Actualidad Informativa Nº 114

Queridos amigos,

Ya está disponible  el número 114 de la Actualidad Informativa CEMCI, con información que esperamos os resulte de interés.

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Este boletín trata de actualizar los contenidos de la Revista CEMCI, facilitando información sobre las noticias de interés para el mundo local, recogiendo las novedades legislativas, doctrinales, bibliográficas, noticias de prensa… Su periodicidad es quincenal y puede consultarse en su totalidad a través de la Revista electrónica del CEMCI.

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Entrevista con Joaquín Meseguer Yebra, Profesor del Taller: Tramitación y resolución de solicitudes de acceso a la información pública

Entrevista con Joaquín  Meseguer Yebra, Profesor del Taller: Tramitación y resolución de solicitudes de acceso a la información pública.

“El test del daño trata de garantizar que el suministro de información no genere un perjuicio mayor”

“La ley establece una serie de criterios para ponderar si debe primar el acceso o la protección de datos”

“El CEMCI es uno de los organismos punteros en la formación de empleados públicos en nuestro país”

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Breve curriculum vitae

Subdirector General de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Miembro del Grupo de trabajo de la FEMP responsable de la redacción de la Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización. Coordinador del grupo de trabajo de acceso a la información pública de la Red de Entidades por la Transparencia y la Participación Ciudadana (FEMP).

twitter: @MeseguerYebra

Joaquin Meseguer Yebra

La aplicación de las normas relativas al procedimiento de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIP), y en las leyes autonómicas de desarrollo de esta ley básica, resulta especialmente compleja y genera no pocas dudas aún no resueltas (artículos 12 a 24). Se trata de una normativa novedosa que incorpora conceptos jurídicos indeterminados y previsiones de difícil concreción, que exigen una labor interpretativa importante. Esta necesidad es especialmente acuciante en el ámbito local donde los recursos y especialización en esta materia, por razones obvias, es más acentuada.

Especialmente compleja es la interpretación de los límites al acceso a la información del artículo 14 de la LTAIP, en especial los derivados de la protección de los datos personales (artículo 15), así como de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso (artículo 18). La ley exige para dar respuesta a las solicitudes, efectuar una ponderación de intereses que no siempre resulta fácil. En esta tarea, el Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno, la Agencia Española de Protección de Datos y las instituciones autonómicas equivalentes de ambos organismos, aportan interesantes y valiosos criterios que pueden y deben ser tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo tan difícil tarea.

Este curso trata de facilitar herramientas y criterios para poder acometer esta labor.

Pregunta. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste el test del daño?

Respuesta. La Ley estatal de transparencia exige que antes de resolver una solicitud de acceso a una determinada información pública se ponderen los posibles perjuicios que podría generar ese acceso para los límites que aparecen enunciados en la propia ley (artículos 14 y 15). Se trata de garantizar que el suministro de la información no genere un perjuicio mayor para esos límites que el beneficio que resultaría de conceder el acceso a la información.

Pregunta. ¿Cuáles son los problemas prácticos más significativos en el ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos?

Respuesta. En muchos casos sigue existiendo en la Administración una «conciencia» de que la información pública es patrimonio suyo y no de los ciudadanos. Tradicionalmente la Administración ha venido actuando con una gran opacidad y la Ley estatal de transparencia viene a inaugurar una nueva etapa de apertura y de accesibilidad a la información que se genera en la gestión y prestación de los servicios públicos. En buena medida es un asunto cultural en el que nos llevan clara ventaja otros países de la órbita anglosajona y nórdica.

Por otra parte, en otros casos, la información no se gestiona de una forma eficiente (inventario, catalogación, conservación, custodia), lo que dificulta que el acceso sea rápido y sencillo.

Pregunta. Enumere los límites del derecho a la información pública.

Respuesta. Los límites están enunciados en los artículos 14 y 15 de la Ley estatal de transparencia. Uno de los más importantes es la protección de los datos personales, pero los hay muy diversos, desde la seguridad nacional hasta la protección del medio ambiente, pasando por la propiedad intelectual e industrial.

Pregunta. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de inadmisión en el procedimiento de acceso a la información pública?

