y también personal de recursos humanos que está asumiendo la interlocución con los servicios de prevención ajenos en estos momentos, sería que de esta crisis la prevención de riesgos laborales saliera reforzada y que se destinaran los recursos necesarios para pasar del cumplimiento meramente formal a una implantación efectiva.

  1. Según su opinión, que ventajas presenta un Servicio de prevención mancomunado frente a un Servicio propio o un servicio de prevención ajeno.

La organización de la prevención es una de las obligaciones que la normativa de prevención de riesgos laborales impone tanto a empresas como a Administraciones Públicas que actúan como empleadoras. La LPRL y el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) regulan las diferentes modalidades posibles, y de entre ellas, cada entidad local debe escoger cuál resulta más conveniente atendiendo a sus características. Es más, la disposición adicional cuarta del RSP establece que, en el ámbito de las Administraciones Públicas, la regulación de las actividades preventivas se realizará en los términos previstos en una futura norma de carácter reglamentario, cosa que de momento no ha sucedido si bien la Administración General del Estado si que adaptó algunos aspectos en el Real Decreto 67/2010.

En cualquier caso, y atendiendo a la regulación de la LPRL y el RSP, el posible recurso a un Servicio de prevención mancomunado (SPM) está sorprendentemente infrautilizado en el caso de las entidades locales. Recordemos que uno de los escenarios que la normativa contempla para la posible constitución de un SPM es en el caso de “empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada”. Visto esto, no debería existir impedimento en que ayuntamientos limítrofes pudieran constituirse en SPM. Esta fórmula presenta, sin duda grandes ventajas para ayuntamientos pequeños y medianos con pocos recursos para destinar a la prevención, pues permite promover una estrategia común en ayuntamientos que probablemente presentan características muy similares en cuanto a puestos de trabajos y funciones. Además, permite a las entidades locales disponer de personal técnico cualificado para gestionar la prevención de riesgos laborales aprovechando una economía de escala que permitirá poner en práctica soluciones preventivas comunes.

Frente a ello, los Servicios de prevención ajenos a menudo desconocen las características específicas de nuestros ayuntamientos, la diversidad de puestos de trabajo que en ellos podemos encontrar y la posible dispersión de centros de trabajo, por lo que infravaloran los recursos que deberán destinar a la realización de las actividades preventivas concertadas.

5.Suponiendo que la entidad local concierte la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno, ¿qué formación debe tener el empleado público que actúe como nexo entre la entidad y este servicio?

Aunque esta cuestión no está regulada específicamente en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, lo aconsejable sería disponer, como mínimo, de la formación para el desempeño de funciones de nivel básico que podemos encontrar en el Anexo IV del Reglamento de los Servicios de Prevención. Se trata de una formación de 50 horas en la que se revisan los conceptos básicos sobre seguridad y salud e el trabajo, los riesgos generales y su prevención, los elementos básicos para la gestión de la prevención de riesgos y una pequeña referencia a primeros auxilios.

Además, el curso “Plan de prevención de riesgos laborales y gestión estratégica en la administración local” proporciona respuestas a las dudas más habituales en relación a la gestión de la prevención en nuestros ayuntamientos. Este curso, que forma parte del catálogo formativo del CEMCI desde el año 2017, tiene como objetivo promover la cultura preventiva, hacer una revisión de las obligaciones que las entidades locales, como administraciones públicas empleadoras, tienen respecto a su personal y ofrecer herramientas prácticas para implantar efectivamente un Plan de prevención de riesgos laborales.

Más allá de esta formación mínima, no debe olvidarse que la persona que realiza la interlocución debe disponer de tiempo para dedicar a esta función.

6. En el curso se habla de la importancia del liderazgo como un elemento clave para promover la cultura preventiva, ¿podría hablarnos brevemente de este aspecto?

El concepto de “cultura preventiva” se ha venido presentando en los últimos tiempos como una oportunidad para la mejora de las organizaciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. El reto para las entidades locales consiste en definir estrategias y desarrollar planes para el fomento de la cultura preventiva más allá de “gestionar” la documentación que el servicio de prevención les traslada, pues fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales supone mucho más que cumplimiento legal meramente formal o documental, debiéndose crear el compromiso de trabajar eficazmente para mejorar las condiciones de trabajo.

“Crear cultura preventiva” supone educar para crear conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud responsable. Así, generar cultura preventiva implica una actitud colectiva que sólo puede construirse mediante un largo proceso social. Este aspecto se complica en las entidades locales pues el cambio de los equipos de gobierno no facilita un compromiso estable y continuado en el tiempo por parte de la “Dirección”.  En cualquier caso, lo elementos básicos para crear cultura preventiva son idénticos en empresas y Administración Local: el compromiso, el liderazgo, la participación y el aprendizaje entre otros.

En esta línea, el liderazgo se convertiría en un elemento clave para promover la cultura preventiva. Para ello, el equipo de gobierno debe priorizar los objetivos de prevención y este compromiso debe visualizarse en los presupuestos, en los planes formativos, en la frecuencia de las comunicaciones sobre seguridad y salud, en el apoyo de iniciativas en este ámbito, etc. Nombrar responsables de salud y seguridad en los distintos niveles jerárquicos también es una forma de mostrar compromiso, cuya máxima expresión será un verdadero sistema de gestión integrado de la prevención.

7. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige a la entidad local consultar a los empleados públicos, con la debida antelación, la adopción de decisiones relativas a todos los temas que puedan tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Aprueban los ayuntamientos en este aspecto o nos queda camino que recorrer?

Uno de los principios que definen el derecho de prevención de riesgos laborales es la apuesta por la seguridad participada, en la que las personas trabajadoras dejan de ser únicamente objeto de medidas de prevención para pasar a ser auténticas protagonistas. Los derechos de información, consulta y participación constituyen un aspecto especial del contenido del derecho a la participación general de las personas trabajadoras y ya se encuentran recogidos en el ET y en el EBEP. Así pues, la LPRL no reconoce ex novo estos derechos, sino que introduce una regulación más concreta de los mismos en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo, haciendo una transposición fiel del contenido de la Directiva marco en la que se inspira.

Dos son las figuras que la LPRL reconoce como órganos específicos para la representación del personal en materia de seguridad y salud: los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud. No obstante, los Delegados de Prevención son los verdaderos representantes especializados de los trabajadores en materia preventiva, pues el Comité de Seguridad y Salud es un órgano paritario del que formaran parte tanto los Delegados de Prevención como la representación de la entidad local.

Según mi experiencia, en este ámbito se suelen respetar las previsiones que establece la normativa en cuanto al reconocimiento formal de la existencia de estos órganos de participación, siendo no obstante mejorable la interrelación y los procedimientos de consulta.

8. Uno de los grandes problemas que está trayendo esta pandemia es el estrés laboral, ¿Qué medidas preventivas se deben tomar?

El temor y la ansiedad con respecto a este nuevo virus y sus consecuencias pueden resultar abrumadores. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad, favoreciendo el aumento del estrés. A esto hay que sumarle la prestación de servicios mediante teletrabajo con, en muchos casos, una insuficiencia de recursos adecuados y dificultades de desconectar además de un incremento en las cargas de trabajo.

Son síntomas de estrés: el cansancio, el insomnio, taquicardias, palpitaciones, hipertensión, dolor de cabeza y dolores musculares, pero también síntomas emocionales como la falta de concentración y de memoria, la irritabilidad, los recelos, las críticas a los demás, la baja autoestima y el absentismo laboral o el abuso de sustancias como el café, el tabaco, el alcohol, los ansiolíticos.

Los factores que influyen en la manera en que respondemos al estrés, como personas individuales, son de muy diversos tipos, incluyendo el apoyo social de familiares y amigos, antecedentes emocionales, situación financiera, estado de salud, etc.

En este sentido, es importante tomar conciencia de la situación y autocuidar nuestra salud emocional. Comunicarse con otras personas, tomarse descansos cuando sea necesario, hacer ejercicio regularmente, comer adecuadamente e intentar dormir bien son estrategias que pueden resultar útiles con carácter general.

10. Por último, ¿qué opinión le ha merecido el desarrollo de este curso del CEMCI, y la labor de este Centro para la formación de empleados públicos.