Respuesta. La que se lleva la palma es la causa que permite inadmitir las solicitudes que piden una información que exige para su suministro una acción previa de reelaboración, y le sigue de cerca la relativa a información auxiliar o de apoyo.

Pregunta. ¿Cómo se equilibra el acceso a la información pública con la protección de datos personales?

Respuesta. Esta es una pregunta que no puede resolverse a priori. La ley establece una serie de criterios que, para el caso de los datos especialmente protegidos, pasa en la mayor parte de los casos por la necesidad de que el titular de los datos consienta expresamente el acceso a esa información. Con respecto a los restantes datos –salvo aquellos meramente identificativos relacionados con el trabajo que realizamos los empleados públicos en nuestras respectivas organizaciones, en que el acceso está menos sujeto a requisitos-, la ley establece una serie de criterios para ponderar si debe primar el acceso o la protección de datos. Además de estos criterios, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establecerán otros adicionales para facilitar a quien deba aplicarlos esta tarea de ponderación. 

Pregunta. ¿Considera que se han alcanzado objetivos, contenido, etc., que usted se había propuesto?

Respuesta. Sin duda. En realidad el curso ha sido una sesión intensiva de trabajo en la que profesionales de distintas administraciones locales hemos puesto sobre la mesa, y debatido problemas comunes que nos afectan en la gestión de este «nuevo» derecho en nuestro país. Creo que todos hemos aprendido mucho analizando la aún escasa doctrina y jurisprudencia sobre esta materia y trabajando sobre soluciones ponderadas y fundadas en derecho.

Pregunta. Labor en el campo formativo del CEMCi de la Diputación de Granada.

Respuesta. Llevo colaborando con CEMCI desde 2007, tanto en actividades formativas presenciales como virtuales. Mi opinión sobre la calidad de este centro de formación no puede ser mejor, así como sobre la calidad humana y profesional de todos los que trabajan en él. Hoy por hoy es uno de los organismos punteros en la formación de empleados públicos en nuestro país, con un plan formativo ambicioso que no tiene nada que envidiar a otras instituciones con mayor trayectoria y recursos. Estoy muy orgulloso de poder colaborar con vosotros y espero poder seguir contando con vuestra confianza en el futuro.

 

PREMIOS CEMCI, Tercera Edición (AÑOS 2016-2017)

Ya disponible el resultado de la evaluación efectuada por el Jurado de la III edición de los Premios CEMCI, en sesión celebrada en Granada el día 17 de abril de 2017.

 

 

Díptico frontal

Entrevista con Mª José Alonso Más, Tutora del Curso: “Responsabilidad Patrimonial de la Administración Local (V edición)”.

Entrevista con Mª José Alonso Más, Tutora del Curso: “Responsabilidad Patrimonial de la Administración Local (V edición)”.

“El proyecto de ley de contratos no introduce novedades; por lo que previsiblemente perdurarán los problemas”

“Posiblemente el daño quede determinado en la fecha de concesión de la licencia; pero en la práctica puede haber casos problemáticos”

“El diseño de la plataforma resulta muy adecuado para fomentar la participación”

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Doctora en Derecho.

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia.

Ha realizado múltiples publicaciones sobre la materia y tiene una larga trayectoria formativa para profesionales de la Administración local.

Alonso Más, Mª José

Pregunta: ¿Cuáles son las principales reformas que introduce la ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

Respuesta: La Ley 39/15 no introduce prácticamente novedades en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. El problema no obstante está en que se deroga el Reglamento y la Ley no pormenoriza los trámites a seguir; lo que plantea por ejemplo problemas prácticos en torno a la admisión a trámite de la solicitud, considerando lo que indica el art. 1-2 (todos los trámites deben estar previstos en una norma con rango de ley). Sí se aporta alguna novedad en cuanto al procedimiento simplificado del art. 96, por ejemplo en cuanto al plazo de emisión del dictamen; si bien tampoco son novedades de calado. Sigue sin regularse debidamente la posición del contratista y de la aseguradora en el procedimiento. El proyecto de ley de contratos no introduce novedades cuando existe contratista interpuesto; por lo que previsiblemente perdurarán los problemas interpretativos existentes.

Pregunta:¿Y la ley 40/2015?