El CEMCI es un referente en materia de formación para las entidades locales, con un cuidado plan de formación y con una plataforma de aprendizaje muy intuitiva que favorece la participación y comunicación entre las personas que participan en la acción formativa.

Sandra MONTIA ARCOS es Licenciada en Ciencias del Trabajo y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente es la responsable de Recursos Humanos en el Servei Meteorològic de Catalunya y tiene una dilatada experiencia como técnica de recursos humanos tanto en el ámbito privado como en la administración pública. Es docente especializada en Prevención de Riesgos laborales en la Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional (CEMCI) y la Diputación de Barcelona entre otros.

Es además, coautora de la obra editada por la Asociación Catalana de Municipios:  Soy Regidor de recursos humanos, ¿y ahora qué? Las principales 150 preguntas.

Novedad editorial: LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Vicente Mª González-Haba Guisado

https://www.cemci.org/publicaciones/lecciones-de-derecho-administrativo-600

NOVEDAD EDITORIAL

REFLEXIONES EN TORNO A LA FIGURA DEL DIRECTIVO PÚBLICO LOCAL

Gustavo García-Villanova Zurita

Colección: Temas de Administración Local, 109

Año de publicación: 2020

https://www.cemci.org/publicaciones/reflexiones-en-torno-a-la-figura-del-directivo-publico-local-599

CEMCI: Cursos de septiembre a diciembre de 2020

https://www.cemci.org/formacion

https://www.cemci.org/formacion

Actualidad Informativa nº 187 – 1 de agosto de 2020

https://revista.cemci.org/actualidad-informativa/187

https://revista.cemci.org/actualidad-informativa/187

Actualidad Informativa nº 186 – 15 de julio de 2020

https://revista.cemci.org/actualidad-informativa/186

AI186

https://revista.cemci.org/actualidad-informativa/186

actualidad-informativa

Actualidad Informativa 185 – 1 de julio de 2020

https://revista.cemci.org/actualidad-informativa/185

AI185

https://revista.cemci.org/actualidad-informativa/185

actualidad-informativa

REVISTA DIGITAL CEMCI Nº 46 abril-junio 2020

https://revista.cemci.org/numero-46/

cabeceraindice nº 46revista-cemci

https://revista.cemci.org/numero-46/

ENTREVISTA A JOAQUÍN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. CURSO: Bibliotecas Digitales

ENTREVISTA A JOAQUÍN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

CURSO: Bibliotecas Digitales

Estamos viviendo tiempos convulsos actualmente, aunque el mundo de las bibliotecas ya estaba en erupción hace mucho tiempo debido al uso de las nuevas tecnologías y a los grandes cambios en la sociedad, a los que las bibliotecas, sean del tipo que sean (especializadas o municipales) no se han visto inmunes. Nos gustaría saber su opinión acerca del futuro de estas importantes instituciones, principalmente de las bibliotecas locales y su personal:

  1. A grosso modo, y en términos generales, ¿Cómo es la situación actual de las bibliotecas municipales en cuestión de personal, infraestructuras y medios tecnológicos?

Podemos hacernos una idea muy fiable de la tendencia con el informe FESABID (2019) “Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica“, elaborado por Natalia Arroyo-Vázquez, Hilario Hernández y José-Antonio Gómez-Hernández. Pero el informe estudia el periodo 2010-2016 y, dada la situación actual que ha venido a alterar aún más la gráfica, es un tanto arriesgado aventurarse a dar una respuesta.

No obstante, durante los procesos formativos, los bibliotecarios participantes han realizado comentarios que son un buen punto de partida para la reflexión y para tomar el pulso a la situación de las bibliotecas municipales.

En cuanto al personal, suelen comentar tres elementos: la falta de personal, la eventualidad y el necesario reconocimiento de la categoría profesional. Cuando tratan el tema de las infraestructuras, distinguen dos universos cada vez más separados y desiguales como son las bibliotecas grandes y las bibliotecas locales. En cuanto al binomio bibliotecas y tecnologías, suelen estar dotadas de servicios esenciales (aunque algunas bibliotecas situadas en núcleos rurales tienen problemas con la conexión a internet); en muchos casos los equipos y materiales son heredados y están obsoletos, no se renuevan suficientemente ni el hardware ni el software.

Pese a estas carencias, me gustaría destacar que el bibliotecario es muy capaz de estar a la altura de las circunstancias.

  1. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en los municipios es la falta de acceso a internet, sobre todo en pequeños pueblos de la España vacía. ¿Cómo pueden sus bibliotecarios solventar esta complicada situación?

En efecto, se trata de una situación muy complicada que no está del todo en sus manos (más allá de convencer y mostrar a los representantes institucionales la oportunidad, a todos los niveles, que representa para estos municipios el estar conectados), sino que es responsabilidad de las instituciones y de las compañías de comunicación.

Sin embargo, la situación actual que ha provocado cambios en el hábito de trabajo y en el modo de relacionarnos, puede ser el detonante para que se mejoren estas infraestructuras. Hasta que ese cambio se haga efectivo, me consta que lo están solventando con grandes dosis de imaginación y mucho trabajo. Pero, claro, eso tiene que cambiar.

  1. ¿Qué papel desempeñan las asociaciones y redes bibliotecarias para las bibliotecas municipales?

Las asociaciones profesionales han tenido la capacidad de evolucionar e ir adaptándose a las necesidades de las bibliotecas municipales y de los profesionales que trabajan en ellas. Acompañan, escuchan y aconsejan al bibliotecario; son intermediarios en su relación con las instituciones; trabajan para mejorar los servicios ofertados en las bibliotecas y las condiciones laborales de los profesionales. Los informes y estudios que realizan son esenciales para esas mejoras, ya que fundamentan las reivindicaciones de los bibliotecarios. En cuanto a la formación, suelen ofertar propuestas actuales y efectivas, accesibles y, muy importante, de manera continuada. Son capaces de movilizar y propiciar la colaboración entre distintas instituciones y redes bibliotecarias.

Por el mismo motivo, las redes bibliotecarias desempeñan un papel muy importante. Compartir proyectos, servicios, reivindicaciones, hacer más visibles en la sociedad a los bibliotecarios y las bibliotecas, por ejemplo, son solo algunas de las ventajas de formar parte de una red bibliotecaria, de una asociación profesional.

  1. Otra cuestión interesante es la creación de bibliotecas digitales. ¿Cómo pueden formar a sus usuarios y no perderlos en el intento?

Se precisan los mismos ingredientes que para cualquier otra actuación en la biblioteca: innovación, dedicación, formación e imaginación. Procurar la sencillez y la accesibilidad, en grado máximo. Prestar atención a las necesidades de los usuarios (siempre cambiantes), a sus hábitos de consumo en sentido amplio, esto es, abrir la mirada a otros sectores de consumo, más allá del cultural y del entretenimiento.

  1. ¿Qué servicios bibliotecarios habría que crear o adaptar en estas bibliotecas digitales?

En el proceso formativo he detectado que, un buen número de instituciones, incluidos los ayuntamientos, cuentan con fondos que pueden ser de interés para los usuarios, y sin embargo, no se puede acceder a ellos. La creación de pequeñas bibliotecas digitales con estos recursos, sería una estupenda forma de rentabilizar algo que ya se tiene.

Si se trata de crear estos servicios, o adaptarlos, hay que tener en cuenta que los archivos (sea cual sea su formato) que ofrezcamos no pueden ser estáticos, sino activos e interactivos y que deben adecuarse constantemente a la forma de consumir y producir información de nuestros usuarios.

Además, no deberíamos olvidarnos de una serie de elementos y herramientas actuales que tendríamos que integrar, tanto en nuestra biblioteca digital, como en otros proyectos y servicios como son la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión 3d, la inteligencia artificial o el big data.

  1. Así mismo, como especialista nos gustaría saber cuál es su opinión en relación al futuro del libro en papel, el libro digital y su industria.

Si tomamos el Informe de Resultados de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (Federación de Gremios de Editores), en el apartado en el que se pregunta sobre el formato del último libro leído, cuando responden “en ebook”, en 2018 es un 17,2% frente a un 13,7% en 2017.

Con estos datos, parece que ambos formatos continuarán coexistiendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta nuevos factores que afectarán al sector: por ejemplo, la irrupción del audiolibro. Aunque en el estudio el porcentaje no es muy significativo, (un 0,3%), creo que aumentarán progresivamente el número de lectores de audiolibros, como parece que está ocurriendo con el número de oyentes de podcast en nuestro país.