Respuesta: La Ley 40/15 introduce alguna novedad más; no sólo la actualización de la indemnización al índice de garantía de la competitividad, sino también en cuanto a la responsabilidad del Estado legislador. Ahora bien, ésta ahora se confunde con la responsabilidad del Estado juez, ya que se exige como requisito indispensable que se haya dictado sentencia firme desestimatoria que haya rechazado elevar cuestión de inconstitucionalidad o cuestión prejudicial. La nueva regulación puede ser contraria a la efectividad del Derecho de la Unión cuando la ley de que deriva el daño sea finalmente declarada contraria a éste. Además puede ir contra el principio de equivalencia, ya que la violación suficientemente caracterizada no se exige cuando se trata de responsabilidad derivada de leyes inconstitucionales.

Pregunta: A su juicio ¿Cómo valoraría el artículo 4, apartado 1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de la ley de suelo y rehabilitación urbana?

Respuesta: En relación con las aseguradoras, se plantea sobre todo el problema de su legitimación activa para impugnar los actos estimatorios de una reclamación de responsabilidad patrimonial. La jurisprudencia es contradictoria, porque la relación entre Administración y aseguradora es un contrato privado; de forma que aquélla no puede ejercitar sus potestades públicas sobre la aseguradora y por tanto la resolución estimatoria sólo afecta a ésta indirectamente, y su responsabilidad sólo puede exigirse en vía judicial civil. Pero tengamos en cuenta la prejudicialidad administrativa del art. 42-3 LEC, que comporta que, salvo que el contrato del seguro establezca límites, como franquicias, el juez civil debe tener en cuenta la resolución estimatoria y partir de ella.

Pregunta: ¿Cómo se podrían atajar los problemas generados por la Demora Injustificada?

Respuesta: En cuanto a la responsabilidad derivada de actos urbanísticos, desde la Ley 8/2007 no puede siempre exigirse la patrimonialización del aprovechamiento para que exista derecho a indemnización, ya que los arts. 38 y 39 indemnizan también casos en que no se ha patrimonializado el aprovechamiento. También se plantean por ejemplo problemas en relación con la indemnización por ocupación directa; ya que algunas sentencias consideran que se trata de un caso de responsabilidad y otras afirman que estamos ante el enriquecimiento injusto. En todo caso, cuando la responsabilidad derive del incumplimiento de un convenio urbanístico, será contractual; lo que tiene consecuencias en cuanto a los plazos de prescripción. En relación con esto último, también se plantean problemas en caso de demora injustificada en el otorgamiento de las licencias, en relación con el dies a quo: ¿Desde cuándo queda determinado el daño y por tanto puede ejercitarse la acción en estos casos? Posiblemente el daño quede determinado en la fecha de concesión de la licencia; pero en la práctica puede haber casos problemáticos.

Pregunta: ¿Considera que se han alcanzado objetivos, contenido…, que usted se había propuesto? Enjuicie la labor en el campo formativo del CEMCI de la Diputación de Granada.

Respuesta: Muy positiva en esta edición, debido al alto grado de participación del alumnado, su interés y, en general, su más que adecuado nivel de formación. El diseño de la plataforma informática resulta muy adecuado para fomentar dicha participación.

 

 

Actualidad Informativa Nº 112

Queridos amigos,

Ya está disponible  el número 112 de la Actualidad Informativa CEMCI, con información que esperamos os resulte de interés.

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Actualidad Informativa nº 111

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Actividades formativas del segundo trimestre de 2017

Ya puedes consultar nuestras actividades formativas del segundo trimestre de 2017.

http://www.cemci.org/actividades-formativas?titulo=&programa_formativo=0&horas_min=&horas_max=&mes_inicio=01&agno_inicio=2017&mes_final=12&agno_final=2017&tipo=T&buscar=1

Actualidad informativa nº 109

Queridos amigos,

Ya está disponible el número 109 de la Actualidad Informativa CEMCI, de 1 de febrero de 2017, con información que esperamos os resulte de interés.

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Revista Digital CEMCI número 32

Queridos amigos y amigas.

En esta entrada queremos compartir con vosotros el número 32 de la Revista CEMCI, correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2016. Esperamos que sea de tu agrado.

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Actualidad Informativa nº 108

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Ya está disponible  el número 108 de la Actualidad Informativa CEMCI, con información que esperamos os resulte de interés.

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