Pienso que el libro digital y su industria, evolucionarán de manera imparable: nos hemos dado cuenta de que el teletrabajo, en muchos casos, es posible, y en este entorno el papel, casi desaparece. Otro tanto ha ocurrido con la educación y la formación en línea, que ha tenido un impulso importante, con una mayor oferta y accesibilidad. Sin embargo, en la previsible situación de crisis que se avecina, habrá que ver cómo afectará a la economía familiar el acceso digital.

Lo que está claro, a la luz de los datos, es que la industria ha de seguir innovando y adaptándose a los procesos de los cambios digitales, y que ambos formatos todavía convivirán durante un largo tiempo.

  1. Por tanto, ¿qué futuro les espera a las bibliotecas municipales?

Las bibliotecas municipales han de liderar los procesos que se avecinan. Las bibliotecas son el núcleo de referencia para las comunidades en las que se insertan y, desde ahí, pueden mejorar el acceso de los usuarios a los servicios digitales, acompañar a los lectores a través de los canales habituales y de las herramientas de comunicación en línea, guiarles y asesorarles en las propuestas formativas de alfabetización y propiciar su participación en actividades culturales. De la misma manera, pueden favorecer la digitalización de las instituciones cercanas (como los ayuntamientos)… en definitiva, acompañar al ciudadano tanto a nivel presencial, como a nivel virtual.

Eso sí, los espacios físicos tendrían que adaptarse a los nuevos servicios; se trata de potenciar la formación digital y los lugares que promuevan la cultura maker aplicada a la lectura (ReadMaker).

Pensar en el futuro puede dar vértigo, pero es prometedor… las bibliotecas tienen la capacidad de adaptarse y reinventarse, gracias a la versatilidad de los profesionales que desempeñan su labor en ellas.

  1. La profesión bibliotecaria es muy versátil, se debe saber un poco de todo, y se tiene que estar en constante formación, pero especialmente en estos momentos ¿hacia dónde debe dirigirse la formación bibliotecaria?

Efectivamente, ya he hablado de la versatilidad del bibliotecario, una cualidad esencial en los tiempos que vivimos. La formación, por ello, es muy importante, y por eso, la oferta ha de estar en continua adaptación.

Desde mi punto de vista, hay tres bloques interesantes en la formación para bibliotecarios: en primer lugar, herramientas para promover los servicios digitales; en segundo lugar, cómo crear dinamizaciones en línea sin descuidar las presenciales, es más, complementándolas en muchos casos; y en tercer lugar, cómo adaptar espacios físicos en la biblioteca para generar nuevos proyectos colaborando, mano a mano, con los usuarios.

  1. Por último, ¿qué le ha parecido el curso que ha impartido en el CEMCI? y ¿qué opina de este organismo como centro de formación del personal de la administración local?

La experiencia formativa me ha resultado muy satisfactoria, debido al interés e implicación que han mostrado los alumnos. Ha sido muy gratificante. Por otro lado, la plataforma ha funcionado muy bien y se ha revelado como una herramienta muy sencilla e intuitiva de utilizar.

El CEMCI viene desarrollando una labor muy importante y está en una muy buena posición para seguir generando una oferta de formación de calidad. Me ha sorprendido muy gratamente la variedad de temas que abordan desde sus propuestas formativas.

foto_Joaquín_Hernández

JOAQUÍN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ coordina en la actualidad programas formativos y realiza labores de docente, además de adaptar y diseñar materiales formativos, tanto para proyectos presenciales como en línea. Colabora en programas ReadMaker para las bibliotecas en la Diputación de Badajoz. Paralelamente a estas actividades continúa desarrollando proyectos web y elaborando materiales para entornos digitales.

Profesional con más de diecisiete años de experiencia de trabajo en la en Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en los Centros de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca): el Centro de Desarrollo Sociocultural (CDS) y el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas para el Medio Rural (CITA), donde ha realizado diferentes labores. Una de esas funciones era gestionar, adaptar y producir materiales digitales para las actividades y el espacio web de la biblioteca digital del CDS.”